Ética y genética

1. Introducción

El avance de la genética es continuo. Por ello, es difícil teorizar sobre los efectos sociales y morales de este fenómeno sin aludir al futuro, inmediato o mediato. En lo que sigue, presento un panorama de algunos de los problemas éticos que la genética humana, como disciplina científica, plantea hoy y de los que previsiblemente planteará en un futuro próximo (dejaré de lado, en general, especulaciones más audaces sobre lo que podría ocurrir en un futuro más lejano).

Los desafíos morales de la genética humana que discutiré aquí son de dos tipos. El primero se refiere al manejo adecuado de la información genética de las personas (sección 2.). Allí mencionaré varios de los problemas involucrados, pero me concentraré en dos: el problema del acceso a la información genética por parte de la propia persona (2.1.) y del sistema de salud (2.2.). El segundo tipo de desafío que trataré es el de la modificación genética (sección 3.). Allí abordaré cuatro controversias centrales: la que se refiere a los posibles daños a personas que no consienten (3.1.), la vinculada con la investigación con sujetos humanos (3.2.), la cuestión de la justicia distributiva, y, por último, la controversia específica sobre el mejoramiento genético (3.3.).

2. La información genética

Los avances científicos en el campo de la genética permiten obtener información que se encuentra en nuestros genes. Se han desarrollado tests genéticos que pueden correlacionar determinados genes con ciertos determinados rasgos fenotípicos. El caso más interesante es el de la correlación con enfermedades. Hay dos tipos de correlación relevantes. Por un lado, se encuentran las enfermedades monogenéticas, es decir, producidas por la mutación de un solo gen. En este caso, la detección de la mutación en un individuo permite predecir con certeza el desarrollo fenotípico de la enfermedad en ese individuo. Las enfermedades monogenéticas son infrecuentes y, en su mayoría, muy graves. Algunos ejemplos son la fibrosis quística (la enfermedad monogenética más frecuente), el mal de Huntington, la hemofilia, o la anemia falsiforme. Por otro lado, se encuentran las enfermedades multifactoriales, en las cuales concurren factores genéticos múltiples (más de un gen involucrado) y factores ambientales. Es el caso de las enfermedades más frecuentes: el cáncer, las enfermedades coronarias, la diabetes, el mal de Alzheimer, entre muchas otras. Los tests genéticos para enfermedades monogenéticas permiten predecir la ocurrencia de la enfermedad de una generación a la siguiente de acuerdo con las leyes de Mendel (algunas enfermedades monogenéticas son recesivas y otras dominantes). En cambio, los tests desarrollados hasta el momento referidos a enfermedades multifactoriales (por ejemplo, los referidos al cáncer de mama, cáncer de próstata, mal de Alzheimer, entre otros) permiten establecer, como máximo, un aumento de la probabilidad de contraer la enfermedad. Estos tests pueden realizarse en forma prenatal (en el feto o el embrión), en forma preconcepcional (en las gametas) o en forma posnatal (en personas adultas o niños).

En la medida en que los tests genéticos tienen un (mayor o menor) poder predictivo, surge la pregunta de quién tiene derecho a acceder a esa información (y bajo qué condiciones). Los interesados potenciales son diversos, entre otros: la propia persona afectada, sus familiares, los empleadores, los seguros de salud (o el sistema de salud), los seguros de vida, y el Estado. Me restringiré a considerar brevemente dos casos: la propia persona y el sistema de salud.

