Democracia deliberativa

1. Introducción: el giro deliberativo en la teoría democrática

La teoría democrática ha dado, en las últimas décadas, un «giro deliberativo» que ha convertido a la democracia deliberativa en un paradigma cada vez más dominante . Sin embargo, debido precisamente a su atractivo para tradiciones intelectuales muy variadas —entre ellas el constitucionalismo, el liberalismo, el republicanismo cívico, la democracia radical y el pragmatismo—, la democracia deliberativa dista mucho de constituir una teoría unificada . Más que ofrecer una concepción única y coherente, engloba una pluralidad de interpretaciones y planteamientos, cada uno de los cuales es objeto continuo de debate, refinamiento y desarrollo .

El núcleo de la idea de democracia deliberativa es una concepción particular de la legitimidad política: las leyes legítimas surgen de la deliberación pública entre ciudadanos iguales . Como señala Gutmann, «el ejercicio legítimo de la autoridad política requiere justificación ante las personas que están sujetas a ella, y la toma de decisiones mediante la deliberación entre ciudadanos libres e iguales es la justificación más plausible que puede ofrecerse para la resolución provisional de cuestiones controvertidas» . La deliberación pública inclusiva contribuye a la legitimidad democrática al permitir que los ciudadanos acepten al menos como razonables las leyes y políticas a las que están sujetos en vez de considerarlas meros productos de la coerción. Cuando los ciudadanos justifican mutuamente el poder político que ejercen los unos sobre los otros, pueden llegar a verse como participantes en pie de igualdad en un proyecto compartido de autogobierno democrático. La idea de justificación mutua pone de manifiesto la conexión interna entre la deliberación pública y el ideal democrático de autogobierno colectivo. Es este criterio de justificación pública el que distingue a la democracia deliberativa tanto de los modelos puramente agregativos como de los modelos puramente epistémicos de legitimidad democrática.

Según las concepciones puramente agregativas de la democracia, la legitimidad de las decisiones políticas se deriva de la equidad de los procedimientos de decisión tales como la regla de la mayoría, que garantizan que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para influir en los resultados y, de este modo, sean tratados como iguales desde el punto de vista político. Desde esta perspectiva, la legitimidad descansa en el ejercicio del poder mediante procedimientos que otorgan el mismo peso a todas las preferencias y opiniones . Los demócratas deliberativos, por el contrario, rechazan la idea de que todas las opiniones y preferencias merezcan la misma consideración con independencia de cuán injustas, mal informadas o manipuladas puedan ser. Sostienen que la legitimidad depende no solo de la igualdad del derecho al voto, sino también de la calidad de las razones y consideraciones que inspiran las decisiones políticas. Para los demócratas deliberativos, lo que legitima las decisiones colectivas es la fuerza de los mejores argumentos —y no meramente el peso de los números. La legitimidad está internamente vinculada a la calidad del proceso deliberativo que precede a la adopción de decisiones colectivas.

Al vincular la legitimidad a la calidad del proceso deliberativo que precede a la toma de decisiones, esta concepción abre un espacio para que las minorías puedan cuestionar el dominio de la mayoría. Incluso cuando son derrotadas en una votación, las minorías pueden impugnar la opinión pública dominante mostrando que sus contrapropuestas están respaldadas por mejores razones y, de este modo, mantener la esperanza de que «la fuerza del mejor argumento» termine transformando la opinión pública, de manera que un número suficiente de conciudadanos cambie de parecer y llegue a respaldar las propuestas que tales razones favorecen.

El criterio de justificación pública de la legitimidad también distingue a las concepciones deliberativas de las teorías puramente epistémicas de la democracia. Los demócratas epistémicos sostienen que la legitimidad de las decisiones democráticas deriva del hecho de que la deliberación pública permite a los participantes descubrir las mejores respuestas a las cuestiones políticas —o, como suele decirse, rastrear la verdad. Los demócratas deliberativos, sin embargo, consideran que esto es insuficiente. Para ellos, el objetivo de la deliberación política no es simplemente averiguar cuáles son las mejores respuestas según unos u otros, sino identificar decisiones que puedan justificarse públicamente ante quienes están sujetos a ellas.

Desde esta perspectiva, la legitimidad exige que las políticas sean justificables en términos que todos los ciudadanos razonables puedan aceptar, de modo que los individuos obedezcan no por mera coerción, sino porque reconocen al menos como razonables las razones que subyacen a la decisión, aunque en su opinión no sean las ideales o las mejores. La democracia deliberativa no es ni el gobierno de la opinión verdadera según unos u otros —como en las concepciones puramente epistémicas—, ni el gobierno de la opinión pública del momento —como en las concepciones puramente agregativas—. Es el gobierno de la opinión pública ponderada .

