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Democracia deliberativa

1. Introducción: el giro deliberativo en la teoría democrática

La teoría democrática ha dado, en las últimas décadas, un «giro deliberativo» que ha convertido a la democracia deliberativa en un paradigma cada vez más dominante . Sin embargo, debido precisamente a su atractivo para tradiciones intelectuales muy variadas —entre ellas el constitucionalismo, el liberalismo, el republicanismo cívico, la democracia radical y el pragmatismo—, la democracia deliberativa dista mucho de constituir una teoría unificada . Más que ofrecer una concepción única y coherente, engloba una pluralidad de interpretaciones y planteamientos, cada uno de los cuales es objeto continuo de debate, refinamiento y desarrollo .

El núcleo de la idea de democracia deliberativa es una concepción particular de la legitimidad política: las leyes legítimas surgen de la deliberación pública entre ciudadanos iguales . Como señala Gutmann, «el ejercicio legítimo de la autoridad política requiere justificación ante las personas que están sujetas a ella, y la toma de decisiones mediante la deliberación entre ciudadanos libres e iguales es la justificación más plausible que puede ofrecerse para la resolución provisional de cuestiones controvertidas» . La deliberación pública inclusiva contribuye a la legitimidad democrática al permitir que los ciudadanos acepten al menos como razonables las leyes y políticas a las que están sujetos en vez de considerarlas meros productos de la coerción. Cuando los ciudadanos justifican mutuamente el poder político que ejercen los unos sobre los otros, pueden llegar a verse como participantes en pie de igualdad en un proyecto compartido de autogobierno democrático. La idea de justificación mutua pone de manifiesto la conexión interna entre la deliberación pública y el ideal democrático de autogobierno colectivo. Es este criterio de justificación pública el que distingue a la democracia deliberativa tanto de los modelos puramente agregativos como de los modelos puramente epistémicos de legitimidad democrática.

Según las concepciones puramente agregativas de la democracia, la legitimidad de las decisiones políticas se deriva de la equidad de los procedimientos de decisión tales como la regla de la mayoría, que garantizan que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para influir en los resultados y, de este modo, sean tratados como iguales desde el punto de vista político. Desde esta perspectiva, la legitimidad descansa en el ejercicio del poder mediante procedimientos que otorgan el mismo peso a todas las preferencias y opiniones . Los demócratas deliberativos, por el contrario, rechazan la idea de que todas las opiniones y preferencias merezcan la misma consideración con independencia de cuán injustas, mal informadas o manipuladas puedan ser. Sostienen que la legitimidad depende no solo de la igualdad del derecho al voto, sino también de la calidad de las razones y consideraciones que inspiran las decisiones políticas. Para los demócratas deliberativos, lo que legitima las decisiones colectivas es la fuerza de los mejores argumentos —y no meramente el peso de los números. La legitimidad está internamente vinculada a la calidad del proceso deliberativo que precede a la adopción de decisiones colectivas.

Al vincular la legitimidad a la calidad del proceso deliberativo que precede a la toma de decisiones, esta concepción abre un espacio para que las minorías puedan cuestionar el dominio de la mayoría. Incluso cuando son derrotadas en una votación, las minorías pueden impugnar la opinión pública dominante mostrando que sus contrapropuestas están respaldadas por mejores razones y, de este modo, mantener la esperanza de que «la fuerza del mejor argumento» termine transformando la opinión pública, de manera que un número suficiente de conciudadanos cambie de parecer y llegue a respaldar las propuestas que tales razones favorecen.

El criterio de justificación pública de la legitimidad también distingue a las concepciones deliberativas de las teorías puramente epistémicas de la democracia. Los demócratas epistémicos sostienen que la legitimidad de las decisiones democráticas deriva del hecho de que la deliberación pública permite a los participantes descubrir las mejores respuestas a las cuestiones políticas —o, como suele decirse, rastrear la verdad. Los demócratas deliberativos, sin embargo, consideran que esto es insuficiente. Para ellos, el objetivo de la deliberación política no es simplemente averiguar cuáles son las mejores respuestas según unos u otros, sino identificar decisiones que puedan justificarse públicamente ante quienes están sujetos a ellas.

Desde esta perspectiva, la legitimidad exige que las políticas sean justificables en términos que todos los ciudadanos razonables puedan aceptar, de modo que los individuos obedezcan no por mera coerción, sino porque reconocen al menos como razonables las razones que subyacen a la decisión, aunque en su opinión no sean las ideales o las mejores. La democracia deliberativa no es ni el gobierno de la opinión verdadera según unos u otros —como en las concepciones puramente epistémicas—, ni el gobierno de la opinión pública del momento —como en las concepciones puramente agregativas—. Es el gobierno de la opinión pública ponderada .

La distinción entre concepciones puramente epistémicas y deliberativas de la democracia es sutil, puesto que ambas entienden la deliberación como una forma de razonamiento válido guiado por estándares epistémicos tales como la búsqueda de la verdad, la justificación, el acceso a la información y la evitación del error. Sin embargo, mientras que estos estándares son los únicos relevantes en la búsqueda de la opinión verdadera, cuando el objetivo es alcanzar una opinión pública ponderada, la deliberación debe hacer algo más que producir juicios informados o correctos: debe también estar atenta a los intereses, valores y perspectivas de quienes estarán sujetos a las decisiones en cuestión.

Entendidas en este sentido, las opiniones ponderadas de los ciudadanos no son meros reflejos atinados de los hechos relevantes; deben además ser sensibles a la pluralidad de preocupaciones y puntos de vista de sus conciudadanos. Dado que las decisiones políticas son colectivas y coercitivas, la legitimidad exige que las justificaciones de los ciudadanos estén en consonancia con la diversidad de preocupaciones, opiniones, actitudes, intereses y valores del resto de los ciudadanos. Mientras que, para la búsqueda de opiniones «verdaderas», los ciudadanos pueden elegir sus interlocutores deliberativos en función de sus credenciales epistémicas, cuando el objetivo es justificar sus opiniones ante sus conciudadanos deben tener en cuenta los planteamientos cognitivos de estos últimos. Pues los ciudadanos no deben justificaciones sólo a (quienes consideren que son) sus pares epistémicos, sino a todos aquellos sobre los que se ejerce coerción colectiva. Por ello, más allá de la formación de sus propios juicios, los ciudadanos comparten el objetivo de influir en la opinión pública fáctica persuadiendo al mayor número posible de ciudadanos para que respalden sus puntos de vista, de modo que puedan convertirse en opinión pública ponderada. La opinión pública ponderada tiene, por tanto, no solo peso epistémico, sino también relevancia democrática. No es simplemente una opinión más informada o más precisa que otras, sino una expresión adecuadamente inclusiva y deliberativa del razonamiento colectivo de la ciudadanía. Refleja lo que una comunidad política puede aceptar razonablemente en un momento histórico dado —habida cuenta de las creencias de fondo, intereses, valores y preocupaciones de sus miembros— y proporciona así una base legítima para las decisiones colectivas, incluso a ojos de quienes puedan discrepar del resultado en cada caso concreto .

Para cumplir su función legitimadora, la deliberación pública debe satisfacer estándares normativos bastante exigentes. Aunque los demócratas deliberativos discrepan en la forma de definir dichos estándares, existe un amplio acuerdo en torno a un principio central: la deliberación pública solo puede conferir legitimidad a las decisiones políticas en la medida en que esté guiada por la calidad de las razones ofrecidas —lo que Habermas célebremente denominó «la fuerza del mejor argumento»— y no por la coerción, por la manipulación o por motivos meramente autointeresados. Además, la deliberación ha de estar basada en el respeto mutuo y estructurada de manera que garantice un grado adecuado de inclusión. Solo entonces puede responder genuinamente a la diversidad de preocupaciones, intereses, valores y perspectivas de todos los ciudadanos.

Las primeras formulaciones de la democracia deliberativa solían apelar a estándares de legitimidad excesivamente exigentes e idealizados . El uso de expresiones como la «aceptación bajo las condiciones de una situación ideal de habla» de Habermas o «la fueza del mejor argumento» daba a entender que el consenso racional era el único resultado legítimo de la deliberación pública. Esto suscitó el problema de que prácticas democráticas habituales —como la toma de decisiones basadas en la mayoría, el compromiso, la negociación o el regateo— parecían quedar excluidas por ilegítimas. De modo similar, estas formulaciones parecían restringir la deliberación a sopesar argumentos abstractos en un discurso racional, excluyendo así la dimensión afectiva de los testimonios en primera persona, la narración emocional y otras formas expresivas de comunicación . Estas formulaciones iniciales también parecerían excluir como ilegítimas acciones políticas de confrontación, como las huelgas, las sentadas o las manifestaciones .

Por desgracia, con independencia del grado de sofisticación o matización que alcancen las teorías de la democracia deliberativa, es obvio que la deliberación política en la esfera pública de las sociedades democráticas contemporáneas está muy lejos de satisfacer los estándares que tal democracia exige. En casi todas las dimensiones relevantes —como la inclusión, la diversidad, el acceso a información fiable y equilibrada, la independencia, la imparcialidad y la orientación hacia el bien común—, las condiciones en las que tiene lugar la mayor parte del discurso público no solo son inadecuadas, sino que con frecuencia se oponen directamente a los ideales deliberativos. El debate público está a menudo dominado por poderosos actores políticos cuyos intereses divergen marcadamente de los de la población en general, pero que ejercen una influencia desproporcionada sobre la opinión pública. El desarrollo de las plataformas de redes sociales y su problemático modelo de negocio (que maximiza la permanencia en las redes, no la precisión de su contenido) han provocado un aumento preocupante de la desinformación, la información errónea y la polarización, que amenaza la posibilidad de mantener una esfera pública inclusiva. Desde esta perspectiva, la legitimidad exige que las políticas sean justificables en términos que todos los ciudadanos razonables puedan aceptar, de modo que los individuos obedezcan no por mera coerción, sino porque reconocen al menos como razonables las razones que subyacen a la decisión, aunque en su opinión no sean las ideales o las mejores. La democracia deliberativa no es ni el gobierno de la opinión verdadera según unos u otros —como en las concepciones puramente epistémicas—, ni el gobierno de la opinión pública del momento —como en las concepciones puramente agregativas—. Es el gobierno de la opinión pública ponderada . La distinción entre concepciones puramente epistémicas y deliberativas de la democracia es sutil, puesto que ambas entienden la deliberación como una forma de razonamiento válido guiado por estándares epistémicos tales como la búsqueda de la verdad, la justificación, el acceso a la información y la evitación del error. Sin embargo, mientras que estos estándares son los únicos relevantes en la búsqueda de la opinión verdadera, cuando el objetivo es alcanzar una opinión pública ponderada, la deliberación debe hacer algo más que producir juicios informados o correctos: debe también estar atenta a los intereses, valores y perspectivas de quienes estarán sujetos a las decisiones en cuestión.

En su obra posterior, Habermas desarrolló de hecho una concepción de la deliberación ciudadana en la esfera pública muy distinta del modelo cara a cara de un seminario de filosofía idealizado que sugerían sus primeras formulaciones. Por el contrario, para él la deliberación en la esfera pública adopta la forma de redes informales y no reguladas por
las que fluyen corrientes «indomables» de comunicación . En Entre hechos y normas ofreció asimismo un análisis exhaustivo de las condiciones de legitimidad de procesos de toma de decisión política como el compromiso, el regateo, la negociación, etc. No obstante, las críticas a los primeros modelos idealizados han resultado fructíferas para una nueva generación de teóricos de la deliberación que ha tratado de refinar los estándares normativos de la deliberación de maneras más matizadas e inclusivas. Estos desarrollos se han producido no solo en el plano teórico, mediante numerosos refinamientos conceptuales (Mansbridge et al. 2010; Morrell 2010; Warren y Mansbridge 2013; Neblo 2015; Lafont 2019) , sino también en el plano práctico, gracias a planteamientos metodológicos orientados a operacionalizar los estándares deliberativos para evaluar procesos deliberativos reales en contextos políticos variados . Estas concepciones más recientes de la democracia deliberativa no deben entenderse como meras concesiones pragmáticas a la realidad no ideal de la política. Lo que ofrecen es una articulación del ideal deliberativo más atenta a la pluralidad y complejidad contextual y, por ello, resultan empíricamente útiles para evaluar y mejorar los procesos deliberativos en el mundo real .
Por desgracia, con independencia del grado de sofisticación o matización que alcancen las teorías de la democracia deliberativa, es obvio que la deliberación política en la esfera pública de las sociedades democráticas contemporáneas está muy lejos de satisfacer los
estándares que tal democracia exige. En casi todas las dimensiones relevantes —como la inclusión, la diversidad, el acceso a información fiable y equilibrada, la independencia, la imparcialidad y la orientación hacia el bien común—, las condiciones en las que tiene lugar la mayor parte del discurso público no solo son inadecuadas, sino que con frecuencia se oponen directamente a los ideales deliberativos. El debate público está a menudo dominado por poderosos actores políticos cuyos intereses divergen marcadamente de los de la población en general, pero que ejercen una influencia desproporcionada sobre la opinión pública. El desarrollo de las plataformas de redes sociales y su problemático modelo de negocio (que maximiza la permanencia en las redes, no la precisión de su contenido) han provocado un aumento preocupante de la desinformación, la información errónea y la polarización, que amenaza la posibilidad de mantener una esfera pública inclusiva . En un entorno así, los ciudadanos carecen de las condiciones necesarias para hacerse un juicio ponderado sobre cuestiones políticas controvertidas. En consecuencia, incluso cuando las instituciones democráticas responden a la opinión pública, lo hacen a lo sumo a las opiniones que de hecho mantiene la ciudadanía, no a sus opiniones ponderadas. Muchos ciudadanos no disponen si quiera de una oportunidad real para descubrir cuáles serían sus opiniones ponderadas si estuvieran adecuadamente informados y pudieran participar en una deliberación abierta y respetuosa con conciudadanos que sostienen perspectivas, valores e intereses distintos.

Si los procesos de formación de la opinión y la voluntad política en los que participan los ciudadanos son tan profundamente defectuosos —tanto desde el punto de vista epistémico como democrático— como parece ser el caso, entonces los actores y las instituciones políticas carecen de medios adecuados para identificar la opinión pública ponderada, tal como exige el ideal de la democracia deliberativa. Las encuestas de opinión captan opiniones poco reflexivas, mal informadas y a menudo manipuladas que, sin embargo, ejercen una poderosa influencia sobre el comportamiento político y la toma de decisiones. Este dilema ha alimentado, en las últimas décadas, el creciente interés de los demócratas deliberativos por los minipúblicos deliberativos. A diferencia de las encuestas de opinión convencionales, que simplemente reflejan la degradación del discurso político en la esfera pública, los minipúblicos —a través procesos microdeliberativos cuidadosamente estructurados— ofrecen un atisbo de cómo sería la
opinión pública ponderada en condiciones deliberativas más favorables. Esta capacidad para diseñar, organizar y experimentar con foros deliberativos —y los resultados claramente prometedores que muchos de estos experimentos han producido— ha dado lugar a un giro decisivo en este campo de investigación. De hecho, la democracia deliberativa ha pasado a identificarse cada vez más con los minipúblicos deliberativos.

Mientras que las formulaciones fundacionales de la democracia deliberativa desarrolladas en los ochenta y en los noventa —por pensadores como Habermas , Rawls , Cohen , Elster y Manin — ponían el acento en la relación entre la deliberación política en la esfera pública y las instituciones políticas de los Estados democráticos, la investigación ha experimentado desde entonces un «giro microdeliberativo». Cada vez más autores han concentrado su atención casi exclusivamente en la teorización, el diseño, la observación y la organización de
minipúblicos deliberativos como expresiones concretas de los ideales deliberativos. Este giro ha generado una preocupación comprensible, a saber: que, en la práctica, los demócratas deliberativos parecen haber «abandonado la democracia de masas». Pero hay una razón subyacente que explica el giro hacia los minipúblicos deliberativos.