2.1. El derecho a no conocer

El derecho a acceder a la propia información genética es, a primera vista, poco interesante. Parece obvio que todos tenemos derecho a acceder a cualquier información acerca de nosotros mismos. Sin embargo, el caso de la información genética tiene una peculiaridad interesante: cuando la propia persona es, a la vez, la fuente de la información y la que la recibe, puede ocurrir que ella no desee conocerla. Se plantea así, no sólo el problema de determinar el alcance del derecho a conocer, sino también el alcance del derecho a no conocer la propia identidad genética (Chadwick et al., 1997, 2005). Esta situación se torna relevante éticamente cuando la decisión de acceder o no a esa información involucra a terceros. Un ejemplo que ilustra este problema es el del Mal de Huntington. Se trata de una enfermedad autosómica dominante, lo cual que implica que una persona con la enfermedad tiene un 50% de probabilidad de trasmitirla a sus hijos. La enfermedad acarrea gravísimos trastornos neurológicos y, finalmente, la muerte. Una característica peculiar de esta enfermedad es que se desarrolla después de los 30 años, esto es, cuando la persona ya se encuentra en edad reproductiva. El interrogante es, entonces, si una persona que tiene antecedentes familiares de la enfermedad tiene el deber moral de someterse a un test genético, antes de tomar la decisión de procrear. Hacerlo implica conocer con certeza que, en un futuro no lejano, se sufrirá una enfermedad gravísima e incurable. No hacerlo y tener hijos implica someterlos a un riesgo del 50% a esas personas futuras de sufrir esa misma enfermedad (Purdy, 2010).

            Para responder este interrogante deberíamos responder la pregunta más general acerca de cuáles son nuestros deberes hacia personas potenciales, es decir, personas futuras cuya existencia depende de nuestra voluntad (por ejemplo, un hijo o hija que podemos decidir tener o no). Por ejemplo, deberíamos determinar si tiene sentido, moralmente, afirmar que alguien ha “dañado” a una persona potencial, aun cuando sea cierto que la única alternativa a existir con ese daño (por ejemplo, una enfermedad) habría sido no (comenzar a) existir. No puedo aquí ingresar en esta compleja cuestión (sobre esto, véase, a modo de introducción, Roberts, 2019)

2.2. El acceso de los seguros de salud a la información genética

En el caso de los seguros de salud y, en general, del sistema de salud, la controversia varía sustancialmente dependiendo del modelo de prestación médica que se adopte: un sistema de seguros privados, un sistema estatal puro, o un sistema que combina de algún modo prestadores privados y estatales (para esta distinción, véase Pokorsky, 1994, pp. 96-97; HGAC, 1997, §2.3; Dworkin, 2000, p. 435; de Lora y Zúñiga, 2009, pp. 45-80). En cualquier caso, lo cierto es que tanto un seguro privado de salud como un ente estatal centralizado tienen razones de peso para querer acceder a la información genética de los potenciales pacientes (o clientes).

En el caso de un seguro privado de salud, la lógica es similar a la de los seguros de vida. La aseguradora calcula el riesgo de que se produzca la muerte del asegurado y, de acuerdo con ese cálculo estadístico, establece la prima. Dado que el riesgo no es igual en cada individuo, la aseguradora procura obtener la mayor cantidad de información para calcular ese riesgo: la edad, los antecedentes familiares de ciertas enfermedades (cáncer, enfermedades cardíacas, etc.), tabaquismo, práctica de deportes, entre otras. En la medida en que la información es más precisa y discriminada, la aseguradora puede calcular con mayor exactitud la relación entre el costo del seguro (la prima) y el riesgo. Si la información es imperfecta y, por lo tanto, personas con riesgos diferentes son agrupadas en una misma categoría de riesgo, se produce una transferencia de costos. Por ejemplo, si por ignorancia se ha ubicado a un individuo con menor riesgo en un grupo de personas con riesgo mayor, ese individuo estará costeando parte del seguro de las otras personas. Esta situación, llamada “selección adversa”, implica que alguien con mayor riesgo obtiene un seguro por una prima igual a la de aquellos con menor riesgo. La selección adversa es, hasta cierto punto, inevitable, dado que la información acerca del riesgo es siempre limitada e inexacta. Lo que no es inevitable es que la información sea asimétrica, es decir, que el asegurado posea información que la aseguradora no posee. El modelo privatista busca evitar esta situación de asimetría, debido a que hace más probable que se dé la selección adversa Esto ocurriría, por ejemplo, si al contratar un seguro de vida uno pudiera no revelarle a la aseguradora la edad: aquellas personas mayores (con mayor riesgo de morir) se podrían asegurar con la misma prima que las menores. Supongamos entonces que el desarrollo de los tests genéticos (prenatales o postnatales) permite predecir estadísticamente el riesgo de contraer un número importante de enfermedades. Si las aseguradoras tienen acceso a esa información como condición para establecer la prima, podrán calcular con mayor grado de discriminación que hasta el momento los diferentes riesgos y, por lo tanto, podrán hacer un cálculo más preciso de la prima. Si se les prohíbe acceder a esa información (o tomarla en consideración) para calcular la prima, entonces la selección adversa se hace más probable, dado que no se puede evitar que el asegurado sí tenga la posibilidad de conocer esa información.