La distinción entre concepciones puramente epistémicas y deliberativas de la democracia es sutil, puesto que ambas entienden la deliberación como una forma de razonamiento válido guiado por estándares epistémicos tales como la búsqueda de la verdad, la justificación, el acceso a la información y la evitación del error. Sin embargo, mientras que estos estándares son los únicos relevantes en la búsqueda de la opinión verdadera, cuando el objetivo es alcanzar una opinión pública ponderada, la deliberación debe hacer algo más que producir juicios informados o correctos: debe también estar atenta a los intereses, valores y perspectivas de quienes estarán sujetos a las decisiones en cuestión.

Entendidas en este sentido, las opiniones ponderadas de los ciudadanos no son meros reflejos atinados de los hechos relevantes; deben además ser sensibles a la pluralidad de preocupaciones y puntos de vista de sus conciudadanos. Dado que las decisiones políticas son colectivas y coercitivas, la legitimidad exige que las justificaciones de los ciudadanos estén en consonancia con la diversidad de preocupaciones, opiniones, actitudes, intereses y valores del resto de los ciudadanos. Mientras que, para la búsqueda de opiniones «verdaderas», los ciudadanos pueden elegir sus interlocutores deliberativos en función de sus credenciales epistémicas, cuando el objetivo es justificar sus opiniones ante sus conciudadanos deben tener en cuenta los planteamientos cognitivos de estos últimos. Pues los ciudadanos no deben justificaciones sólo a (quienes consideren que son) sus pares epistémicos, sino a todos aquellos sobre los que se ejerce coerción colectiva. Por ello, más allá de la formación de sus propios juicios, los ciudadanos comparten el objetivo de influir en la opinión pública fáctica persuadiendo al mayor número posible de ciudadanos para que respalden sus puntos de vista, de modo que puedan convertirse en opinión pública ponderada. La opinión pública ponderada tiene, por tanto, no solo peso epistémico, sino también relevancia democrática. No es simplemente una opinión más informada o más precisa que otras, sino una expresión adecuadamente inclusiva y deliberativa del razonamiento colectivo de la ciudadanía. Refleja lo que una comunidad política puede aceptar razonablemente en un momento histórico dado —habida cuenta de las creencias de fondo, intereses, valores y preocupaciones de sus miembros— y proporciona así una base legítima para las decisiones colectivas, incluso a ojos de quienes puedan discrepar del resultado en cada caso concreto .

Para cumplir su función legitimadora, la deliberación pública debe satisfacer estándares normativos bastante exigentes. Aunque los demócratas deliberativos discrepan en la forma de definir dichos estándares, existe un amplio acuerdo en torno a un principio central: la deliberación pública solo puede conferir legitimidad a las decisiones políticas en la medida en que esté guiada por la calidad de las razones ofrecidas —lo que Habermas célebremente denominó «la fuerza del mejor argumento»— y no por la coerción, por la manipulación o por motivos meramente autointeresados. Además, la deliberación ha de estar basada en el respeto mutuo y estructurada de manera que garantice un grado adecuado de inclusión. Solo entonces puede responder genuinamente a la diversidad de preocupaciones, intereses, valores y perspectivas de todos los ciudadanos.

Las primeras formulaciones de la democracia deliberativa solían apelar a estándares de legitimidad excesivamente exigentes e idealizados . El uso de expresiones como la «aceptación bajo las condiciones de una situación ideal de habla» de Habermas o «la fueza del mejor argumento» daba a entender que el consenso racional era el único resultado legítimo de la deliberación pública. Esto suscitó el problema de que prácticas democráticas habituales —como la toma de decisiones basadas en la mayoría, el compromiso, la negociación o el regateo— parecían quedar excluidas por ilegítimas. De modo similar, estas formulaciones parecían restringir la deliberación a sopesar argumentos abstractos en un discurso racional, excluyendo así la dimensión afectiva de los testimonios en primera persona, la narración emocional y otras formas expresivas de comunicación . Estas formulaciones iniciales también parecerían excluir como ilegítimas acciones políticas de confrontación, como las huelgas, las sentadas o las manifestaciones .