2. El giro microdeliberativo dentro de la democracia deliberativa

Los minipúblicos deliberativos se han desarrollado a lo largo de las últimas décadas en varias oleadas. En los años setenta, Ned Crosby desarrolló en Estados Unidos los jurados ciudadanos (Crosby y Nethercut 2005), y de manera simultánea Peter Dienel puso en marcha en Alemania las células de planificación (Dienel 1999). En los años ochenta se introdujeron en Dinamarca las conferencias de consenso (Joss 1998), y James Fishkin desarrolló en Estados Unidos las encuestas deliberativas (Fishkin 1999, 2025). En la primera década de este siglo se pusieron en marcha las asambleas ciudadanas en la Columbia Británica (2004), Ontario (2006) y los Países Bajos (2006) para debatir propuestas de reforma electoral (Warren y Pearse 2008). Estas iniciativas sirvieron de modelo para asambleas posteriores con mandatos más amplios, como la reciente Asamblea Ciudadana de Irlanda (2016-2018), que emitió informes sobre diversos temas, algunos de ellos de naturaleza constitucional (Farrell y Suiter 2019). A partir de 2010, la organización de este tipo de espacios de deliberación ciudadana se ha multiplicado de forma exponencial en todo el mundo (OCDE 2020).

Estas innovaciones institucionales proporcionan espacios para la deliberación cara a cara de alta calidad, en los que participantes aleatoriamente seleccionados, que por sí mismos nunca habrían interactuado, reciben información equilibrada sobre un tema, se exponen a una variedad de perspectivas sociales relevantes y tienen la oportunidad de sopesar las razones y consideraciones «a favor y en contra» de políticas concretas mediante discusiones grupales arbitradas por un moderador, antes de formarse un juicio ponderado sobre las mismas.

Más allá de estas características básicas, los distintos tipos de minipúblicos difieren en aspectos tales como el procedimiento de selección (puramente aleatorio o muestreo aleatorio estratificado), el número de participantes (de 10 a 200), el tiempo en que se reúnen (puede oscilar entre unos pocos días o varios fines de semana a lo largo de un año) y el resultado esperado del proceso (opiniones individuales, recomendaciones o decisiones colectivas). Tras la experiencia deliberativa, se pide a los participantes que emitan una recomendación o, como ocurre en el caso de las encuestas deliberativas, que expresen sus opiniones tras la deliberación sobre las políticas en cuestión, de modo que puedan compararse con sus opiniones previas. Como sostiene Fishkin, estas opiniones postdeliberativas representan lo que el público pensaría si los ciudadanos estuvieran mejor informados y tuvieran la oportunidad de reflexionar y deliberar con otros en un entorno abierto y equitativo. «La encuesta deliberativa», escribe, «ofrece una base sólida para representar los juicios ponderados de la ciudadanía» (Fishkin 2011, 28).

Teniendo en cuenta el alto significado democrático que las concepciones deliberativas de la democracia otorgan a la opinión pública ponderada, resulta fácil entender por qué los minipúblicos han captado la atención de los demócratas deliberativos. Estas instituciones parecen combinar precisamente el filtro deliberativo y el espejo democrático que el ideal deliberativo de autogobierno requiere. Desafortunadamente, esta combinación solo puede lograrse en contextos experimentales cuidadosamente diseñados: entornos en los que pequeños grupos de ciudadanos seleccionados aleatoriamente disponen de oportunidades reales para una deliberación informada, cara a cara y en profundidad. Esto resulta evidente si comparamos la calidad epistémica y democrática de los procesos microdeliberativos que tienen lugar en los minipúblicos con la de los procesos macrodeliberativos que tienen lugar en la esfera pública en general. En síntesis, las diferencias más importantes son las siguientes:

El muestreo aleatorio estratificado garantiza diversidad e inclusión, en particular la presencia y la voz de grupos sociales marginados. De este modo, los minipúblicos suelen ser más representativos que la mayoría de los foros políticos a los que tiene acceso la ciudadanía en general, los cuales tienden a estar dominados por intereses poderosos o bien organizados. Este desequilibrio resulta especialmente patente en la esfera pública.
La selección aleatoria de ciudadanos ordinarios protege a los minipúblicos de la instrumentalización por parte de los políticos o la cooptación por grupos de interés organizados. Fomenta la independencia política y la imparcialidad de los participantes, incrementando la probabilidad de que la deliberación se oriente hacia el bien público en lugar de hacia ventajas privadas.
La provisión de información equilibrada, combinada con la orientación que aportan moderadores bien formados, favorece la deliberación cooperativa. Estos moderadores ayudan a los participantes a sopesar propuestas y perspectivas contrapuestas, evitan que unos pocos dominen la discusión o desvíen el debate y permiten con ello que el grupo alcance juicios ponderados sobre los asuntos en cuestión.

Consideradas en conjunto, estas características ponen de relieve una tensión central en la teoría de la democracia deliberativa entre la deliberación y la participación de masas. Evidentemente, es mucho más sencillo satisfacer las condiciones básicas de una deliberación de alta calidad —escucha atenta, implicación crítica, respeto mutuo y discusión informada— en grupos pequeños y cara a cara que en foros públicos de gran escala. En grupos reducidos, los participantes pueden comprometerse plenamente a obtener la información relevante, escuchar puntos de vista contrapuestos, cuestionarlos cuando sea necesario y llegar a conclusiones bien fundamentadas. Por el contrario, a medida que la participación se amplía, la viabilidad de ofrecer a todos las mismas oportunidades para hablar, escuchar, preguntar y deliberar de manera significativa, disminuye rápidamente. Además, si a esto se añaden otros criterios centrales para la deliberación política en particular —como la imparcialidad, la sinceridad y la ausencia de manipulación—, la calidad de la deliberación puede deteriorarse a medida que aumenta su carácter público. Cuanto más aislada esté la deliberación de presiones externas —como intereses sectarios, el espectáculo mediático o el comportamiento estratégico—, mayor será la probabilidad de que los participantes se sometan a la fuerza del mejor argumento en lugar de a incentivos externos o a la mera coerción (Chambers 2005).

Dado que los demócratas deliberativos vinculan directamente la legitimidad de las decisiones políticas a la calidad de la deliberación, mejorar dicha calidad es un objetivo irrenunciable. Sin embargo, si aceptamos que la calidad deliberativa disminuye a medida que se amplía la participación, podríamos vernos obligados a elegir entre una deliberación sin participación o una participación sin deliberación. En tal escenario, los demócratas deliberativos podrían verse forzados a restarle valor a la participación inclusiva y favorecer una deliberación de mayor calidad. Estas consideraciones han llevado a muchos demócratas deliberativos a considerar la proliferación de minipúblicos como la alternativa más realista para realizar el ideal de la democracia deliberativa (Fung 2007, 159; Fishkin 2018).

Esta postura plantea, no obstante, varias dificultades. Desde una perspectiva normativa, la microdeliberación entre un número reducido de ciudadanos seleccionados al azar no puede, por sí sola, satisfacer el criterio de legitimidad que defienden los demócratas deliberativos. Lo que hace que la deliberación en los minipúblicos sea tan atractiva es que ofrece una instantánea de cómo podría ser la opinión pública ponderada en una comunidad política determinada en un momento concreto. En el mejor de los casos, las opiniones postdeliberativas de los participantes en minipúblicos reflejan el tipo de juicios que la mayoría de los ciudadanos podría llegar razonablemente a sostener —dadas sus creencias, intereses y valores existentes— si dispusiera de oportunidades deliberativas similares. Sin embargo, y esto es crucial, los minipúblicos no proporcionan ningún camino para transformar la opinión de las masas. Muestran lo que es posible, pero no cómo alcanzarlo. Si, como sostienen los demócratas deliberativos, el ejercicio legítimo de la autoridad política depende de que las decisiones puedan justificarse ante todos aquellos que están sujetos a las mismas, entonces apelar únicamente a los juicios de un pequeño grupo deliberativo es obviamente insuficiente. Justificar decisiones sólo ante un subconjunto (diminuto) de ciudadanos, por muy bien informados o reflexivos que sean, no puede satisfacer este criterio de legitimidad. Para hacerlo, los juicios ponderados de los minipúblicos tienen primero que convertirse en la opinión pública ponderada, es decir, en las opiniones reflexivas del conjunto más amplio de la ciudadanía. Y esta transformación requiere del conflicto político, la contestación pública y el aprendizaje mutuo en el conjunto de la sociedad. Sin este proceso comunicativo más amplio, los minipúblicos deliberativos no pueden por sí solos cumplir el ideal democrático (Lafont 2015, 2019). Por esa razón, la democracia deliberativa sigue siendo incompatible, en sus aspectos centrales, con una perspectiva exclusivamente microdeliberativa. Aunque los minipúblicos son instrumentos valiosos, no pueden sustituir el arduo trabajo de cultivar la deliberación en el conjunto de la sociedad. Los demócratas deliberativos no pueden abandonar la democracia de masas. De hecho, varios desarrollos recientes han llevado a los demócratas deliberativos a reorientar su atención hacia las instituciones de las democracias de masas.

3. El retorno de la democracia deliberativa a la democracia de masas

Sin abandonar la perspectiva microdeliberativa, los demócratas deliberativos están volviendo cada vez más a la ambición original de la democracia deliberativa de ofrecer una teoría democrática en sentido pleno: una teoría que se toma en serio las instituciones centrales de la democracia de masas para promover una sociedad más deliberativa. Esta orientación renovada ha dado lugar a tres desarrollos destacados dentro del paradigma deliberativo: el giro sistémico, que concibe la deliberación política como un fenómeno que tiene lugar a través de una red de espacios interconectados y no en foros aislados; los intentos de escalar la deliberación a la democracia de masas (Niemeyer 2014), cada vez más mediante el uso y desarrollo de herramientas digitales y de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial; y las propuestas para institucionalizar los minipúblicos de manera más permanente dentro de los sistemas políticos formales, con el fin de reforzar su influencia y su capacidad decisoria.

3.1. El giro “sistémico” de la democracia deliberativa

El planteamiento en términos de sistemas deliberativos ofrece un marco teórico desde el que comprender la democracia a gran escala (Parkinson y Mansbridge 2012). A diferencia de los modelos microdeliberativos, que se centran en conversaciones cara a cara dentro de un único foro —como los minipúblicos deliberativos que reúnen a un grupo concreto de participantes en un contexto definido durante un periodo determinado—, el planteamiento sistémico concibe la deliberación de masas como un conjunto complejo, disperso e interconectado de procesos comunicativos. Estos procesos ocurren simultáneamente en una amplia variedad de espacios, que incluyen instituciones formales como parlamentos y tribunales, así como ámbitos informales tales como asociaciones privadas, plataformas mediáticas, organizaciones de defensa, movimientos sociales, etc. Cada uno de estos espacios opera conforme a dinámicas y normas discursivas propias, pero interactúan de maneras que se influyen mutuamente, posibilitando una división del trabajo deliberativo.
Desde la perspectiva sistémica, la legitimidad de las decisiones políticas no puede evaluarse únicamente atendiendo a la calidad epistémica o democrática de la deliberación en un foro aislado. Más bien, la legitimidad emerge de un ecosistema comunicativo más amplio a través del cual la opinión pública se forma y se transforma a lo largo del tiempo.
Esto incluye una gran diversidad de prácticas discursivas: desde las conversaciones políticas cotidianas en torno a la mesa de la cocina, hasta los debates públicos entre candidatos electorales, las protestas y manifestaciones de los movimientos sociales, los actos de desobediencia civil como sentadas y huelgas, los artículos de opinión sobre cuestiones polémicas publicados en periódicos y medios generalistas, y así sucesivamente. Dado que todas estas prácticas contribuyen —directa o indirectamente— a la formación a lo largo del tiempo de la opinión pública y de la voluntad colectiva respecto de decisiones políticas controvertidas, deben incluirse en la evaluación de la calidad deliberativa en la toma de decisiones democráticas a nivel sistémico.
El giro sistémico en la democracia deliberativa ha ganado un atractivo considerable en los últimos años, en gran medida porque ofrece un marco más realista para comprender cómo se desarrollan los procesos discursivos a lo largo del tiempo en los complejos entornos del mundo real. En este sentido, constituye un desarrollo estimulante y prometedor. Sin embargo, con la ampliación del campo de análisis llega un aumento correlativo de la complejidad, que introduce numerosos desafíos conceptuales y metodológicos (Parkinson 2018; Elstub et al. 2019). Una cuestión fundamental es si tiene sentido hablar de un sistema deliberativo en singular. Y, si lo tiene, ¿cómo identificar y demarcar un sistema deliberativo concreto, distinguiéndolo de otros? Aún no se ha ofrecido una respuesta clara a esta pregunta. De manera análoga, los autores que adoptan el planteamiento de sistemas siguen divididos respecto de cómo conceptualizar mejor las relaciones entre los diversos espacios que componen un sistema de este tipo. ¿Deben entenderse mediante modelos de red, modelos secuenciales o desde un marco totalmente diferente? Como señala Parkinson (2018), cada uno de estos planteamientos tiene sus propias limitaciones. Los modelos de red, aunque útiles para identificar conexiones entre actores e instituciones, a menudo no captan procesos dinámicos ni desplazamientos temporales. Los modelos secuenciales, por el contrario, son más adecuados para rastrear procesos a lo largo del tiempo, pero tienden a pasar por alto
actores periféricos y ámbitos informales que los modelos de red sí ponen de relieve (Parkinson 2018, 438–439). Una cuestión vinculada a esta es cómo evaluar la calidad deliberativa dentro de un marco sistémico. ¿Debe entenderse como una propiedad presente o ausente en cada componente individual, o más bien como una cualidad distribuida (Goodin 2008) y emergente del sistema en su conjunto? Las dificultades para responder a esta pregunta ponen de manifiesto tanto las ventajas como las debilidades del planteamiento sistémico.
Aunque este planteamiento amplía el campo de análisis para incluir una variedad más amplia de formas comunicativas y de foros —cada uno con las ventajas y las capacidades deliberativas que le son propias—, también complica la evaluación normativa. Mansbridge et al. articulan la intuición central de la perspectiva sistémica en términos de complementariedad y desplazamiento: «Partes de un sistema pueden mantener relaciones de complementariedad o de desplazamiento. En una relación complementaria, dos males pueden producir un bien. Entre dos espacios, ambos con deficiencias deliberativas, uno puede compensar las deficiencias del otro. Así, una institución que, considerada en sí misma, parece deliberativamente defectuosa, puede aparecer como beneficiosa desde una perspectiva sistémica. Inversamente, una institución que, considerada en sí misma, parece deliberativamente ejemplar, como un minipúblico bien diseñado, puede parecer menos beneficiosa desde una perspectiva sistémica cuando desplaza a otras instituciones deliberativas útiles, como las instituciones partidistas o los movimientos sociales» (Mansbridge et al., 2012, 3). Con todo, esta perspectiva más amplia y holística también plantea problemas normativos importantes. Como han señalado los críticos, el planteamiento sistémico podría llegar a juzgar un sistema como «deliberativo» incluso cuando apenas tiene lugar, o no tiene lugar en absoluto, deliberación efectiva alguna entre los ciudadanos (Owen y Smith 2015, 218). Además, si
la calidad deliberativa se entiende exclusivamente como un resultado sistémico, hay pocos incentivos o razones para mejorar los estándares deliberativos de los foros particulares. Aunque una concepción así podría ser defendible dentro de otras teorías democráticas, parece directamente incompatible con el compromiso deliberativo de la justificación mutua, central para la concepción deliberativa de la legitimidad política.
Es demasiado pronto para determinar cómo se desarrollarán los debates en curso sobre estas cuestiones fundamentales, o cuáles serán en último término los contornos precisos de un planteamiento «sistémico» acerca de la democracia deliberativa. Aunque no todos los demócratas deliberativos suscriben el giro sistémico en el sentido metodológico estricto asociado a la teoría de sistemas, este desplazamiento ha resultado, con todo,
muy valioso para reorientar la atención hacia el paisaje institucional más amplio de la democracia de masas, con su pluralidad de espacios deliberativos, actores e instituciones. Como observan Elstub et al. (2019), este giro ha «llevado a la democracia deliberativa a cerrar el círculo y regresar a sus orígenes».