            Tanto en los EE.UU. como en Europa se han levantado muchas voces en favor de una limitación del acceso a la información genética por parte de las aseguradoras (la Commission of the European Communities (EU); el Consejo de Europa; la Task Force on Genetic Information and Insurance (TFGII); véase Chambers, 1995). Ello ha derivado, en el caso de los EE.UU., en una ley que prohíbe a las aseguradoras utilizar información genética para imponer costos diferenciales o rechazar personas con predisposición genética a determinadas enfermedades (Genetic Information Nondiscrimination Act, promulgada el 21 de mayo de 2008). El argumento, generalmente, se basa en el potencial discriminatorio de dicho acceso: aquellos que poseen un perfil genético muy desfavorable (por ejemplo, los que son portadores de enfermedades monogenéticas) estarían excluidos de los seguros o deberían afrontar costos desproporcionados (TFGII, 1993).

            La alternativa al modelo privatista es un sistema universal de salud (o, al menos, algún sistema mixto muy cercano a él). El único modo de solucionar el problema de la selección adversa sin violar principios de justicia parece ser proveer a todas las personas de un seguro de salud independiente de sus condiciones físicas preexistentes (sean genéticas o de otro tipo) (Daniels, 1985; Dworkin, 2000). Podríamos pensar, entonces, que la información genética (como cualquier otra información acerca de una condición preexistente) no desempeñaría ningún papel en la distribución de servicios de salud. Sin embargo, esto no es exactamente así. Puede haber argumentos tanto utilitaristas (o de eficiencia) como deontológicos para justificar el acceso a la información genética de los potenciales pacientes.

El utilitarismo puede ofrecer varios argumentos para que la entidad administradora del sistema de salud tenga acceso, incluso coercitivamente, a la información genética de los potenciales pacientes. Este conocimiento podría contribuir a una mayor eficiencia global en la asignación de recursos. Por ejemplo, si un individuo posee propensión genética a ser diabético, puede ser eficiente tomar medidas preventivas, que son poco costosas (una dieta sin azúcar, por ejemplo), si éstas impiden el desarrollo de la enfermedad o lo retrasan considerablemente. Por supuesto, cuáles sean los estudios genéticos recomendables desde el punto de vista de la utilidad y cuál sea el grado de presión o coerción del sistema para que las personas se sometan a ellos es algo que el utilitarismo sólo puede responder caso por caso sobre la base de hipótesis empíricas.