3.2. Escalar la deliberación hacia los públicos de masas

Otro desarrollo clave que ha contribuido a desplazar la atención desde la (micro)deliberación en minipúblicos hacia la (macro)deliberación en la esfera pública más amplia es el rápido auge de las tecnologías digitales; en particular de las plataformas de redes sociales e innovaciones como la inteligencia artificial. Si bien estas herramientas han mejorado ciertamente el acceso a la información y al debate público, también han acelerado de manera significativa la difusión de información errónea, desinformación, noticias falsas y teorías conspirativas, dando lugar a una polarización y fragmentación crecientes entre los ciudadanos. En el ecosistema mediático actual, las personas tienen cada vez más dificultad no solo para acceder a información fiable sino, más críticamente, para discernir cuáles son las opiniones ponderadas de sus conciudadanos, especialmente de quienes sostienen posiciones contrarias a las suyas. Con demasiada frecuencia, los ciudadanos no pueden determinar si dichas opiniones reflejan desacuerdos genuinos entre los miembros del público o si son resultado de la manipulación por parte de actores poderosos con una influencia desproporcionada en la esfera pública, como lobbies, bots, hackers o gobiernos extranjeros. Si estas tendencias continúan, no está nada claro si —y cómo— los ciudadanos podrán seguir estando suficientemente informados para participar en una deliberación democrática con sentido, incluso sobre las cuestiones políticas más fundamentales. Estos desarrollos plantean sin duda amenazas serias no solo a la calidad del discurso público, sino también al funcionamiento de las sociedades democráticas en
general. Pero en particular, desde el punto de vista de la democracia deliberativa —que otorga un lugar central al debate público inclusivo e informado como piedra angular de la legitimidad democrática—, las consecuencias resultan especialmente inquietantes. Estos retos explican por qué los teóricos deliberativos han dirigido cada vez más su atención hacia la esfera pública digital y su impacto potencialmente transformador —y
desestabilizador— sobre la vida democrática (Habermas 2023; Chambers y Verovšek 2023).
Con todo, existe también una dimensión potencialmente positiva en esta atención creciente a las tecnologías emergentes. La urgencia por mejorar la calidad de la deliberación ciudadana en la esfera pública ha desencadenado una oleada de experimentos orientados a escalar los procesos deliberativos de los minipúblicos hacia modelos capaces de involucrar a miles, o incluso millones, de participantes. Estos esfuerzos dependen cada vez más de las nuevas herramientas digitales, en particular de la inteligencia artificial (IA). El número y la diversidad de estos experimentos —y de las tecnologías que los impulsan— crecen con tal rapidez que cualquier intento de catalogarlos exhaustivamente probablemente quedaría obsoleto antes de su publicación.
Estas iniciativas abarcan una amplia gama de planteamientos tecnológicos: desde modelos de colaboración humano-IA que facilitan intercambios iterativos entre participantes humanos y sistemas de IA, hasta plataformas de código abierto como Polis, que sintetiza las contribuciones de los participantes para mostrar las áreas de consenso y divergencia, o la llamada “Máquina de Habermas”, desarrollada por Google DeepMind, cuyo objetivo es ayudar a los participantes a identificar puntos de encuentro durante la deliberación. Un ejemplo destacado en el ámbito de la democracia deliberativa es la
Encuesta Deliberativa asistida por IA de James Fishkin. El Laboratorio de Democracia Deliberativa de Fishkin ha desarrollado una plataforma en línea que reproduce la estructura deliberativa presencial en pequeños grupos, propia de los minipúblicos tradicionales, pero sustituyendo a los moderadores humanos por moderadores automatizados, asistidos por IA. En aplicaciones recientes de esta plataforma en diversas encuestas deliberativas sobre distintos asuntos políticos, los participantes manifiestan niveles similares de satisfacción con el proceso, ya sea que la moderación haya sido humana o asistida por IA. Además, las ventajas a largo plazo tradicionalmente asociadas con la deliberación presencial —como la reducción de la polarización, el aumento del compromiso político y una mayor disposición a votar— parecen reproducirse en el formato en línea asistido por IA (Fishkin 2025, 93–95). Aunque estos experimentos se encuentran aún en fases tempranas, su potencial para involucrar a segmentos más amplios del
público en un discurso político significativo es notable. El rasgo más prometedor reside en su escalabilidad: la posibilidad de hacer accesible a millones de personas, más allá de fronteras lingüísticas, nacionales y culturales, una deliberación de alta calidad en grupos pequeños, y a una fracción del coste de los formatos presenciales tradicionales. Sin embargo, estos desarrollos también plantean problemas importantes. Los conocidos
compromisos entre escala y calidad deliberativa siguen sin resolverse, y cuestiones como la representatividad de los participantes, el sesgo algorítmico, la exclusión digital y el potencial de manipulación deben ser examinadas con particular cuidado. El potencial transformador de estas tecnologías es considerable, pero también lo son sus riesgos.

3.3. Propuestas de institucionalización de los minipúblicos: tres modelos

Los demócratas deliberativos implicados en el diseño y la organización de minipúblicos están dirigiendo cada vez más su atención hacia las instituciones más generales de la democracia de masas. Este giro responde a múltiples factores. La proliferación global de minipúblicos puede entenderse como una respuesta a la crisis persistente de la democracia, en la medida en que las autoridades públicas buscan contrarrestar la amplia insatisfacción ciudadana creando nuevos espacios participativos que aspiran a comprender y atender mejor las preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, aunque este proceso ha arrojado resultados alentadores —como demostrar las capacidades deliberativas y de resolución de problemas de los ciudadanos, así como mostrar los efectos despolarizadores de la deliberación (Gerber et al. 2018; Fishkin 2025; Esterling et al. 2021)—, también ha generado una frustración creciente entre sus diseñadores y defensores (Fuji-Johnson 2015; Setälä 2011). Hasta la fecha, la mayoría de los minipúblicos se han organizado como procesos ad hoc, no vinculantes, con funciones únicamente consultivas o asesoras. Sin una institucionalización formal, y permaneciendo en gran medida desconocidos para el público general, sus recomendaciones pueden (y suelen) ser ignoradas con facilidad (y sin consecuencia alguna) por las autoridades políticas. Por ello, su impacto político más amplio ha sido muy limitado hasta el momento (Pogrebinschi y Ryan 2018; Font et al. 2018). La frustración por esta falta de recepción ha impulsado un interés creciente entre los demócratas deliberativos por desarrollar propuestas que integren de un modo más formal los minipúblicos en las instituciones de la democracia representativa, con el objetivo de aumentar su influencia en la toma de decisiones políticas.
A primera vista, podría parecer que los debates sobre la institucionalización de los minipúblicos representan una cuestión relativamente especializada dentro de la teoría democrática, de interés solo para quienes se ocupan de ese tipo de innovación de alcance limitado. Sin embargo, esta impresión es engañosa. En realidad, estas propuestas plantean interrogantes fundamentales acerca de la legitimidad y el futuro de la democracia electoral misma. Teniendo esto en cuenta, la mejor manera de ordenar el número creciente de propuestas consiste en examinar la relación que proponen entre órganos seleccionados aleatoriamente —como los minipúblicos— y las instituciones electorales tradicionales. En términos generales, pueden distinguirse tres modelos. El primero defiende reemplazar las instituciones electorales por asambleas seleccionadas por sorteo (Guerrero 2024; Landemore 2020; van Reybrouck 2016). El segundo propone que los minipúblicos complementen a las instituciones electorales, por ejemplo, mediante la incorporación de una cámara seleccionada aleatoriamente a un cuerpo legislativo bicameral en el que la otra cámara elegida por votación (Abizadeh 2021; Fishkin 2019; Gastil y Wright 2018; Leib 2004; O’Leary 2006; Vandamme y Verret-Hamelin 2017; Zakaras 2010). El tercer modelo concibe los minipúblicos como instancias auxiliares, destinadas a apoyar y reforzar las instituciones electorales actuando como intermediarios entre los órganos políticos formales y el público en general (Lafont y Urbinati 2024). La diferencia clave entre estos modelos radica en si —y en qué medida— confieren autoridad legislativa a los minipúblicos. Mientras que los dos primeros contemplan otorgar a estos órganos poder legislativo, total o parcial, el modelo auxiliar no lo hace.
La cuestión central en estas propuestas es si se debe quitar el poder de decisión (en parte o totalmente) a las instituciones electorales y transferirlo a órganos no electorales, como las asambleas ciudadanas u otros minipúblicos similares. Entre quienes defienden esta transferencia se perfilan dos posiciones. Una sostiene que las asambleas seleccionadas por sorteo deberían compartir parte de la capacidad decisoria con las instituciones electorales; la otra, más radical, propone conferir a las instituciones seleccionadas por sorteo competencia exclusiva para adoptar todas las decisiones políticas, desmantelando por completo las instituciones electorales. Aunque esta última constituye una posición marginal dentro de la teoría democrática —al menos por el momento—, la visión más moderada, que aboga por complementar en lugar de sustituir a las instituciones electorales, goza de un apoyo considerablemente más amplio. Para muchos autores, la integración de asambleas ciudadanas dotadas de capacidad decisoria en los sistemas democráticos existentes representa una de las vías más prometedoras para la revitalización democrática.
Por otra parte, los defensores del modelo auxiliar manifiestan una profunda preocupación ante la posibilidad de conceder poder legislativo a los minipúblicos. Dado que los participantes en estas asambleas ni son elegidos por la ciudadanía ni tienen que rendirle cuentas de sus acciones, otorgarles poder de decisión política entraña el riesgo de instaurar una forma de «gobierno de unos pocos». Un pequeño grupo seleccionado aleatoriamente tomaría decisiones en nombre de toda la ciudadanía, la cual carecería de mecanismos efectivos para impugnarlas o influir en su orientación (Lafont 2019). Institucionalizar minipúblicos con la expectativa de que piensen, deliberen y decidan por el resto de la ciudadanía no es un modo de ampliar el control democrático ciudadano sobre el proceso político. Lejos de producir un efecto democrático positivo, esta estrategia podría agravar precisamente el problema que los minipúblicos aspiran a resolver: la alienación de la ciudadanía respecto del proceso político tendería previsiblemente a intensificarse más que a disminuir. En vez de empoderar a unos cuantos individuos seleccionados al azar para que tomen decisiones políticas según su propio criterio, las propuestas que se inspiran en el modelo auxiliar buscan utilizar los minipúblicos como instrumentos para empoderar a la ciudadanía en su conjunto. En este enfoque, el objetivo no es transferir el poder a una minoría no elegida, sino hacer el proceso democrático más inclusivo, receptivo y participativo.
Es importante subrayar que, dado que los modelos de complementariedad y de sustitución exigirían reformas constitucionales, todos los minipúblicos organizados hasta la fecha se ajustan al modelo auxiliar. Sin embargo, la inmensa mayoría de ellos, con escasas excepciones, han sido creados desde arriba (el modelo top-down). Por lo general, los organizan autoridades públicas para que cumplan funciones meramente consultivas y no otorgan a la ciudadanía un papel activo en el proceso. En contraste, las propuestas más prometedoras dentro del modelo auxiliar implican activamente a la ciudadanía al vincular los minipúblicos con mecanismos de «democracia directa», como las iniciativas ciudadanas, las peticiones o los referendos. Ejemplos bien conocidos de minipúblicos ligados a referendos son las asambleas ciudadanas organizadas en la Columbia Británica (2004) y en Ontario (2006) para discutir propuestas de reforma electoral, el Consejo Constitucional de Islandia encargado de redactar una constitución (2011), y la Convención Constitucional de Irlanda de 2013-14 (Farrell y Suiter 2019). Respecto a las iniciativas ciudadanas, un ejemplo notable es el proceso de revisión de iniciativas ciudadanas de Oregón (Gastil et al 2018).
Propuestas recientes más ambiciosas adoptan un planteamiento desde abajo (el modelo bottom-up), orientado a reforzar la capacidad de la ciudadanía para fijar la agenda política. Así, los minipúblicos podrían convocarse de forma regular para revisar y evaluar propuestas políticas presentadas por grupos cívicos que alcancen un umbral mínimo de firmas (Fishkin et al. 2015; Fishkin 2025). En función de su contenido y alcance, estas propuestas —junto con la evaluación, por parte de los minipúblicos, de las razones más relevantes a favor y en contra— podrían remitirse a las autoridades decisorias o someterse a votación pública. La institucionalización de este tipo de procesos podría ampliar significativamente la capacidad de la ciudadanía para influir en la agenda política y garantizar que el sistema permanezca receptivo a las preocupaciones, intereses y prioridades del público. Al saber que sus propuestas serán objeto de una consideración seria —o incluso que podrían ser sometidas a votación o referendo—, los ciudadanos estarán más motivados a participar activamente en la presentación y deliberación pública de iniciativas. Reforzar la participación ciudadana de este modo podría proporcionar un impulso democrático especialmente necesario en un contexto de creciente desafección hacia las instituciones representativas.
Aunque los minipúblicos no son una panacea, ofrecen numerosas posibilidades para mejorar la calidad democrática de las democracias electorales. Al mismo tiempo, sin embargo, han inspirado también propuestas que cuestionan la legitimidad y el valor democrático de las elecciones, y buscan justificar el traspaso del poder legislativo de asambleas electas a asambleas seleccionadas al azar. Este cuestionamiento de las elecciones constituye un desarrollo inquietante, especialmente en una época marcada por retrocesos democráticos a escala global. En este contexto, las propuestas de renovación democrática no pueden dar por sentada la permanencia de las elecciones y limitarse a defender la creación de instituciones no electorales. No basta con comprometerse en preservar la democracia electoral: hay que estar justificado en hacerlo. Defender las instituciones electorales requiere ofrecer un argumento democrático convincente de por qué —pese a todos sus defectos— las democracias electorales son preferibles a las alternativas no electorales. Los demócratas ya no pueden permitirse el lujo de eludir esta tarea constructiva.

Referencias

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Cómo citar esta entrada

Lafont, Cristina (2026). Democracia deliberativa. Encilopedia de la Sociedad Española de
Filosofía Analítica http://www.sefaweb.es/democracia-deliberativa/

Agencia y Artefacto

1. Introducción

La pregunta por la relación entre la agencia y los artefactos parece, inicialmente, simple: ¿pueden los artefactos tener agencia? Sin embargo, esta aparente simplicidad se desvanece rápidamente. No se trata únicamente de decidir si una cosa hecha por seres humanos puede “actuar”, sino de esclarecer dos conceptos que se emplean en sentidos diversos. No hay una única noción de artefacto, ni una única noción de agencia, y sin esta clarificación las respuestas tienden a generar confusión. Así, puede sostenerse que los artefactos tienen agencia si se entiende por tal cualquier forma de eficacia material organizada; o negarse, si se reserva el término para la acción intencional, autónoma y responsable. Ambas respuestas resultan plausibles, siempre que se advierta que operan con sentidos distintos de “agencia”.

Para precisar qué clase de vínculo tiene lugar entre ambos términos, conviene examinar esta relación conceptualmente densa, esclareciendo qué se entiende por cada uno de ellos. Sólo entonces puede determinarse con mayor precisión en qué consiste ese vínculo y, con ello, trazar un mapa del debate. Si los artefactos se entienden como meros productos humanos diseñados que portan funciones, es difícil tratarlos como agentes primarios. Si la agencia se entiende, en su sentido más fuerte, como acción intencional, respuesta a razones, autogobierno y responsabilidad, los artefactos no parecen satisfacerla. Sin embargo, entre esos dos polos extremos se abre un territorio en el que los artefactos no son meras cosas pasivas, sino medios, soportes, mediadores, sedimentaciones de decisiones previas y, a veces, operadores que abren posibilidades y reorganizan el campo mismo de la acción.

En las secciones que siguen se llevan adelante tres tareas principales: en primer lugar, se reconstruye el concepto de artefacto; en segundo lugar, se distingue entre nociones débiles y fuertes de agencia; y, en tercer lugar, se propone un conjunto de criterios para cartografiar las posiciones principales en el debate. Finalmente, se describen las mismas y se ofrece un balance sintético.

1. ¿Qué es un artefacto?

Si no sabemos qué clase de cosa es un artefacto, tampoco podemos saber qué clase de agencia podría atribuírsele. Pero, ¿qué es un artefacto?

Una definición filosófica bastante extendida sostiene que un artefacto es un objeto hecho intencionalmente (diseñado), mediante alguna modificación de materiales y/o generación de estructuras causales, para la satisfacción de algún propósito . Esta definición es heredera de la distinción aristotélica entre las cosas que existen “por naturaleza” y las cosas que existen “por arte” o “por técnica” . Según esta concepción, los artefactos se diferencian de los objetos naturales porque su origen no reside en sí mismos, sino en la actividad de quienes los producen.

Esta definición tiene algunas prestaciones claras. Distingue el artefacto de lo natural, subraya su origen en una historia humana de imaginación, diseño y producción, y permite comprender por qué los artefactos son evaluables en términos de función, éxito, fracaso o defectos. Esta normatividad no se sigue de que un objeto cause algo, sino de que ha sido producido para hacer algo . Veamos este ejemplo. Una piedra que es arrojada puede producir daño e incluso matar, pero no por eso constituye un artefacto. Un dron de uso dual, por el contrario, sí es un artefacto. No en virtud de su mayor complejidad, sino porque su estructura material, sus sensores, su sistema de guiado y sus condiciones de operación están organizados en relación con funciones determinadas, tales como el monitoreo, el transporte, el reconocimiento o la eliminación de objetivos. En el caso de la piedra, el uso es contingente al objeto; el dron, en cambio, posee una historia de diseño, fabricación y prácticas de usos que inscribe esos fines en su propia condición de dron. Naturalmente, la cuestión de la agencia no puede plantearse del mismo modo en ambos casos.

Pero esta definición extendida está lejos de ser exhaustiva. Preston , por ejemplo, muestra que los artefactos presentan un problema de continuidad. Consideremos este ejemplo: una piedra recogida del río y usada regularmente como un improvisado martillo. Aunque no ha sido “fabricada” como martillo, tampoco es ya meramente un objeto natural indiferente al uso. Así, casos como estos involucran precisamente productos no intencionales de actividades intencionales, objetos naturales seleccionados para su uso, o artefactos cuyo uso posterior diverge del diseño original . De allí que la filosofía reciente de la tecnología, junto con la arqueología, la antropología y las ciencias cognitivas, se esfuerce por no equiparar a los artefactos con herramientas intencionalmente fabricadas, sino que abogue por tratarlos de manera más amplia, como parte del mundo hecho por personas o usado por ellas.

A pesar de estos límites difusos, varias características siguen desempeñando un papel central para hablar de artefactos. En primer lugar, los artefactos dependen históricamente de la producción, apropiación o estabilización humanas. Esto quiere decir que no están simplemente ahí con independencia de las prácticas humanas . En segundo lugar, la mayoría de los artefactos son diseñados. El diseño significa mucho más que la mera fabricación física . Significa traer al mundo lo que todavía no hay y para ello organizar intencionalmente algo bajo una descripción, i.e., seleccionar forma, material, estructura, mecanismos causales, e interfaz a la luz de una función (o funciones) y uso proyectado . En tercer lugar, los artefactos tienen funciones, aunque la discusión filosófica disputa sobre si la función queda fijada primariamente por las intenciones de los diseñadores, por los patrones de uso, por las capacidades técnicas (mecanismos) o por una combinación de estos factores . En cuarto lugar, los artefactos pertenecen a tipos o familias de artefactos (por ejemplo, herramientas de fijación, instrumentos de corte, sistemas algorítmicos o medios de transporte) y esos tipos se sostienen mediante normas técnicas (estándares) y sociales . En quinto lugar, los artefactos suelen requerir mantenimiento, reparación, infraestructura e interpretación para seguir siendo el tipo de cosas que son .

Esta línea de pensamiento se desarrolla con claridad en la filosofía de los artefactos técnicos . Un destornillador, una válvula industrial, un dron de vigilancia o un sistema de guiado de precisión (GPS) no son meros objetos físicos. Son productos de base humana que existen en virtud de procesos de fabricación, ensamblaje, calibración e inserción en prácticas de uso. Son diseñados, y el diseño introduce una estructura intencional, por ejemplo, la forma del mango de un destornillador, el régimen de apertura de una válvula, la articulación entre sensores, el enlace de datos y navegación en un dron responden a usos proyectados. Así, los artefactos portan funciones y quedan sometidos a criterios de éxito y fracaso: una herramienta ajusta o no ajusta, un dron detecta, sigue, entrega una carga o elimina un objetivo con mayor o menor precisión. También pertenecen a tipos que solo se sostienen dentro de prácticas e instituciones: el destornillador en oficios técnicos y los sistemas no tripulados, de guerra electrónica o de ataque de precisión, en cadenas de mando, doctrinas operativas, estándares de interoperabilidad e infraestructuras de comunicación. Por último, rara vez persisten por sí solos como lo que son, sino que requieren mantenimiento, reparación, actualización de software, suministro energético, repuestos, conectividad y operadores capacitados y entrenados. Las guerras contemporáneas muestran precisamente la centralidad de drones comerciales adaptados, municiones merodeadoras, sistemas de guerra electrónica y aplicaciones militares de inteligencia artificial y de infraestructura civil, lo que vuelve especialmente visible esa dependencia de diseño, soporte e integración institucional.

En consecuencia, las tesis fuertes sobre la agencia de los artefactos son cuanto menos problemáticas. Si los artefactos son productos humanos, funcionalmente estructurados y persistentemente dependientes, cualquier agencia que se les atribuya debe explicarse en relación con su origen, su función y sus condiciones de sostenimiento.

2. La agencia en sus dos sentidos: débil y fuerte

“Agencia” no nombra una propiedad única fuera de toda disputa filosófica. El término se usa en contextos ordinarios y filosóficos para designar cosas diferentes. Para los fines de esta entrada, esas diferencias pueden ordenarse bajo dos grandes sentidos: uno débil y otro fuerte. La diferencia es relevante porque muchas tesis sobre la agencia de los artefactos resultan plausibles en el primer sentido, pero dejan de serlo en el segundo.

En el caso humano, la agencia involucra el ejercicio de la capacidad de actuar. Esa capacidad comprende tanto actividades físicas (por ejemplo, jugar al tenis o podar un cerco), como actividades mentales (por ejemplo, juzgar que está lloviendo o imaginar el próximo verano en el mar) . Desde este punto de vista, la agencia supone una respuesta activa a las circunstancias. No es un simple acontecimiento que sobreviene en el cuerpo. Es una manifestación conductual propositiva, motivada e intencional. Por eso contrasta con respuestas meramente reactivas, como ciertos reflejos biológicos o neurofisiológicos del ser humano . Si alguien retira la mano al tocar una superficie muy caliente, hay una respuesta corporal; en cambio, si alguien decide cerrar una ventana porque percibe que está por llover, hay acción en un sentido más robusto.

La agencia humana presenta, además, algunos rasgos distintivos. Al actuar, el agente inicia cadenas causales a partir de una posibilidad de actuación entre varias alternativas. Francisco, por ejemplo, poda el cerco de la ligustrina; podría haber limpiado la piscina. Su decisión inaugura un curso de causas y efectos contenido en la acción de podar. Esa acción, a su vez, está motivada por la percepción del estado del cerco. Ese estado cuenta para Francisco como una razón para pensar que es tiempo de cortarlo. Francisco reconoce esa razón, advierte que dispone de los medios necesarios y actúa porque tiene la pericia suficiente para hacerlo. En este caso, la acción no es un mero suceso que le ocurre. Es una conducta guiada por una consideración que el propio agente toma como razón para actuar.

Sobre esta base puede introducirse la distinción central. En el sentido más débil, “agencia” puede significar simplemente eficacia causal efectiva: algo hace una diferencia en cómo se desarrollan los acontecimientos. En un sentido más robusto, pero todavía amplio, la agencia involucra control, regulación u orientación organizada de la conducta, a saber, el comportamiento no está solo causado, sino guiado de manera sistemática. En el sentido más fuerte, asociado a la teoría de la acción y a la filosofía moral, la agencia incluye acción intencional bajo descripciones, sensibilidad a razones, autogobierno y responsabilidad. Para simplificar la exposición, puede decirse que los dos primeros casos caen del lado de una noción débil de agencia, mientras que el tercero expresa su sentido fuerte.

En su versión más básica, entonces, la agencia débil designa la capacidad de producir una diferencia o de ejercer una influencia causal organizada. En este sentido, no se exige todavía intención, deliberación ni responsabilidad. Basta con que algo contribuya, de modo estable, a que ocurra algo. Por ejemplo, un semáforo no decide nada, pero organiza el flujo de circulación y coordina movimientos. Ahora bien, el sentido débil no se agota en la mera producción de efectos; también puede incluir formas de control u organización, por ejemplo, un sistema de navegación satelital recalcula una ruta cuando detecta un desvío. En estos casos ya no hay solo un efecto causal aislado, sino una secuencia regulada de detección, evaluación y ajuste.

En el sentido fuerte, la noción de agencia es más exigente. No es suficiente con producir efectos ni con regular procesos. Hace falta actuar bajo una descripción, controlar la propia conducta y responder a razones como razones. El contraste es importante. Una puerta automática se abre cuando detecta movimiento. Mateo, en cambio, abre una ventana para ventilar la habitación. En ambos casos hay un cambio en el mundo. Sin embargo, solo en el segundo parece haber acción en sentido pleno. Mateo, el agente, sabe lo que hace, por qué lo hace y podría, al menos en principio, haber actuado de otro modo.

Así, una noción robusta de agencia suele incluir, al menos, los siguientes rasgos. En primer lugar, intencionalidad. El agente actúa bajo una descripción; no solo se mueve, sino que hace algo como cerrar una ventana o podar un cerco y sabe qué hace cuando lo hace de manera inmediata, no inferencial o por percepción de su acción . En segundo lugar, control. El evento que tiene lugar no es un mero acontecer, sino una conducta guiada. En tercer lugar, sensibilidad a razones. El agente puede registrar razones y responder a ellas como razones. En cuarto lugar, autogobierno reflexivo. El agente está en condiciones de evaluar y revisar sus motivos y sus fines. En quinto lugar, apropiación. La acción le pertenece de un modo que permite atribuírsela. En sexto lugar, responsabilidad. El agente puede ser elogiado, culpado, excusado o llamado a justificar lo que hizo. Si bien estos rasgos no eliminan todas las disputas filosóficas sobre la noción de agencia, fijan un umbral alto para hablar de agencia en sentido fuerte.

La utilidad de esta distinción se percibe inmediatamente en el caso de los artefactos. No obstante, el debate se oscurece cuando estos sentidos se mezclan. Si por “agencia” se entiende solo “tener consecuencias” o “hacer una diferencia en el mundo”, entonces los artefactos tienen agencia de manera evidente. Si se entiende por agencia el ejercicio de un control organizado dentro de un sistema, algunos artefactos y muchos sistemas técnicos parecen satisfacer plausiblemente esa condición. Sin embargo, si la agencia se entiende en el sentido fuerte que suele dominar las discusiones sobre autonomía, acción y responsabilidad (i.e. actuar por razones, revisar fines y responder por la propia conducta), entonces los artefactos parecen caer fuera de este criterio.

La distinción evita dos errores simétricos. El primero consiste en llamar “agencia” a toda eficacia causal y concluir demasiado rápido que los artefactos son agentes. El segundo consiste en reservar la agencia exclusivamente para el caso humano y pasar por alto el papel material, operativo y mediador de los artefactos en la configuración de la acción. Entre ambos extremos, la distinción permite formular el problema con mayor precisión y mejorar la discusión.

3. Criterios para ordenar el debate

Las secciones anteriores permiten concluir que la discusión no avanza si se pregunta en abstracto si los artefactos “tienen” o “no tienen” agencia; en cambio, avanza si se examina en qué sentido podrían tenerla y bajo qué criterios esa atribución sería aceptable. Seis criterios permiten comparar las posiciones de manera más precisa.

El origen de la acción. La pregunta aquí es: ¿la fuente de la acción reside en la entidad misma o en un agente externo que la diseñó, produjo o usa? En el caso humano, decimos que la acción se origina en el propio agente en un sentido fuerte. Francisco poda el cerco porque decide hacerlo. La acción comienza en él, aunque dependa de herramientas, hábitos o circunstancias. En el caso de los artefactos, la situación es distinta. Un dron puede despegar, seguir una ruta y registrar imágenes, pero esas posibilidades remiten a una historia previa de diseño, fabricación, programación y despliegue. Su operación no surge con independencia de esa historia.
Teleología. La pregunta aquí es si la entidad fija, adopta o revisa sus propios fines, o si simplemente realiza fines que le han sido asignados. Los artefactos suelen estar hechos para algo. Una bomba de infusión sirve para administrar una sustancia. Pero una cosa es estar orientado a un fin y otra, muy distinta, es poder interrogarlo, modificarlo o abandonarlo. El agente humano puede hacer precisamente eso. Puede dejar de podar el cerco y decidir ayudar a un vecino. Puede revisar lo que estaba haciendo a la luz de nuevas razones. Un artefacto, en cambio, realiza fines inscriptos en su diseño, en su programación o en su inserción práctica. Puede cambiar de estado o de operación, pero no parece revisar sus fines como fines.
Normatividad. La cuestión aquí es si la entidad responde a razones o si simplemente encarna funciones, restricciones y estándares. Los artefactos están atravesados por normas. Un dron puede cumplir o no con estándares de precisión, interoperabilidad o seguridad. En ese sentido, los artefactos incorporan normatividad. Están sometidos a criterios de éxito, fracaso, corrección y defecto. Sin embargo, una cosa es estar sometido a normas y otra es reconocer normas como normas. Francisco poda el cerco porque considera que debe hacerlo ahora. Puede explicar su decisión y justificarla. Un dron, en cambio, puede seguir una ruta predefinida o reajustar su trayectoria según ciertos parámetros, pero eso no muestra todavía que comprenda una regla como regla o que responda a una razón como razón. El artefacto puede instanciar una normatividad funcional. Lo que está en cuestión es si además participa de una normatividad práctica en sentido fuerte.
Control. Aquí la pregunta es si la entidad ejerce un control guiado por sí misma o si su operación depende de una estructura externa de diseño, programación y mantenimiento. Muchos artefactos exhiben regularidad operativa, por ejemplo, un piloto automático estabiliza una trayectoria. En estos casos hay control en un sentido operativo. El comportamiento no es puramente azaroso, sino que está guiado por mecanismos de detección, evaluación y ajuste.

Pero este punto exige cuidado. No todo control operativo equivale a autogobierno. Un artefacto puede regular un proceso sin que por ello se siga que gobierna su conducta en el sentido fuerte en que lo hace un agente humano. Mateo puede corregir el rumbo de un automóvil porque advierte un obstáculo, comprende el riesgo y decide maniobrar. Un sistema automático también puede corregir una trayectoria, pero la cuestión es si ese control es suficiente para hablar de agencia o si sigue siendo, más bien, una modalidad sofisticada de operación diseñada. Por eso, el criterio del control no puede examinarse aisladamente. Debe ponerse en relación con el origen, la teleología y la normatividad.

Dependencia. La pregunta es si la entidad puede seguir existiendo como lo que es sin prácticas humanas de interpretación, mantenimiento y uso. Los artefactos parecen ser profundamente dependientes en este sentido. Un dron requiere energía, conectividad, mantenimiento, repuestos, calibración, software y operadores entrenados. Si esas condiciones desaparecen, el artefacto puede seguir existiendo materialmente, pero ya no operar como el tipo de entidad que es. La dependencia es constitutiva de un modo especialmente visible: su identidad funcional no se sostiene sin redes humanas de soporte persistentes. Esto podría marcar una diferencia importante con el caso humano, aunque un ser humano también depende de múltiples condiciones biológicas, sociales e institucionales. ¿Pero lo hace del mismo modo?
Responsabilidad. La pregunta aquí es si la entidad puede ser portadora de elogio, culpa, imputación o exigencia de justificación en sentido pleno. Este criterio es decisivo porque conecta la discusión sobre agencia con la práctica de atribuir acciones. Cuando Francisco rompe una ventana al arrojar una pelota, podemos preguntarle por qué lo hizo, si fue descuidado, si fue intencional o si tiene una excusa. Cuando un dron impacta en un lugar equivocado, también hay una cadena causal relevante. Pero la pregunta por la responsabilidad no suele dirigirse al dron como si fuera un sujeto que debiera responder por lo que hizo. La responsabilidad recae, más bien, en diseñadores, operadores, mandos, fabricantes o instituciones.