Un deontologista también podría justificar el acceso a la información genética, argumentando que no es justo que las personas carguen con los costos de aquello de lo cual no son responsables o no pueden controlar y sí, en cambio, de sus elecciones. Esto lleva a considerar, al menos, la posibilidad de distinguir aquellas enfermedades que son consecuencia de circunstancias de aquellas en las que intervienen decisiones. Obviamente, el problema excede la cuestión de la información genética. Es legítima la pregunta de hasta qué punto es justo que todos carguemos con el costo de las consecuencias de actividades especialmente riesgosas que algunos individuos realizan voluntariamente, como fumar, realizar deportes peligrosos, etc. Los tests genéticos permitirían, en teoría, realizar la distinción entre la suerte y las decisiones de un modo más preciso. Aun así, pretender extraer decisiones concretas a partir de esta distinción es problemático por varias razones, entre otras, que la suerte y las elecciones se encuentran, en la realidad, íntimamente entrecruzadas (si, por mi genética, tengo un 60% de probabilidades de ser diabético y no me cuido, ¿soy responsable si la enfermedad se desencadena?) (Rivera López, 2004a).

3. Modificación genética

El segundo grupo de problemas éticos relacionados con la genética humana se refiere a la posibilidad, no ya sólo de conocer, sino de modificar la estructura genética de los individuos. Desde el punto de vista científico, la posibilidad de realizar modificaciones específicas en el ADN no es un producto de la ciencia ficción, sino de la realidad. La denominada “CRISPR-Cas9” es una técnica que actualmente permite realizar la remoción y reemplazo de segmentos de ADN (edición genética). De hecho, se han reportado hasta el momento (enero de 2020) tres casos de nacimientos de seres humanos genéticamente modificados (Cyranoski, 2019; Savulscu y Singer, 2019).

La modificación genética en seres humanos puede realizarse de diferentes modos que es necesario diferenciar. Por un lado, podemos distinguir entre modificaciones genéticas tendientes a curar enfermedades o condiciones consideradas dañosas (terapia genética) y modificaciones que constituyen mejoramientos respecto de cierto estado de “normalidad” (mejoramiento genético). Por otro lado, las modificaciones pueden realizarse en las células somáticas de un individuo, lo cual implica que esas modificaciones no son trasmitidas a la (posible) descendencia (modificación somática o en línea somática), o pueden realizarse en células sexuales (gametas) o embriones, es decir, en células totipotenciales, lo cual implica que esas modificaciones serán trasmitidas a las células sexuales y, por lo tanto, a la descendencia del individuo modificado (modificación germinal o en línea germinal).

            Las modificaciones genéticas que generan mayor preocupación moral son la terapia genética en línea germinal, y el mejoramiento genético en línea germinal. Naturalmente, la distinción entre terapia genética y mejoramiento genético (sea en línea germinal o no) plantea un problema previo: si la distinción entre tratamiento y mejoramiento es conceptual y éticamente defendible. No me detendré aquí en ese problema (para discusiones al respecto, véase Gert et al., 1996; Berger y Gert, 2005; Buchanan et al., 2000, pp. 139-141; Erler, 2017).

            La terapia genética en línea germinal y, más ampliamente, la modificación genética en línea germinal, han suscitado diversas preocupaciones, de las que discutiré cuatro: (i) preocupaciones ligadas al riesgo de daño a personas potenciales; (ii) preocupaciones ligadas a la investigación con sujetos humanos; (iii) preocupaciones de justicia distributiva; y, por último, (iv) preocupaciones específicas ligadas al mejoramiento (moral y cognitivo).

3.1 Riesgo de daño

Como hemos visto, una modificación genética en línea germinal practicada en un embrión o en las gametas antes de la fecundación implica que el individuo resultante de ese embrión o de esa fecundación tendrá dicha alteración en todas sus células. Ello implica que la modificación será heredada por su descendencia. Una primera preocupación posible es que esa modificación acarree efectos colaterales no deseados, efectos que serán propagados a las generaciones siguientes. De hecho, los casos reportados de seres humanos nacidos genéticamente modificados han generado un amplio rechazo basado, justamente, en los riesgos de daño que ello representa (Savulescu y Singer, 2019). Fundamentalmente, estos riesgos son de tres tipos (Koplin et al., 2019, p. 2). En primer lugar, el riesgo de que se produzcan otras modificaciones no deseadas en el genoma del individuo (y de su descendencia). En segundo lugar, el riesgo de que la modificación realizada, en sí misma, produzca efectos colaterales perjudiciales. Por último, los genes utilizados para disminuir riesgos a una cierta enfermedad (por ejemplo, creando inmunidad contra ella) puede acarrear la pérdida de inmunidad para otra enfermedad.