Esto no significa que los artefactos sean irrelevantes. A veces son causalmente centrales. Pueden amplificar daños, abrir posibilidades, cerrar alternativas y reconfigurar contextos de decisión. Pero una cosa es ser causalmente central y otra es ser responsable en sentido pleno. Un semáforo defectuoso puede contribuir a un accidente, pero no por eso le pedimos al semáforo que dé razones. La diferencia importa porque muestra que la agencia fuerte no se reduce a producir efectos relevantes.

Tomados en conjunto, estos criterios permiten ordenar el debate con mayor precisión. Si bien no todos tienen el mismo peso en cada discusión, juntos permiten distinguir mejor las tesis en juego. Una posición fuerte sobre la agencia de los artefactos tendrá que mostrar, al menos, que ciertos artefactos no solo producen efectos o regulan procesos, sino que también satisfacen de algún modo exigencias relativas al origen, la teleología, la normatividad, el control, la dependencia y la responsabilidad. Una posición más moderada, en cambio, podrá aceptar que los artefactos ejercen formas de eficacia y control sin por ello atribuirles agencia en sentido pleno.

4. Cartografía del debate

1. Los artefactos como productos de agencia

Es la tesis más básica. Los artefactos no aparecen simplemente en el mundo, como una piedra o un árbol, sino que son hechos, apropiados o estabilizados por agentes, por lo general humanos. Su identidad está ligada a esa relación de origen. Un artefacto es lo que es porque alguien intervino sobre materiales, formas, mecanismos o usos posibles y lo orientó hacia algún propósito . La curvatura del mango de una herramienta, la disposición de los pedales de una bicicleta, la secuencia de opciones de una aplicación o la configuración de un sistema de guiado no son rasgos neutrales. Son el resultado de elecciones anteriores acerca de cómo debe usarse algo, quién debe usarlo, con qué facilidad, bajo qué condiciones y para qué fines. El artefacto lleva inscrita una historia de producción, de decisión y de orientación funcional. Por consiguiente, es natural afirmar que son productos de agencia antes que agentes primarios.

Sin embargo, esta tesis enfrenta una objeción importante. Si se dice solamente que los artefactos son productos de agencia humana, se corre el riesgo de describirlos de manera demasiado retrospectiva. Se explica bien de dónde vienen, pero se dice poco sobre lo que hacen una vez que ya están en el mundo. Y este punto importa, porque muchos artefactos no son meras huellas inertes de decisiones pasadas. También intervienen en acciones posteriores, las orientan y, a veces, las reorganizan. Por ejemplo, un reductor de velocidad en una calle es el resultado de una decisión previa de diseño o de planificación, pero no queda reducido a ser la marca material de esa decisión. Una vez instalado, sigue modulando la conducta de los conductores, incluso cuando quienes lo proyectaron ya no están allí. Por tanto, a los artefactos hay que entenderlos también prospectivamente, a saber, como mediaciones de acciones ulteriores, como cosas que abren, cierran, facilitan, obstaculizan o reordenan cursos de acción futuros. Los artefactos son productos de agencia y, precisamente por eso, pueden convertirse también en soportes, mediadores y operadores de nuevas acciones.

2. Los artefactos como portadores de función delegada y de intencionalidad sedimentada

Una tesis más fuerte sostiene que los artefactos son portadores de función delegada. La idea es que ciertos fines humanos quedan depositados en una forma material o técnico-operativa, de modo tal que el artefacto puede seguir orientando acciones más allá de la presencia inmediata de quienes lo diseñaron o lo pusieron en marcha. En este sentido, no es únicamente el resultado de una acción previa, sino un soporte relativamente estable a través del cual una finalidad sigue operando en el tiempo. Por ejemplo, un sistema de navegación no solo muestra un mapa, sino que prioriza trayectorias, recalcula recorridos y orienta decisiones. Así, decisiones humanas previas quedan estabilizadas de manera material o funcional y continúan operando más allá de la intervención inmediata de sus autores. Por eso puede decirse que algunos artefactos portan una intencionalidad sedimentada.

Esta tesis ayuda a describir mejor el papel de los artefactos en la vida práctica. Habitamos entornos compuestos por dispositivos, infraestructuras y sistemas que organizan de antemano parte de lo que hacemos. En ese marco, hablar de función delegada o de intencionalidad sedimentada permite captar que la acción humana no se despliega en un vacío, sino a través de soportes materiales que condensan decisiones anteriores y las prolongan. Sin embargo, que un artefacto sea portador de una función delegada no equivale todavía a decir que posee agencia plena. La delegación no convierte automáticamente al artefacto en un agente en sentido fuerte .

Aquí aparece la contra-tesis principal. Los artefactos realizan lo que realizan porque se les han asignado fines, se les han atribuido funciones y se han construido prácticas a su alrededor. Su modo de operar depende de esa historia previa de diseño, programación, uso e interpretación. Por eso, aunque pueda decirse que prolongan fines humanos y que hacen efectivo un trabajo regulador o coordinador, no se sigue de ello que posean agencia práctica independiente. Lo máximo que puede afirmarse, en este punto, es que exhiben una intencionalidad derivada: una direccionalidad hacia fines que no nace en ellos, sino que proviene de los agentes y prácticas que los constituyen como artefactos.

La utilidad de esta tesis, entonces, no consiste en borrar la diferencia entre agentes humanos y artefactos, sino en describir con mayor precisión una zona intermedia. Los artefactos no son meros resultados inertes de decisiones pasadas. Tampoco son, sin más, agentes autónomos. Son portadores de funciones delegadas y de orientaciones sedimentadas que siguen operando en el tiempo y contribuyen a organizar la acción. La cuestión filosófica consiste en determinar hasta dónde llega esa contribución y en qué punto deja de ser suficiente para hablar de agencia en sentido fuerte.

3. Los artefactos como mediadores de agencia

Esta tesis, de extendida influencia actual, sostiene que los artefactos son mediadores de agencia . Esta posición rechaza la oposición tajante entre, por un lado, agentes humanos plenamente activos y, por el otro, objetos meramente pasivos. La idea central es que la acción humana casi nunca ocurre sin mediaciones materiales. Los artefactos intervienen en lo que los agentes perciben, en las opciones que aparecen disponibles, en lo que cuenta como una acción experta y en las consecuencias que finalmente se producen.

La intuición básica señala el siguiente hecho: una persona no actúa primero y usa un artefacto después; por el contrario, el artefacto entra desde el inicio en la configuración misma de la acción . Por ejemplo, al navegar con el GPS de un teléfono inteligente, no se decide primero una ruta y luego se consulta la pantalla; la ruta que se considera posible, el tiempo que se estima necesario, los desvíos advertidos e incluso la percepción del entorno están ya mediados por el dispositivo. La aplicación no conduce el automóvil por sí sola, pero reorganiza la atención del conductor, redefine lo que aparece como camino razonable y modifica el modo en que este decide avanzar. Se actúa, así, a través de un ensamblaje en el que la percepción, la decisión y la ejecución están materialmente moduladas . De este modo, el artefacto no se convierte en el autor de la acción, pero tampoco queda reducido a un mero medio neutral. Por el contrario, transforma el campo de la acción en el que los fines son perseguidos . En este sentido, los artefactos no solo transforman el campo de la acción en el que los fines son perseguidos, sino que también pueden reconfigurar la manera en que los propios agentes los persiguen, como sugieren análisis recientes sobre automatización y experiencia .

Bajo esta presentación, la mediación no designa solo una interposición causal entre sujeto y mundo, sino un proceso en el que los artefactos reordenan el entorno práctico, abren y cierran affordances , destacan unas posibilidades de acción y atenúan otras, reconfigurando así las condiciones de posibilidad de la agencia. En este sentido, pueden entenderse como un trasfondo agencial: no sustituyen al agente, pero tampoco son exteriores a la forma concreta en que este percibe, delibera y actúa. Algo análogo, aunque no idéntico, ocurre con el lenguaje respecto del pensamiento. Este no piensa por el sujeto, pero tampoco es un simple vehículo externo, porque media y estructura el espacio mismo en el que pensar resulta posible .

Entendida así, la tesis de la mediación capta un aspecto decisivo de la vida práctica y tecnológica contemporánea. Sin embargo, para conservar su valor analítico, conviene no deslizarse demasiado rápido desde una tesis moderada (según la cual los artefactos configuran y modulan la acción) hacia una tesis fuerte (según la cual los artefactos son agentes en el mismo sentido que los humanos). La noción de mediación ilumina cómo los artefactos participan en la génesis, orientación y estabilización de la acción, pero no resuelve por sí sola si esa participación equivale a autoría, control práctico o responsabilidad . Por eso, más que rechazar la idea de mediación, conviene acotarla para expresar su valor filosófico y así mostrar que la agencia humana está materialmente situada y tecnológicamente estructurada, sin que de ello se siga sin más una simetría plena entre sujetos y artefactos.

4. Los artefactos como cuasi-agentes o como portadores de agencia fuerte

La tesis más fuerte sostiene que al menos algunos artefactos, en especial los sistemas tecnológicos complejos, pueden contar como agentes o co-agentes en sentido propio. Hay una completa simetría entre agentes humanos y artefactos . Esta posición suele aparecer en discusiones sobre inteligencia artificial, infraestructuras automatizadas, sistemas conectados, plataformas de decisión y entornos tecnológicos que operan con altos niveles de autonomía funcional.

Esta tesis está basada en la presencia de algunos sistemas tecnológicos que monitorean un entorno, procesan información en tiempo real, se adaptan a cambios, coordinan comportamientos y producen resultados que ningún individuo humano ha querido de manera directa y concreta. Por ejemplo, un sistema automático que regula una red eléctrica no solo ejecuta una instrucción aislada, sino que monitorea variaciones, redistribuye cargas y evita ciertos fallos en la red.

En este punto la discusión es si la apariencia de autonomía de muchos sistemas técnicos depende o no de condiciones que provienen de ellos mismos. O dicho de otro modo, si la autonomía operativa que manifiestan equivale o no a agencia plena. Si un sistema tecnológico depende del diseño inicial, de los datos con los que fue entrenado, de la calidad de los sensores, de la conectividad disponible, de las actualizaciones, del suministro energético, del mantenimiento y de las instituciones en las que está inserto y opera, quizás no pueda atribuírsele una agencia completamente robusta. Para poner sobre la mesa el contraste que está aquí en juego. Un agente humano puede preguntarse qué está haciendo, por qué lo hace, si debe seguir haciéndolo y cómo responder por ello. Puede revisar sus fines y dar razones. Un artefacto complejo puede ajustar su operación y producir efectos relevantes, pero de ello no se sigue que se convierta en autor de esos efectos en el sentido normativo fuerte. Puede haber autonomía de operación sin que haya autogobierno, apropiación ni responsabilidad.

La utilidad de esta tesis extrema no reside tanto en su conclusión como en la presión que ejerce para precisar el debate. Obliga a preguntar qué entendemos exactamente por agencia y cuánta independencia es suficiente para atribuirla. También obliga a distinguir entre operación autónoma, control funcional, autoría práctica y responsabilidad. Cumple, a fin de cuentas, una función importante, a saber, mostrar que algunos sistemas tecnológicos contemporáneos tensan nuestras categorías habituales y exigen una caracterización más fina de la relación entre acción humana, mediación material y autonomía operativa.

5. A modo de balance

La resolución de este debate no se halla en los extremos, sino en el reconocimiento de una agencia estratificada que evite colapsar al sujeto en el objeto. En lugar de entender la mediación como una disolución de fronteras, debemos concebirla como una arquitectura de niveles integrados. En el núcleo reside la agencia primaria, esa capacidad humana de responder a razones y asumir responsabilidades; sobre ella se pliega una agencia derivada, donde los artefactos actúan como sedimentaciones materiales de fines delegados que organizan nuestras acciones futuras. Finalmente, en la superficie del mundo social, emerge una agencia distribuida, a saber, un complejo ensamblaje de personas y cosas donde la acción resulta ininteligible sin sus soportes tecnológicos.

Diego Lawler
(IFF-SADAF/CONICET, Argentina)

Referencias

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Lecturas recomendadas

Broncano, F. (2006). Entre ingenieros y ciudadanos: Filosofía de la técnica para días de democracia. Editorial Montesinos.

Linares, J. E. (2009). Etica y mundo tecnologico (1. ed). Univ. Nacional Autónoma de México [u.a.].

Liz Gutiérrez, M. (2002). Un Metafísico en Tecnolandia Realidad, conocimiento y acción bajo nuevos puntos de vista. EDITUM UNIVERSIDAD DE MURCIA.

Parente, D., Berti, A., & Celis Bueno, C. (Eds.). (2022). Glosario de filosofía de la técnica (1a ed). La Cebra.

Vaccari, A. P., & Parente, D. (2017). Materialidad e intencionalidad. Algunas dificultades de la teoría de la agencia material y el enfoque ecológico. Estudios de Filosofía, 56(56), 152-178. https://doi.org/10.17533/udea.ef.n56a09

Vega Encabo, J. (2010). Estado de la cuestión: Filosofía de la tecnología (Philosophy of Technology: State of the Art). THEORIA, 24(3), 323-341. https://doi.org/10.1387/theoria.709

Recursos en línea

Franssen, M., Lokhorst, G.-J., & van de Poel, I. (2009). Philosophy of Technology. https://plato.stanford.edu/archives/fall2024/entries/technology/

Preston, B. (2022). Artifact. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2022). Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/artifact/

Schlosser, M. (2019). Agency. En E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019). Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/agency/

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Cómo citar esta entrada

Lawler, D. (2026). Agencia y artefacto. Enciclopedia de la Sociedad Española de Filosofía Analítica. http://www.sefaweb.es/agencia-y-artefacto/

La ética del aborto

El aborto es la interrupción intencional de un embarazo. Este es un asunto que puede analizarse desde perspectivas médicas, religiosas, jurídicas, sociales, de salud pública, etc. Sin embargo, en el centro de la discusión en torno al aborto hay ineludiblemente un debate filosófico y moral. Esta entrada aborda los aspectos morales en torno a la legislación que regula el aborto, los que tienen que ver con el estatus moral del embrión o feto, con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, así como los que se presentan a partir del avance de la tecnología reproductiva y la selección embrionaria.

1. Aspectos morales de las leyes que penalizan el aborto

En el debate acerca de la moralidad del aborto suelen mezclarse dos discusiones que deben distinguirse: la moralidad de las leyes que penalizan el aborto, por un lado, y la evaluación moral del acto mismo de interrumpir intencionalmente un embarazo, que tiene que ver principal, aunque no exclusivamente, con el estatus moral del embrión. Es necesario distinguirlas aunque la primera suele depender de la segunda. Muchos opositores al aborto confunden ambos planos: consideran que si el aborto es inmoral, entonces debe ser ilegal, pero esto no siempre se sostiene filosóficamente. Incluso si abortar fuera inmoral, no se seguiría que deba ser ilegal; no todos los actos moralmente incorrectos son, ni deben ser, penalizados. Ronald Dworkin , por ejemplo, argumenta que el aborto puede implicar una pérdida de algo valioso (como la vida potencial), pero que esta pérdida no justifica una prohibición legal, porque no todo lo moralmente valioso puede o debe protegerse mediante el derecho penal. Asimismo, hay quienes consideran que aun cuando el aborto puede ser moralmente problemático, prohibirlo legalmente sería injusto, contraproducente o ineficaz, especialmente en contextos de desigualdad.

Se ha argumentado que la penalización puede generar más daño que beneficio, induciendo a las mujeres a abortos clandestinos e inseguros, encarcelamientos injustos y violaciones de los derechos de las mujeres . Todo esto podría conducir a una evaluación moral negativa de la ley. Así, por ejemplo, suele afirmarse que cuando se penaliza el aborto no se reduce su incidencia, sino que se desplaza a la clandestinidad. Esto ha sido ampliamente documentado por organismos internacionales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos, pero sí aumentan su peligrosidad: “En los países en donde el aborto está muy restringido por la ley, la mayoría de los abortos son inseguros” . Bajo un contexto de inseguridad, aumentan los casos de morbilidad y de mortalidad materna, mientras que en contextos donde el aborto es legal y siguiendo las recomendaciones sanitarias de la OMS, es más seguro que un parto .