            Una dificultad central para determinar si la modificación genética ocasiona un (riesgo de) daño a la(s) persona(s) futura(s) es la de establecer la línea de base contrafáctica con la que se compara la situación supuestamente dañosa (es decir, la situación que ocurriría si la modificación no se hubiera realizado). En el caso de la terapia génica (en línea germinal), se han propuesto varias: la existencia de esa misma persona futura con la enfermedad (es decir, sin la terapia); la existencia de una persona futura “normal” (sin la enfermedad); el riesgo promedio de padecer una enfermedad dentro de la población en general (Dresser, 2004, p. 5). En una posición permisiva, John Harris, por ejemplo, opta por aceptar este último parámetro, para argumentar que, dado que la reproducción natural es “una actividad muy peligrosa”, con una tasa de nacimientos con defectos genéticos graves del 6%, la modificación genética tendría que ser muy deficiente para que no pudiera satisfacer ese estándar (Harris, 2015, p. 32).

            Una perspectiva habitual, cuando se trata de evaluar los riesgos y los potenciales beneficios de permitir ciertas prácticas o llevar adelante ciertas políticas, es la de si se justifica aplicar un “principio de precaución”, es decir, un principio de cautela que, en mayor o menor medida, le da más peso a evitar un mal que a obtener un beneficio social. Este principio ha sido arduamente discutido (véase Sunstein, 2005). Recientemente, en el marco de una defensa moderada de la modificación genética, se ha propuesto un principio de precaución “suficientista”, según el cual debemos tomar medidas para evitar el riesgo de caer por debajo de una línea de suficiencia, es decir, de satisfacción de un cierto umbral mínimo de bienestar (Koplin et al., 2019, p. 8). Esto puede implicar imponer prohibiciones, moratorias u otras restricciones a la modificación genética en línea germinal, pero no al límite de impedir cualquier avance que conlleve algún grado de riesgo.

3.2. Investigación en modificación genética en línea germinal

Aun cuando fuera el caso de que, luego de suficiente investigación, los riesgos mencionados en la sección anterior pudieran superarse, es inevitable realizar previamente esa investigación. Los modelos animales no son automáticamente trasladables a seres humanos. La pregunta es, entonces, bajo qué condiciones es éticamente admisible llevar a cabo esa investigación con sujetos humanos, aun si adoptamos un principio precautorio moderado como el que he mencionado.

Al menos dos consideraciones son atinentes. En primer lugar, es dudoso que estas investigaciones puedan llevarse a cabo satisfaciendo las pautas internacionales para la investigación biomédica con seres humanos (Declaración de Helsinki, Guías éticas internacionales para investigación biomédica con sujetos humanos de la CIOMS-OMS) en lo que respecta al requisito de consentimiento informado y balance riesgo beneficio. Téngase en cuenta que, al ser modificaciones en línea germinal, debería contarse con el consentimiento de la persona futura proveniente del embrión modificado. En segundo lugar, los escollos (éticos y prácticos) para el reclutamiento de personas adultas dispuestas a participar parecen difíciles de sobrepasar. Piénsese que, para que la investigación pudiera llevarse a cabo, una mujer debería acceder a realizar un tratamiento de fertilización asistida, permitir que uno o más de los embriones sean modificados, aceptar que ese embrión le sea transferido, llevar adelante el embarazo y dar a luz a un nuevo individuo genéticamente modificado. Todo ello, en un contexto en el que, al menos para el caso de enfermedades genéticas, existen alternativas menos gravosas, tales como la selección embrionaria, la donación de gametas o la adopción (Dresser, 2004; Rivera López, 2017; Ranisch, 2019).

3.3. Modificación genética y justicia distributiva

Los problemas de justicia distributiva planteados por la genética involucran, en realidad, tanto el conocimiento genético como la modificación genética, aunque estos problemas se agudizan claramente si suponemos un escenario en el que las técnicas de modificación genética (y, más específicamente, de mejoramiento genético) están disponibles. Adoptemos entonces una posición moderadamente optimista en el plano científico e imaginemos que la tecnología genética resulta capaz de producir beneficios sustanciales en el bienestar de las personas. Imaginemos también que esos beneficios sólo son accesibles para una porción de la sociedad. La consecuencia obvia es que la existencia de esta tecnología acarrearía una nueva fuente de desigualdad. ¿Cuál es el problema de ello? Podría argumentarse que sólo bajo el supuesto de que la igualdad material es un valor básico de la sociedad, esto sería un problema. Y se podría decir que es discutible que lo sea. Además, este tipo de desigualdad no parece introducir nada cualitativamente nuevo a la situación existente: de hecho, desigualdades de diferente tipo y magnitud son una realidad con la que tenemos que enfrentarnos en la sociedad actual.

Sin embargo, dependiendo de la magnitud de la desigualdad y de las barreras que imponga a los individuos para superarla, es posible pensar que se trata de un fenómeno cualitativamente nuevo. En sociedades en las que ya existen desigualdades profundas, es razonable pensar que los servicios de terapia y mejoramiento genético sean accesibles solamente para una élite. Si la exclusión se mantiene en el tiempo, esto puede ocasionar un fenómeno de castas genéticas: personas que, desde su nacimiento poseen rasgos cualitativamente ventajosos, tales como una mejor salud (mayor inmunidad), mayor expectativa de vida, mayor inteligencia, etc. Esto obliga a pensar en la necesidad de fuertes medidas redistributivas, aunque no es fácil imaginar sistemas que no resulten excesivamente coercitivos (véase Mehlman, 2005 para una propuesta de lotería genética que pretende superar estas dificultades).

3.4. El mejoramiento genético y nuestra identidad como personas

Supongamos que las preocupaciones ligadas al riesgo que implica la modificación genética, a los obstáculos para realizar investigación en el área, y a las posibles consecuencias distributivas, pudieran superarse. Aun en este escenario optimista, existe un desacuerdo más profundo, filosófico, acerca de la justificación ética de modificar el genoma humano, especialmente cuando la intervención no es terapéutica, sino de mejoramiento. En este punto, las posiciones no pueden ser más antagónicas. En un extremo, filósofos como Leon Kass, Michael Sandel o Jürgen Habermas coinciden en señalar que, si bien las dificultades ligadas al riesgo de daño o a la injusticia en el acceso al mejoramiento genético son reales, no constituyen el núcleo de la preocupación moral en la que se funda el rechazo a estas técnicas. Tampoco es suficiente (si bien es un argumento importante, especialmente en Habermas) señalar que la idea de “diseñar” genéticamente a nuestros hijos para que posean ciertas dotes especiales (inteligencia, aptitud para los deportes, etc.) puede afectar su autonomía, en la medida en que sus elecciones estarían parcialmente determinadas por ese diseño (también Kass, 2003, p. 16). Los tres filósofos piensan que hay razones más profundas, y que esas razones son difíciles de definir y de articular racionalmente (Kass, 2003, p. 17). Una de las ideas, elaborada por Habermas y rescatada por Sandel, es la de que “existe una conexión entre la contingencia de un comienzo en la vida que no está a nuestra disposición, y la libertad de darle a nuestra vida una conformación ética” (Habermas, 2003, p. 75; Sandel, 2007, p. 82). Esto significa, no simplemente que nuestra libertad se restringe si otro diseña nuestras opciones, sino que parte de lo que nos constituye como individuos autónomos es el hecho de que nuestro comienzo es contingente, arbitrario, no diseñado por otro.