También se argumenta que la penalización del aborto es discriminatoria. En primer lugar, porque es una forma de discriminación sexual entre hombres y mujeres. Las leyes que penalizan el aborto afectan directamente a las mujeres porque es un procedimiento que solo ellas necesitan, ya que solo ellas pueden quedar embarazadas . Además, las cargas del embarazo y la crianza recaen abrumadoramente sobre las mujeres, y aunque los hombres pueden participar hasta cierto punto en el proceso, las leyes que penalizan el aborto fomentan que las mujeres enfrenten estas cargas. La penalización también es discriminatoria porque afecta desproporcionadamente a mujeres pobres, indígenas o con menor acceso a servicios médicos o asesoría legal. Las mujeres con recursos económicos y con mayor educación pueden acceder a abortos seguros ya sea viajando a lugares en donde el aborto es legal o en clínicas privadas en donde los abortos intencionales suelen disfrazarse de “abortos espontáneos”.

Otra discusión gira en torno a la cuestión de si es legítimo que el Estado imponga concepciones morales particulares, sobre todo si éstas se basan en consideraciones de carácter religioso —que suelen condenar el aborto—, en sociedades pluralistas y bajo un Estado laico en el que existen diversas concepciones del bien.

2. El estatus moral del embrión

Quienes favorecen la penalización del aborto suelen argumentar que éste no es un acto inmoral cualquiera, sino que debe ser ilegal porque el aborto constituye el asesinato de una persona con derechos que deben ser protegidos. Sin embargo, en el centro de esta discusión está la pregunta de si el embrión tiene estatus moral —es decir, si tiene un valor en sí mismo, y no en función de los intereses de terceros, y que ese valor nos imponga obligaciones morales—; esto se suele plantearse en términos de si es una persona a quien se le puedan adjudicar derechos. Quienes favorecen la despenalización suelen argumentar que el embrión no tiene estatus moral desde el momento de la concepción, sino que el valor del embrión es algo que se adquiere gradualmente. Entienden que, mientras no lo tenga, deben prevalecer los derechos de la mujer a decidir sobre su propia reproducción. Finalmente, hay quienes sostienen que el valor moral del embrión es contextual; también defienden que distintas circunstancias hacen más o menos permisible la realización de un aborto. Así, se pueden distinguir tres posturas en torno a la cuestión del estatus moral del embrión: absolutistas, gradualistas y contextualistas.

2.1 Absolutismo

Las posturas absolutistas afirman que el aborto siempre es inmoral, dado que constituye el asesinato del embrión, que es una persona con derechos desde el momento de la concepción, y por esa razón debe penalizarse .

Una vía para justificar el absolutismo es argumentando que la vida tiene un valor absoluto, que todos los otros valores son dependientes de, o son de menor jerarquía que ella, y que por lo tanto es siempre incorrecto privar a un embrión de la vida. Asimismo, se sostiene que, en un conflicto con los derechos reproductivos de la mujer, tiene mayor peso el derecho a la vida del embrión. Sin embargo, una objeción a esta postura es que el criterio de la vida es demasiado amplio: si la vida tiene un valor absoluto y todos los seres vivos tienen el mismo valor, entonces matar a cualquier ser vivo (no solo un embrión humano, sino también plantas, animales o incluso bacterias) sería moralmente incorrecto, lo que conduce a una ética impracticable . Típicamente, para resolver estos conflictos es necesario introducir un criterio
adicional al de la vida.

El absolutista puede contestar que no toda forma de vida tiene valor absoluto, sino solo la vida humana; pero entonces habría que explicar qué confiere un valor especial a la vida humana. Podría responderse en términos de las capacidades cognitivas que poseen los seres humanos (conciencia, autoconciencia, racionalidad, lenguaje, etc.). El problema radica en que el embrión no presenta ninguna de estas capacidades cognitivas sino hasta varias semanas después del inicio del proceso de gestación (como la conciencia o la sensibilidad), y algunas solo hasta después de nacido (como la autoconciencia o la racionalidad), de modo que el aborto no sería inmoral desde el momento de la concepción, como pretende el absolutismo, sino solo hasta que aparecieran esas capacidades.

Una respuesta del absolutismo es que si bien el embrión en sus primeras etapas no es todavía una persona, es una persona en potencia, es decir, que tiene la capacidad de convertirse en una persona y que por ello se le deben reconocer los mismos valor y derechos. No obstante, no solemos dar el mismo valor a las entidades potenciales que a las existentes: por ejemplo, no se valora igual un costal de semillas que un bosque. Tampoco le asignamos los mismos derechos a entidades potenciales que a las existentes: un príncipe puede ser un rey en potencia, pero no tiene los mismos derechos que el rey. Elizabeth Harman critica la idea de que un ser tenga valor moral simplemente porque podría llegar a ser una persona. Argumenta que la potencialidad no es suficiente para otorgar derechos o consideración moral. Muchos seres (como un óvulo fecundado que no se implanta, o incluso una célula madre) tienen potencial, pero no se les concede valor moral. Harman sostiene que la potencialidad por sí sola no basta para atribuir valor moral pleno a los embriones. Su valor depende de si realmente se desarrollarán como personas. Esto permite justificar el aborto temprano sin recurrir a negaciones absolutas del valor del embrión, pero también sin asumir que todos los embriones tienen el mismo valor solo por su capacidad potencial.

Otra vía de argumentación que tiene el absolutismo es afirmar que los embriones o fetos humanos tienen un valor especial porque son miembros de la especie Homo sapiens o tienen su genoma, y que dado que la especie tiene características que valoramos, el embrión tiene un valor especial. Sin embargo, no está claro por qué la mera pertenencia a una especie, que es un hecho biológico, confiere valor moral, sobre todo si los embriones no poseen todavía las características de la especie.

Una vía distinta de argumentación absolutista es la que toma el personalismo, una teoría para la que el concepto de persona es central. El personalismo —muy influyente en contextos católicos— afirma que cada individuo posee dignidad y valor inherentes en virtud de ser una persona. En el personalismo, el concepto de persona se fundamenta principalmente en la dignidad intrínseca del ser humano. Los personalistas enfatizan el valor inherente de cada ser humano, independientemente de su capacidad cognitiva, edad o condición. Si bien los personalistas reconocen aspectos como la relacionalidad, la agencia moral y la autoconciencia como características importantes de la condición de persona, estos no son prerrequisitos para ser una persona. En cambio, el ser humano se considera persona simplemente en virtud de su ser, no por lo que puede hacer o demostrar cognitivamente. En el contexto de la discusión sobre el aborto, la bioética personalista argumenta que el embrión debe ser considerado persona desde el momento de la concepción y se le debe reconocer el derecho a la vida desde ese momento . Sin embargo, el personalismo, o argumentos similares a los de esta postura, han sido frecuentemente criticados por razones similares a las ya expuestas: identifica de forma inmediata al ser humano con la persona, sin ofrecer una justificación filosófica robusta para dicha equivalencia . Desde otras corrientes, se objeta que la categoría de persona tiene una dimensión normativa, no meramente biológica, y que debe incluir elementos como la autoconciencia, la capacidad de tener intereses o de participar en relaciones morales . Además, se le critica por adoptar una ontología esencialista que otorga estatus moral pleno desde la concepción, lo que bloquea cualquier posibilidad de ponderación de derechos y conduce a conclusiones absolutistas difíciles de sostener ante casos límite (violación, inviabilidad fetal, riesgo materno, etc.).

Finalmente, un argumento prominente en la defensa del absolutismo es el de Don Marquis . Su propuesta destaca porque evita apelar a controversias sobre el estatus moral del embrión o su pertenencia a la especie humana, y en cambio se enfoca en lo que hace que matar sea, en general, algo inmoral. Lo que hace que matar a un ser humano adulto sea moralmente incorrecto no es su racionalidad, su pertenencia a la especie humana o su capacidad de sentir dolor, sino el hecho de que le priva de un “futuro como el nuestro”. Ese futuro contiene experiencias, actividades, proyectos y placeres que valoramos. Un embrión (desde muy temprano en su desarrollo) tendría ese mismo futuro, por lo que abortarlo es inmoral por la misma razón que lo es matar a un adulto: priva a alguien de un futuro valioso. “El aborto es, salvo en casos excepcionales, gravemente inmoral, hasta el punto de estar en la misma categoría moral que matar a un ser humano adulto inocente” . Sin embargo, el argumento de Marquis ha sido muy criticado. Entre otros, Walter Sinnott-Armstrong ha argumentado que el concepto de “pérdida” presupone que el embrión tiene derecho moral a un futuro, o al menos que tiene algún tipo de estatus que lo hace titular de ese futuro. Si no se justifica por qué el embrión tiene un derecho a ese futuro, no se puede concluir que ha sido privado de algo que le pertenecía. Además, Sinnott-Armstrong señala que la explicación de por qué es incorrecto matar no puede abstraerse completamente de la condición presente del sujeto (conciencia, deseos, etc.), lo que el argumento de Marquis intenta evitar. Por su parte, David Boonin critica el argumento de Marquis señalando que, incluso si aceptamos que el aborto priva al embrión de un futuro valioso, eso no implica necesariamente que sea inmoral, a menos que se muestre que el aborto viola derechos morales actuales del embrión.

2.2 Gradualismo

La postura gradualista —desarrollada por autores como Tooley , Valdés , McMahan , Ortiz Millán y DeGrazia — sostiene que el aborto es moralmente permisible dependiendo del grado de desarrollo del embrión, lo que determinará su estatus moral y su condición de persona. En las etapas iniciales del embarazo (cuando no hay sistema nervioso ni conciencia), el aborto es moralmente permisible, ya que el embrión no tiene conciencia ni otro tipo de estados mentales que le conferirían estatus moral; en etapas más avanzadas, cuando aparece la conciencia, la sensibilidad al dolor o cuando el feto ya es viable, la interrupción del embarazo requiere una justificación más fuerte.

Los gradualistas defienden que los conceptos de ser humano y de persona no son coextensivos, dado que un cigoto humano pertenece desde un inicio a la especie Homo sapiens y tiene el genoma de dicha especie, sin embargo, no es una persona desde el momento de la fertilización, sino hasta que desarrolla las características que le confieren valor, típicamente capacidades cognitivas. Los gradualistas se basan en una concepción según la cual una persona es un tipo de entidad a la que podemos atribuir características corpóreas o físicas, pero también mentales, como la conciencia. Algunos han encontrado esta definición de persona demasiado amplia y han intentado restringir el campo semántico del concepto elevando el umbral de lo que son las personas, sosteniendo que son las entidades a las que podemos atribuir no solo conciencia, sino también autoconciencia, capacidad de valorar, razonar, realizar acciones intencionales e incluso reconocer a otros individuos similares e interactua con ellos. No obstante, cuanto más se especifiquen las condiciones necesarias para la atribución de la condición de persona, más se restringe el conjunto de entidades que llamamos personas (por ejemplo, Tooley define a las personas como aquellas entidades que poseen autoconciencia, condición que no cumplen los bebés prelingüísticos, lo que implicaría la permisibilidad moral del infanticidio). Con todo, aunque el estándar para ser considerado una persona se fije simplemente en la posesión de estados mentales como la conciencia, ni los cigotos ni los embriones en etapas tempranas del embarazo caerían en la categoría de personas, por lo que no sería moralmente incorrecto terminar con su vida a través de un aborto.

Dependiendo de cuál sea el criterio para determinar la condición de persona de un embrión, será una cuestión empírica determinar en qué momento del desarrollo embrionario el individuo en gestación adquiere estatus moral o las características mínimas necesarias para que se pueda decir que es una persona. Los avances científicos en el neurodesarrollo embrionario dan información sobre la etapa en la que se puede afirmar que el embrión ha desarrollado la base neurofisiológica necesaria para atribuirle algún estado mental. Estos estudios indican que esta base no aparece en el momento de la concepción, sino entre las semanas 22 y 24 del embarazo. Solo entonces el feto ha desarrollado la placa cortical y la corteza cerebral, que permiten el surgimiento de estados mentales conscientes y de sensaciones .

2.3 Contextualismo

Como su nombre lo indica, las posturas contextualistas consideran que el aborto es moralmente permisible dependiendo del contexto. Estas perspectivas no parten de una postura esencialista acerca del estatus moral del embrión: el embrión no tiene valor en sí mismo, sino que su valor depende de la relación que la mujer gestante (o la pareja) establezca con él o de las circunstancias concretas en las que se da el embarazo y el aborto, así como del carácter y de los motivos de la mujer gestante. El aborto es o no permisible dependiendo del contexto.

Un ejemplo de una teoría contextualista que se compromete con una concepción relacional del valor del embrión es la ética del cuidado, desarrollada por autoras como Nel Noddings o Margaret Little . Su postura no se articula en términos del estatus moral del embrión, de derechos abstractos, estatus ontológico o principios universales, como en el utilitarismo o el principialismo, sino en términos de relaciones concretas, responsabilidades afectivas y contextos específicos. Según esta perspectiva, lo que confiere importancia moral al embrión es, en parte, la relación que desarrollemos con él. Si la mujer lo considera ya como su hijo, si establece una relación de cuidado, de preocupación por su bienestar, tiene un vínculo afectivo y de intimidad, entonces esa relación genera responsabilidades éticas reales. Si no hay tal vínculo —por ejemplo, en violaciones, embarazos forzados o no deseados—, la relación puede no generar las mismas obligaciones. Little argumenta que la moralidad del aborto debe evaluarse considerando el tipo de relación que la mujer establece (o no) con el embrión, lo cual es una dimensión ética irreductible a categorías normativas impersonales. Así, la moralidad no depende de la naturaleza del embrión en abstracto, sino de la relación afectiva que lo sitúa en un entramado de sentido.

La ética del cuidado se opone al uso del poder coercitivo del Estado para imponer una única moralidad sobre la maternidad o la gestación. Obligar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado desconoce su capacidad de juicio, vulnera su integridad moral y rompe los lazos de cuidado que deberían sostenerse en la confianza y el respeto.

Un enfoque contextualista distinto es el de la ética de la virtud. En su influyente artículo “Virtue theory and abortion”, Rosalind Hursthouse afirma que “el estatus del feto [… ] según la teoría de la virtud, simplemente no es relevante para la corrección o la incorrección del aborto”. Lo relevante para determinar la moralidad de un aborto no reside en el estatus moral del feto, sino el contexto en el que se da el embarazo y su interrupción. Partiendo de una perspectiva aristotélica, Hursthouse no sostiene una regla universal de que el aborto sea siempre permisible o siempre impermisible y que dependa del estatus moral del feto o de los derechos de las mujeres —aunque tampoco niega la importancia de los derechos, pero considera que la moralidad del aborto no se agota en su legalidad o permisibilidad formal—. Por otra parte, su enfoque también se distingue del contextualismo relacional como el de Little que subraya las relaciones de dependencia y cuidado como fuentes de valor moral. El aborto, afirma Hursthouse, es una acción moralmente significativa, y su evaluación moral depende de si la decisión refleja o no virtudes como la responsabilidad, la sabiduría, la compasión y la sensibilidad hacia la vida humana. La mujer que decide abortar no es moralmente indiferente y su decisión debe ser considerada en el contexto de sus circunstancias concretas: la situación personal, su edad, su deseo de tener hijos, su capacidad para criarlos, sus compromisos morales y relacionales. Esto implica que dos abortos pueden tener valoraciones morales distintas según el carácter de quien los realiza y los motivos implicados. Desde la ética de la virtud, una acción puede ser legal y aun así reflejar un vicio moral (por ejemplo, egoísmo o frivolidad), o puede ser moralmente correcta en un contexto doloroso aunque difícil de justificar mediante reglas generales. La postura de Hursthouse puede clasificarse como contextualista en la medida en que no parte de una postura esencialista acerca del estatus moral del embrión, rechaza reglas morales absolutas, enfatiza el juicio práctico situado y considera la complejidad del contexto moral de la mujer que se practica un aborto.

El contextualismo también toma en cuenta las condiciones del embrión y las circunstancias en las que se da el embarazo, como son las violaciones, el incesto, la coerción sexual, las malformaciones genéticas o congénitas y el riesgo para la vida de la madre, que suelen verse como razones para justificar moralmente un aborto y que son causas que muchas legislaciones reconocen como legítimas para interrumpir un embarazo. Por ello, el aborto no debe ser visto como un acto frívolo moralmente reprobable, sino que puede ser moralmente permisible —incluso responsable— en muchos casos, siempre que la decisión se tome en un marco de responsabilidad ética genuina, del ejercicio de virtudes morales, de autonomía situada y no de indiferencia. Esto es algo que la teoría gradualista también puede aceptar: ambas teorías rechazan enfoques absolutistas o binarios, y abogan por una evaluación matizada de la permisibilidad del aborto, tomando en cuenta una multiplicidad de factores éticamente relevantes.

Sin embargo, se han hecho objeciones a las teorías relacionales o contextualistas sobre el estatus moral del embrión. Por ejemplo, si se afirma que el embrión adquiere valor moral solo en virtud de la relación que se establece con él (por ejemplo, cuando la mujer lo desea, lo espera o lo reconoce), se corre el riesgo de incurrir en una petición de principio: se presupone valor para poder establecer la relación, y luego se afirma que la relación es la que genera ese valor. Esto sugiere una circularidad normativa: si la mujer lo gesta con afecto o lo considera su hijo, se dice que “ahora tiene valor”, pero para que se dé esa actitud (cuidado, responsabilidad, espera), ya hay implícito un reconocimiento de valor .

3. Los derechos de la mujer

Incluso concediendo que el embrión tuviera estatus moral, fuera una persona y tuviera derechos desde el momento de la concepción, de ello no se sigue automáticamente que la mujer tenga una obligación de llevar a término el embarazo y que el Estado pueda forzarla a gestarlo, sobre todo si se toman en cuenta sus derechos. Judith Jarvis Thomson ha sostenido que incluso reconociéndole al embrión la condición de persona y su derecho a la vida, no se sigue automáticamente que se pueda forzar a una mujer a gestarlo. En un conocido experimento de pensamiento, Thomson argumenta que si la vida de un famoso violinista dependiera de que alguien estuviera conectado a él por nueve meses, no se seguiría que esa persona tendría la obligación de mantenerse conectada. El punto clave de Thomson es que tener derecho a la vida no implica tener derecho a usar el cuerpo de otra persona para sostener esa vida. Así, Thomson cambia el eje del debate, que ya no se centra exclusivamente en torno al estatus moral del embrión, sino que se desplaza hacia una teoría de los derechos, de los límites del deber y del control sobre el propio cuerpo.

Otra vía similar que no entra a discutir el estatus moral del embrión, pero que reconoce los derechos fundamentales que tienen las mujeres, al tiempo que reconoce el derecho a la vida del embrión (sin absolutizarlo) es la que han tomado algunas cortes constitucionales y tribunales superiores (como sucedió en Colombia o en Alemania) para sus fallos sobre el tema. Éstas reconocen que estos dos derechos se encuentran en tensión y optan por una ponderación entre principios constitucionales, que es una técnica común en el derecho comparado contemporáneo, según la cual el derecho de la mujer prevalece durante las primeras etapas del embarazo (hasta el fin del primer trimestre, por ejemplo), mientras que el del feto lo hace en etapas posteriores.

Estos enfoques suelen tener en cuenta que las leyes restrictivas sobre el aborto violan los derechos de las mujeres. Se suele hacer referencia a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para englobar el conjunto de derechos que están en juego: el derecho a la salud, a la integridad, a la privacidad y a la libertad reproductiva, a la autonomía, a la dignidad y a la no discriminación, entre otros derechos . Las leyes restrictivas en torno al aborto, se argumenta, son violatorias de estos derechos, especialmente cuando obligan a continuar con embarazos inviables o producto de violación.

4. Aborto, tecnologías reproductivas y discriminación

Hay otras cuestiones en la discusión ética sobre el aborto que han cobrado relevancia debido sobre todo al avance de la tecnología reproductiva y la selección embrionaria (como el diagnóstico genético preimplantacional, la ecografía temprana o las pruebas genéticas no invasivas). Sobresalen las cuestiones sobre si es moralmente permisible abortar por razones como la selección del sexo del embrión, detección de alguna discapacidad o por rasgos genéticos no patológicos (selección por preferencias estéticas o sociales). Aquí confluyen temas de eugenesia, capacitismo, y discriminación estructural. Las tecnologías de selección fetal han ampliado el espectro ético del aborto, y han mostrado que la justificación del acto no puede desligarse del motivo. Aunque el derecho a decidir sigue siendo central, no toda decisión se considera éticamente neutral o aceptable. La selección por motivos discriminatorios puede reforzar prejuicios sociales, incluso si se ejerce individualmente. Quienes discuten estos temas (por ejemplo, ) buscan llegar a un equilibrio entre respetar la autonomía reproductiva y evitar prácticas socialmente perjudiciales o moralmente objetables.

5.Consideraciones finales

El debate ético sobre el aborto continúa siendo uno de los más complejos y cargados de tensiones normativas en la bioética contemporánea. A lo largo de esta entrada se han revisado distintas posturas y se han presentado argumentos filosóficos, jurídicos y feministas que muestran que no es posible resolver la cuestión únicamente apelando al estatus moral del embrión. Entre los desafíos pendientes se encuentran los dilemas planteados por el avance de la selección prenatal, los límites de la autonomía reproductiva, el papel del Estado en la regulación del aborto, y el papel de los varones en decisiones reproductivas. Estos temas invitan a seguir pensando el aborto no solo como una cuestión moral abstracta, sino también como un problema que exige una reflexión crítica situada, plural y sensible a las condiciones reales en las que ocurren los embarazos y sus interrupciones.

Gustavo Ortiz Millán
(Universidad Nacional Autónoma de México)

Referencias

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Como citar esta entrada

Ortiz Millán, Gustavo. (2026). Ética del aborto. Enciclopedia de la Sociedad Española de Filosofía Analítica http://www.sefaweb.es/la-etica-del-aborto/

Representación pictórica

¿Qué es una imagen? ¿Y qué la explicación de una imagen? Es larga la historia de las teorías que intentan explicar el fenómeno de la representación pictórica; cada una de ellas propone un conjunto de condiciones necesarias que caracterizan su identidad. Podemos comenzar la presentación de estas teorías introduciendo una especie de “pliego de condiciones” que reúna las siete características propias de las imágenes y que cualquier teoría deberá incluir en su explicación. Las dos primeras se refieren a la propia naturaleza de la explicación, las tres siguientes lo hacen al modo en que experimentamos la representación pictórica (a su fenomenología), y las dos últimas tienen que ver con cuestiones normativas sobre la corrección de las imágenes y la competencia necesaria para reconocer objetos en ellas.

1) Diversidad: Las imágenes son extraordinariamente diversas. Una teoría de la representación visual deberá dar cuenta de toda esa diversidad.

2) Independencia: La representación pictórica es, ante todo, una representación y es su funcionamento como representación lo que las teorías pretenden explicar, ese es su explanandum. La condición que sustenta ese funcionamento constituye el explanans y deberá ser anterior e independiente de la representación. Nos damos cuenta al comprobar que, para la mayoría de las imágenes, no necesitamos saber qué representan para poder ver algo en ellas.

3) Determinación: Las imágenes están más determinadas que otras formas de representación . Cualquier imagen posee un contenido pictórico mínimo, es decir, atribuye propiedades al objeto que representa. Esto sucede también cuando la imagen representa figuras genéricas, como las figuras que representan al género masculino o al femenino en los aseos públicos.

4) Perspectiva: Ver es siempre ver desde un punto de vista y la imagen sitúa al espectador frente a su objeto, aunque lo pueda hacer en distintos grados. Hay imágenes que incluyen varios puntos de vista (como las naturalezas muertas de Cèzanne), imágenes indeterminadas en cuanto a su punto de vista (como en el caso de las figuras de palo) o que no especifican puntos de vista de forma independiente (como el cubo de Nacker).

5) Visibilidad: Las imágenes solo pueden representar lo que es visible por lo que todo lo que puede ser representado pictoricamente también puede ser visto . Esto no solo significa que una representación pictórica retrata las propiedades evidentes del objeto, sino también que cualquier propiedad que la pintura atribuya al objeto será una propiedad a la que el espectador llega por indicios visuales (como las arrugas en la cara revelan el estado de ánimo del modelo).

6) Los límites de una representación correcta: a pesar de ser posible representar de forma errónea un objeto, hay límites claros para la distorsión . Podemos representar un gato con los colores del arcoiris, pero no lo podemos representar como un perro.

7) Transferencia: Las imágenes están dotadas de generatividad propia, que se traduce en el fenómeno de la transferencia visual . Si una niña reconoce la fotografía de un gato y también sabe cómo es un perro en la vida real, será capaz de reconocer un perro en una fotografía. Al contrario que en la lengua: aunque una niña conozca la palabra inglesa “cat” y sepa cómo es un perro real, no será capaz de reconocer naturalmente qué quiere decir la palabra “dog” si no aprende el significado del término.

Provistos de este pliego de condiciones, veamos las ventajas explicativas de las teorías contemporáneas más relevantes de la representación pictórica, divididas en tres grupos. En el primer grupo incluiremos las teorías de la semejanza, en el segundo, las teorías de la experiencia y, en el tercero, las teorías convencionalistas.

1. Teorías de la semejanza

Desde el Crátilo de Platón, la semejanza ha sido una condición central —y controvertida— de la representación pictórica. Comprendemos las imágenes porque detectamos semejanzas en ella. Esa dimensión visual diferencia profundamente el acto de ver una imagen del de leer una palabra o interpretar un símbolo. Aunque filósofos como Nelson Goodman defendían que en el límite todo puede representar casi todo, parece más intuitivo considerar que las imágenes son, ante todo, fenómenos visuales. Cualquier teoría de la representación pictórica que ignore esta base visual corre el riesgo de estar comprometida desde el inicio. La propuesta más desarrollada en este campo es la de John Hyman, que rechaza la idea de que la semejanza sea una relación simple. En su lugar propone entenderla como una relación invariable entre líneas, formas y colores en la superficie de la imagen y su figura interna. La distinción entre “figura interna” (aquello que vemos cuando miramos la imagen) y “externa” de las imágenes (el objeto exterior al que nos remiten) se basa em la distinción fregeana de sentido y referencia: dos retratos del mismo modelo pueden tener la misma referencia, pero sentidos diferentes, de acuerdo a la figuración adoptada . Por tanto, la semejanza no explicaría la referencia de la imagen, sino su modo de presentación, su sentido.

Hyman identifica tres principios que definen la semejanza perceptiva . El primero es la forma de oclusión: el contorno visible del objeto —tal como lo dibujaríamos en un vidrio transparente entre nosotros y la cosa representada. El segundo principio, el tamaño relativo de oclusión, esencial para entender las imágenes anamórficas, reconoce que el tamaño aparente depende de la distancia y del punto de vista. El tercer principio se refiere al color de apertura, un concepto de la psicología de la percepción que consiste en aislar porciones de color para hacer una comparación objetiva entre una imagen y el objeto, incluso bajo diferentes iluminaciones. Para Hyman, estos tres princípios serían suficientes para garantizar la objetividad de la semejanza y, con ella, la comprensión de las imágenes como fenómenos visuales fundados en propiedades constantes. No obstante, esa tentativa de eliminar la subjetividad acaba por revelar las limitaciones de la teoría.

Por ejemplo, al dejar de lado la psicología de la visión, Hyman ignora el papel activo del observador. Muchas imágenes manipulan deliberadamente los mecanismos visuales —como los patrones de Akiyoshi Kitaoka— creando ilusiones de movimento o profundidad. Tales efectos no son resultado de propiedades objetivas, sino de la forma en que el cerebro interpreta los estímulos visuales. Además, a lo largo de la historia del arte, encontramos sistemas pictóricos que desafían los principios de oclusión: por ejemplo, en la Antigua Grecia se representaban círculos sesgados mediante formas que no corresponden a las elipses prescritas por la perspectiva moderna. A pesar de lo cual los reconocemos como círculos. Esto sugiere que hay un límite condicionado culturalmente para lo que se considera semejante y que la objetividad no es absoluta.

El principio de color de abertura también presenta dificultades. Incluso en obras hiperrealistas es imposible replicar la iluminación de una escena real. Aún así, admiramos la “luz” de Monet o de Vermeer, incluso cuando los colores no coinciden con ninguna referencia objetiva. Lo cual indica que el reconocimiento de semejanza depende de relaciones cromáticas globales y no de la correspondencia exacta de colores aislados.

Finalmente la teoría de Hyman se enfrenta a una tensión entre dos requisitos fundamentales: independencia y diversidad. Una teoría objetivista debería permitir reconocer lo que está representado sin conocimiento previo. Sin embargo, en muchos casos, solo conseguimos identificar lo que representa una imagen porque ya sabemos qué buscar. Al mismo tiempo, imágenes extremadamente diferentes (realistas, caricaturescas, esquemáticas) pueden representar el mismo objeto. Esto desafía la idea de que hay un conjunto fijo de propiedades visuales invariantes capaces de sustentar la representación.

El viraje fregeano de Hyman al separar sentido y referencia es un avance importante, pero insuficiente, para resolver el dilema entre objetividad y diversidad. La teoría de la semejanza perceptiva sigue siendo una propuesta valiosa, especialmente por el intento de fundamentar la representación pictórica en criterios visuales rigurosos. Sin embargo, la experiencia estética y la historia del arte nos demuestran que cualquier teoría que se pretenda universal tendrá que integrar inevitablemente los factores psicológicos, culturales e históricos que moldean nuestra percepción de lo que es, o no es, semejante.

2. Teorías de la experiencia

a. Experiencia de semejanza

Las teorías de la semejanza experimentada defienden que la observación de un objeto puede ser reproducida por una experiencia causada por una configuración visual. Christopher Peacocke propone que la naturaleza visual de las imágenes transita de la interacción entre la forma ocupada por la imagen en el campo visual del observador y la forma que el objeto representado tendría en ese mismo campo visual si fuera directamente observado. Peacocke llama a esta interacción “relación-C” (C se refiere al campo visual del espectador).

La relación-C describe una analogía entre la experiencia visual proporcionada por la imagen y la experiencia de ver el propio objeto. Si una imagen ocupa una región de campo visual semejante a aquella que un objeto como una silla ocuparía, se dice que esa imagen está C-relacionada con el concepto “silla”. Tal como Hyman, Peacoke mobiliza la distinción fregeana entre sentido y referencia, traducida aquí en la oposición entre propiedades sensoriales (dependientes de la percepción visual) y propiedades representacionales (relativas al contenido físico de la forma).

Por ejemplo, al observar el tablero de una mesa blanca y rectangular, percibimos su forma física constante —un rectángulo. Sin embargo, si la vemos de lado, su apariencia en el campo visual será trapezoidal y distorsionada. Esa discrepancia define la experiencia sensorial. La semejanza entre imagen y objeto, para Peacoke, reside en la analogía entre estas formas sensoriales y las físicas. Con todo, él reconoce que la correspondencia exacta entre ambas no es ni necesaria, ni suficiente. Un mapa de Italia, por ejemplo, no se experimenta siempre como una bota.

La teoría es intencionalista: una imagen solo es una representación si obedece a la intención de suscitar una relación-C. Mas el objetivo no es que una imagen se asemeje al objeto, sino que provoque una experiencia análoga a la de ver un objeto. En el caso de las caricaturas, como el célebre dibujo de Louis-Philippe como una pera, por Philippon, esa analogía se vuelve problemática. La imagen busca representar una distorsión del objeto, no el objeto en sí. ¿Cómo explicar la experiencia de semejanza, si la imagen no está C-relacionada con el rey real, sino con una deformación que no tenemos razones para reconocer directamente?

Este impasse revela un límite de la teoría: confiar solo en propiedades sensoriales no basta para garantizar la semejanza representacional. Si Peacoke considerase las propiedades representacionales, sería posible explicar cómo reconocemos al rey, incluso en una deformación, a través de nuestra experiencia previa de su aspecto.

Robert Hopkins ofrece una alternativa más robusta. Para él la representación pictórica es una experiencia de semejanza entre la forma de contorno exhibida en la superficie de la imagen y la del objeto representado. Esta forma de contorno es objetiva, definida geometricamente y no depende del campo visual subjetivo del espectador. La experiencia de “ver-en” se torna así en la experiencia de semejanza.