Desde una óptica que no podría ser más opuesta, autores como John Harris y Julian Savulescu han defendido la permisibilidad e incluso la obligatoriedad (prima facie) del mejoramiento genético (Harris, 2007, 2015; Savulescu, 2001). El fundamento último de esta posición parece ser lo que Savulescu ha denominado “Principio de Beneficencia Procreativa”, según el cual, una vez tomada la decisión de procrear, es un deber moral prima facie elegir el hijo con las mejores perspectivas de bienestar posible. Asumiendo que los obstáculos mencionados anteriormente (riesgos de daño, injusticia) son superados, no parece haber obstáculos para intentar maximizar el bienestar de las personas futuras. Si el mejoramiento genético provee esa maximización, estaríamos moralmente obligados a realizarlo.

Aun entre los defensores del mejoramiento genético (tanto en línea somática como en línea germinal), existen desacuerdos. Uno de los más importantes se refiere al mejoramiento moral. Douglas Douglas ha defendido la permisibilidad del mejoramiento moral a través de la modificación genética en contra de la visión conservadora (representada por los argumentos de Kass o Sandel que hemos visto), mientras que Igmar Persson y Savulescu defienden una posición más radical, a favor de la (urgente) obligatoriedad del mejoramiento moral (Persson y Savulescu, 2008, 2015). El argumento parte de la constatación de que, en la sociedad actual, es cada vez más probable que las personas tengan acceso a medios tecnológicos que pueden causar daños masivos (armas nucleares, nanotecnología, ciberataques, etc.). Esto puede acentuarse si en un futuro cercano se accede al mejoramiento cognitivo de forma más o menos masiva. Esto crea un riesgo de daño incomparablemente más grande que en cualquier otra época de la historia humana. El único modo de evitarlo es modificando genéticamente las actitudes anti-sociales, para volver a las personas más proclives a actuar moralmente. John Harris, ha criticado duramente este argumento, sosteniendo que el mejoramiento cognitivo es suficiente para evitar los daños que el avance tecnológico pueda ocasionar (Harris, 2011).

Más allá de los matices, la discusión entre los defensores de la modificación genética (como Harris o Savulescu) y sus críticos (como Kass o Sandel) parece ser paralela, al menos parcialmente, con la discusión entre consecuencialistas y deontologistas. Mientras que filósofos con simpatías utilitaristas (o consecuencialistas en general) no ven un obstáculo de principio a cualquier tecnología que pueda mejorar el bienestar humano, y son más proclives a realizar un cálculo costo-beneficio orientado a ese fin, filósofos inclinados a creer en valores como la dignidad, la autonomía, o incluso en valores perfeccionistas como el florecimiento o la virtud, piensan que hay algo sospechoso, intranquilizador, o incluso repugnante en la aspiración desmedida por la perfección.

4. Conclusión

No todos los problemas éticos relacionados con los avances actuales de la genética están abarcados en esta entrada. Por ejemplo, he dejado fuera de tratamiento el problema de la propiedad (intelectual) de los descubrimientos genéticos, es decir, el patentamiento de genes, proteínas, fármacos y otros derivados de la investigación sobre el genoma humano. Aun así, el espectro de problemas que he podido tratar aquí es amplio y complejo. La discusión filosófica de estos problemas es prioritaria por las implicaciones que tienen para la sociedad y por la capacidad de la filosofía para tratar los temas con racionalidad y rigor.

Eduardo Rivera López
(Universidad Torcuato Di Tella
IIF-SADAF/CONICET)

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Cómo citar esta entrada

Rivera López, Eduardo (2020): “Ética y genética”, Enciclopedia de la Sociedad Española de Filosofía Analítica (URL: http://www.sefaweb.es/etica-y-genetica/)

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