Hopkins consigue explicar por qué continuamos reconociendo el mismo objeto cuando la forma está distorsionada (como en las caricaturas o en los monigotes) atribuyendo esa deformación al estilo o la intención del autor. No obstante, también aquí permanece el problema del reconocimiento: para experimentar esa semejanza es ya necesario ver algo en la imagen —lo que suscita dudas sobre la independencia de la representación en relación al conocimiento previo del espectador.

b. Experiencia de ilusión

Ernst Gombrich inauguró el tratamento contemporáneo de la representación pictórica con su teoría de la ilusión parcial, entendida como una experiencia de “ver-como”. Para Gombrich un cuadro funciona como un repositorio de pistas gráficas que inducen una experiencia perceptiva semejante a la de estar ante el objeto representado —pero sin confundir al espectador. La ilusión no implica la garantía de estar delante del objeto real (como en el trompe l’oeil), sino tener una experiencia cuyo contenido es equivalente al contenido representacional del cuadro.

La ilusión no es, por tanto, una alucinación ni un error de juicio. Se trata de una experiencia perceptiva causada por un objeto representado de forma diferente de aquello que es. Un cuadro naturalista representa un cierto estado de cosas y el espectador participa de la representación como si lo experimentase directamente. Gombrich insiste en que esa experiencia no puede integrar simultáneamente la atención a las marcas en la superficie y la visión del objeto representado —el foco debe estar en la construcción activa de la imagen por el observador.

La psicologia constructivista del New Look y la epistemología de Karl Popper sostienen este enfoque: la percepción no es pasiva, sino un processo activo de proyección de esquemas visuales sobre datos sensoriales incompletos. Un cuadro, incluso con una información visual limitada, invita al espectador a completar la imagen, muchas veces “viendo” lo que no está objetivamente presente.

Esa visión se aplica también a la actividad del artista. El arte tiene una historia porque los artistas ensayan y transmiten esquemas pictóricos que van siendo perfeccionados continuamente —un processo de ensayo y error, de “hacer antes de corresponder” (“making before matching”). Gombrich desarrolla esta tesis en Arte e ilusión, defendiendo que toda representación pictórica es conceptual, que depende de convenciones históricas, y que la ilusión es construída culturalmente, no recibida de modo inocente.

Con todo, la teoría encara poderosas críticas. El concepto de “ilusión” es excesivamente amplio y se vuelve vago. Gombrich tiende a minusvalorar movimientos como el cubismo, viéndolos como un rechazo desesperado de la ilusión. Su concepción histórica del arte como un proceso acumulativo de pintura conceptual para crear ilusión es impugnada sobre todo frente al arte moderno y del siglo XX. La relación entre el estilo pictórico y la sustitución de un objeto también se revela inestable —pues cualquier imagen puede, en ciertos contextos, convertirse en el sustituto de un objeto.

La crítica más sistemática procede de Richard Wollheim , que apunta a dos debilidades: la complejidad del modelo (ver-como exige dos tiempos de percepción) y la omisión del las intenciones del autor. Como alternativa, Wollheim propone que la representación pictórica se comprenda a través de tres capacidades perceptivas: ver-en, percepción expresiva y deleite visual. Estas tres capacidades sustentan los tres poderes de la pintura: representar el mundo, expresar estados mentales y proporcionar placer visual —este último ligado a la muchas veces despreciada dimensión decorativa. De este modo, Wollheim transforma la crítica a la teoría de Gombrich en la base de una explicación más abarcante e integrada de la imagen pictórica.

c. Experiencia de ver-en

En la introducción de Arte e ilusión, Gombrich destaca la dificultad de identificar el momento en que dejamos de ver marcas en la superficie de una imagen para ver el objeto representado —la “magia fugitiva de la transformación”. Richard Wollheim parte de esta observación para defender que la base de nuestra relación con todas las imágenes es precisamente esa experiencia doble: ver simultáneamente la superficie marcada y el objeto representado. Al contrario de Gombrich, que concibe esa alternancia como una oscilación entre dos experiencias distintas, Wollheim defiende que se trata de dos aspectos inseparables de la misma experiencia perceptiva, a la que denomina “ver-en”.

Ver una representación como representación exige esa atención doble: a la superficie y al objeto. Wollheim ofrece dos argumentos en favor de esa tesis. El primero, descriptivo, sostiene que la atención doble responde a la forma en que vemos las imágenes efectivamente. El segundo, normativo, defiende que esa es la forma en que debemos verlas, puesto que es así como operan historicamente en el campo del arte. Además, Wollheim distingue entre ver-en y ver-como: lo segundo se refiere a la percepción directa de algo como otra cosa (como ver una nube como un conejo), mientras que el primero se refiere a la percepción de algo ausente o inexistente en una superficie marcada.

Wollheim atribuye cuatro funciones centrales al ver-en. En primer lugar, proporciona un fundamento objetivo y no relativista a la representación pictórica. Segundo, permite incluir formas como la pintura abstracta en el campo de la representación, pues también exige esa capacidad perceptiva. Tercero, muestra como esa misma facultad puede sostener lecturas simbólicas complejas, a partir de información suficiente. Y, finalmente, reafirma la intuición de que la representación pictórica es, ante todo, un fenómeno perceptivo —no cultural, imaginativo o conceptual.

Para distinguir el ver-en pictórico de otras formas de ver-en (como ver objetos en las manchas de humedad o las nubes), Wollheim introduce un estándar de corrección, basado en la intención del autor. Ver correctamente una imagen requiere reconocer lo que el autor quiso representar. Eso permite distinguir la representación pictórica de otras imágenes: algunas sin estándar de corrección (como los tests de Rorschach) y otras con estándar de corrección, pero no intencional (como las fotografías).

Una consecuencia importante de este enfoque es el rechazo a considerar representaciones ciertas imágenes que suprimen un polo de la experiencia. En el trompe l’oeil, el espectador olvida la superficie marcada, engañado por la verosimilitud. En pinturas abstractas como Vir Heroicus Sublimis, de Barnett Newman, la superficie rechaza cualquier profundidad. Wollheim considera que en ambos casos hay un desequilíbrio que compromete la representación pictórica como tal.

Ahora bien, esta postura genera controversia, sobre todo por su rigidez clasificatoria, que excluye del dominio de la representación muchas formas de arte contemporáneo. Aún así, la teoría de Wollheim continúa ofreciendo uno de los modelos más influyentes y coherentes sobre cómo experimentamos las imágenes pictóricas.

d. Experiencia imaginada

¿Y si la experiencia visual proporcionada por las imágenes fuera simplemente imaginada? Esta es la propuesta de Kendall Walton que recupera y amplía la noción de ilusión de Gombrich, integrando las ideas de Ryle sobre imaginación y hacer como-si, al tiempo que se considera continuador de la noción de ver-en de Wollheim.

Sin embargo, mientras el dualismo de Wolheim implica ver las marcas en una superficie X y, simultáneamente, visualizar un objeto Y, Walton propone una distinción más nítida: vemos X e imaginamos Y.

Para Walton, visualizar Y al ver X sería introducir otra experiencia, violando la integridad de la experiencia unitaria de ver-en. La solución es distinguir entre dos dimensiones no rivales: percepción (X) e imaginación (Y). Así, la experiencia de ver una imagen es un juego de hacer-como-si (make-believe) perceptivo, en el cual el observador se mantiene consciente de las marcas en la superficie y, a la vez, imagina que ve el objeto representado.

Según Walton, ver el objeto Y en la superficie X es imaginar que la experiencia de Y es la experiencia de X. O sea, no basta imaginar que el objeto visto es otro; es preciso imaginar que ver X es como ver Y. La imagen funciona como un utensilio que dispara este juego imaginativo —análogo al modo en que un niño usa una escoba para fingir que es un caballo. Mas, al contrario de la literatura, donde imaginamos contenidos sin una base visual, la imagen implica imaginación dirigida por la percepción: imaginamos a Isabel de Portugal según vemos el cuadro de Tiziano.

A pesar del intento de Walton de integrar su propuesta con la de Wollheim, este rechaza la asociación. Para Wollheim, ver-en es percepción, no imaginación, y enfatiza esa distinción por varias razones:

La imaginación es voluntaria; ver-en es involuntario muchas veces.
La imaginación prescinde de pormenores visuales, mientras que ver-en
depende de ellos.
La imaginación no requiere atención continua a la superficie; ver-en la
exige.
Podemos imaginar sobre lo que vemos, pero eso es diferente de imaginar
sobre algo ya imaginado.

Un ejemplo ilustra bien esta crítica: al ver el retrato de Isabel de Portugal vemos que sostiene un libro. Podemos imaginar que es la Biblia. Pero distinguimos claramente lo que vemos (el libro) de lo que imaginamos (que es una Biblia). Para Wollheim esta distinción es fundamental, mientras para Walton ambos estados serían imaginativos, que conduce a una fusión indeseada entre ver e imaginar. Así pues, una teoría coherente de la representación pictórica debe permitir distinguir lo que es visto de lo que solo es imaginado. En caso contrario, como argumenta Wilson , se pierde la claridad entre experiencia perceptiva e inferencia imaginativa —una frontera esencial para comprender cómo vemos (o no) en las imágenes realmente lo que representan.

3. Convención

Wollheim no conseguía concebir una teoría de la representación pictórica no basada en la experiencia visual. Al contrario, Nelson Goodman propone exactamente eso: una teoría semiótica que rechaza los fundamentos perceptivos y trata las imágenes como constructos simbólicos. Aunque parece contrariar nuestras intuiciones sobre la relación entre imágenes y objetos representados, Goodman desmonta convincentemente las teorías que basan la representación en la semejanza visual, argumentando que tal semejanza es circular —solo reconocemos la semejanza cuando ya sabemos lo que está representado.

El modelo de Goodman se estrutura en dos momentos: demostrar que las imágenes funcionan como sistemas simbólicos para después identificar lo que las distingue de los otros sistemas, como los lingüísticos o los notacionales. Según él, las representaciones pictóricas forman parte de los sistemas representacionales, que se distinguen de los lingüísticos y notacionales porque no exigen discrección sintáctica ni articulación.

Las imágenes comparten con los sistemas simbólicos cuatro características centrales:

Denotación: la imagen se refiere a un objeto existente, siempre que haya identidad entre la referencia y lo que es retratado.
Predicación: una imagen atribuye propiedades a su referente, como el retrato de Isabel de Portugal sugiere predicados como “mujer pálida” o “noble”.
Independencia entre la denotación y la predicación: es posible predicar sin denotar, como sucede en las imágenes de los personajes ficcionales.
Predicación sin referencia: una imagen de un unicornio, por ejemplo, es una
predicación visual, sin que haya referencia real.

Al contrario que los sistemas lingüísticos, las imágenes no se basan en reglas codificadas, sino en prácticas culturales inculcadas. La inculcación sustituye al concepto de convención, funcionando a través del hábito, no de una regla explícita. La idea de “realismo”, por ejemplo, no traduce la adecuación objetiva entre imagen y mundo, sino la proximidad entre el sistema pictórico de la imagen y el sistema estándar vigente en una cultura. Así, Goodman proporciona la mejor explicación posible para el requisito explicativo de la diversidad de las imágenes.

Las imágenes se distinguen además por ser analógicas y por su saturación relativa. Son sintáctica y semánticamente densas, es decir, pequeñas diferencias en las marcas gráficas implican diferencias de significado, y hay un número potencialmente infinito de significados atribuibles a una sola imagen. Esto contrasta con los sistemas notacionales, que son discretos y articulados. Por ejemplo, una pequeña alteración en la línea de un dibujo puede implicar un carácter (símbolo) completamente distinto, lo que no sucede con la letra en una palabra.

Estas características vuelven más ambiguas las imágenes (una imagen puede representar varias entidades), redundantes (varios caracteres pueden representar el mismo objeto) y no diferenciadas (siempre se pueden crear nuevos caracteres para nuevos objetos). Goodman afirma que esas propiedades explican por qué las imágenes funcionan como símbolos con reglas propias, sin depender de la percepción visual.

Este modelo ofrece dos ventajas: propone una teoría unificada de los sistemas de símbolos (del lenguaje verbal a los diagramas) y acomoda bien la diversidad de los sistemas pictóricos. No obstante, también encara problemas centrales. Primero, lo que define la naturaleza simbólica de la imagen (la analogía y la saturación) no explica la fenomenología de la experiencia visual (en realidad, Goodman no concede ninguna importancia a las características fenomenológicas de nuestro “pliego de condiciones”). Por otro lado, aquello que intenta explicar esa experiencia —la familiaridad— tampoco aclara lo que convierte una imagen en un símbolo. La teoría oscila entre una explicación del funcionamento simbólico y una descripción de lo que significa ver algo representado en una imagen.

Además, Goodman no proporciona ejemplos empíricos fuertes que sustenten su tesis sobre la arbitrariedad de los sistemas pictóricos. Falta evidencia de sistemas reales en los que las correlaciones simbólicas hayan sido completamente alteradas. Y si algunas imágenes innovadoras permiten el reconocimiento inmediato incluso fuera de sistemas familiares, y si sistemas como el lenguaje, aun siendo fuertemente familiares, no generan semejanzas con sus referentes, entonces el concepto de inculcación no basta para explicar la especificidad de las imágenes visuales. Goodman tampoco responde al sexto requisito porque admite que no hay formas incorrectas de representar pictoricamente.

Otro problema es el anti-psicologismo de la teoría. Goodman rechaza la psicología de la percepción y describe la inculcación como un tipo de aprendizaje, remitiéndonos sin querer a procesos psicológicos. Así pues, sus princípios formales parecen depender, finalmente, de la forma en que los humanos aprenden e interpretan los símbolos —lo que contradice la pretensión de independencia de la psicología.

La transferencia visual es otro punto difícil. Conocer la palabra “cat” en inglés y saber lo que es un perro, no permite reconocer la palabra “dog”. Mas, con las imágenes hay algo que permite ese reconocimiento cruzado —algo que la teoría de Goodman no explica adecuadamente porque asimila demasiado el funcionamento simbólico de los dos sistemas.

Los contraejemplos abundan: hay dispositivos simbólicos análogos y saturados relativamente que no son imágenes, o imágenes que funcionan como representaciones sin depender de esos criterios . Lo cual suscita la cuestión sobre qué distingue, en el fondo, la imagen de los símbolos restantes.

Goodman trata de responder con el concepto de familiaridad, que convierte en “automática” la correlación entre el símbolo gráfico y su significado. Pero, aún así, parece subsistir una diferencia crucial entre la naturaleza del significado y la naturaleza de la representación pictórica que se esconde en la propia gramática: normalmente decimos que las palabras significan mientras que las imágenes representan. Pueden ser formas diferentes de lidiar con las intenciones del autor, si queremos evitar ceder a la psicología de la percepción, pero no todos los usos representacionales implican intenciones, lo que levanta dudas adicionales. Por ejemplo, los bebés reconocen objetos en las imágenes sin tener conciencia de la intención representacional implicada.

John Kulvicki intentó resolver estos problemas proponiendo una versión revisada de la teoría semiótica. Mantiene los conceptos de analogicidad y saturación y añade tres nuevas características:

Sensibilidad: cualquier variación gráfica es relevante sintácticamente
Riqueza: cada alteración gráfica genera una nueva denotación
Transparencia: una parte de una imagen que representa algo comparte propriedades con lo que representa

Es esta última, la transparencia, la que introduce la idea de un “contenido básico de la imagen”, como el patrón de luz y sombra en una fotografía en blanco y negro. Ese contenido sería el mínimo necesario para que un espectador reconociese conceptos como “caballo” u “hombre”.

Ahora bien, incluso esta versión permanece vulnerable a las mismas críticas: falta de atención a las intenciones del artista y persistencia de contraejemplos. Además, esas cuatro propiedades propuestas no son ni necesarias ni suficientes para definir lo que es una imagen.

Al final, la salida del impasse parece pasar por recuperar un enfoque más experiencial: no considerar la naturaleza de la imagen a partir del proceso que la genera sino de la experiencia visual que provoca. Y ahí, como en un círculo inevitable, regresamos a las teorías perceptivas y la idea de semejanza como clave para comprender lo que hace de algo una imagen.

Vítor Moura
(Universidade do Minho)

Referencias

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Lecturas recomendadas

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Como citar esta entrada

Moura, V. (2025). Representación pictórica. Enciclopedia de la Sociedad Española de Filosofía Analítica. http://www.sefaweb.es/representacion-pictorica/