Por desgracia, con independencia del grado de sofisticación o matización que alcancen las teorías de la democracia deliberativa, es obvio que la deliberación política en la esfera pública de las sociedades democráticas contemporáneas está muy lejos de satisfacer los estándares que tal democracia exige. En casi todas las dimensiones relevantes —como la inclusión, la diversidad, el acceso a información fiable y equilibrada, la independencia, la imparcialidad y la orientación hacia el bien común—, las condiciones en las que tiene lugar la mayor parte del discurso público no solo son inadecuadas, sino que con frecuencia se oponen directamente a los ideales deliberativos. El debate público está a menudo dominado por poderosos actores políticos cuyos intereses divergen marcadamente de los de la población en general, pero que ejercen una influencia desproporcionada sobre la opinión pública. El desarrollo de las plataformas de redes sociales y su problemático modelo de negocio (que maximiza la permanencia en las redes, no la precisión de su contenido) han provocado un aumento preocupante de la desinformación, la información errónea y la polarización, que amenaza la posibilidad de mantener una esfera pública inclusiva. Desde esta perspectiva, la legitimidad exige que las políticas sean justificables en términos que todos los ciudadanos razonables puedan aceptar, de modo que los individuos obedezcan no por mera coerción, sino porque reconocen al menos como razonables las razones que subyacen a la decisión, aunque en su opinión no sean las ideales o las mejores. La democracia deliberativa no es ni el gobierno de la opinión verdadera según unos u otros —como en las concepciones puramente epistémicas—, ni el gobierno de la opinión pública del momento —como en las concepciones puramente agregativas—. Es el gobierno de la opinión pública ponderada . La distinción entre concepciones puramente epistémicas y deliberativas de la democracia es sutil, puesto que ambas entienden la deliberación como una forma de razonamiento válido guiado por estándares epistémicos tales como la búsqueda de la verdad, la justificación, el acceso a la información y la evitación del error. Sin embargo, mientras que estos estándares son los únicos relevantes en la búsqueda de la opinión verdadera, cuando el objetivo es alcanzar una opinión pública ponderada, la deliberación debe hacer algo más que producir juicios informados o correctos: debe también estar atenta a los intereses, valores y perspectivas de quienes estarán sujetos a las decisiones en cuestión.

En su obra posterior, Habermas desarrolló de hecho una concepción de la deliberación ciudadana en la esfera pública muy distinta del modelo cara a cara de un seminario de filosofía idealizado que sugerían sus primeras formulaciones. Por el contrario, para él la deliberación en la esfera pública adopta la forma de redes informales y no reguladas por
las que fluyen corrientes «indomables» de comunicación . En Entre hechos y normas ofreció asimismo un análisis exhaustivo de las condiciones de legitimidad de procesos de toma de decisión política como el compromiso, el regateo, la negociación, etc. No obstante, las críticas a los primeros modelos idealizados han resultado fructíferas para una nueva generación de teóricos de la deliberación que ha tratado de refinar los estándares normativos de la deliberación de maneras más matizadas e inclusivas. Estos desarrollos se han producido no solo en el plano teórico, mediante numerosos refinamientos conceptuales (Mansbridge et al. 2010; Morrell 2010; Warren y Mansbridge 2013; Neblo 2015; Lafont 2019) , sino también en el plano práctico, gracias a planteamientos metodológicos orientados a operacionalizar los estándares deliberativos para evaluar procesos deliberativos reales en contextos políticos variados . Estas concepciones más recientes de la democracia deliberativa no deben entenderse como meras concesiones pragmáticas a la realidad no ideal de la política. Lo que ofrecen es una articulación del ideal deliberativo más atenta a la pluralidad y complejidad contextual y, por ello, resultan empíricamente útiles para evaluar y mejorar los procesos deliberativos en el mundo real .
Por desgracia, con independencia del grado de sofisticación o matización que alcancen las teorías de la democracia deliberativa, es obvio que la deliberación política en la esfera pública de las sociedades democráticas contemporáneas está muy lejos de satisfacer los
estándares que tal democracia exige. En casi todas las dimensiones relevantes —como la inclusión, la diversidad, el acceso a información fiable y equilibrada, la independencia, la imparcialidad y la orientación hacia el bien común—, las condiciones en las que tiene lugar la mayor parte del discurso público no solo son inadecuadas, sino que con frecuencia se oponen directamente a los ideales deliberativos. El debate público está a menudo dominado por poderosos actores políticos cuyos intereses divergen marcadamente de los de la población en general, pero que ejercen una influencia desproporcionada sobre la opinión pública. El desarrollo de las plataformas de redes sociales y su problemático modelo de negocio (que maximiza la permanencia en las redes, no la precisión de su contenido) han provocado un aumento preocupante de la desinformación, la información errónea y la polarización, que amenaza la posibilidad de mantener una esfera pública inclusiva . En un entorno así, los ciudadanos carecen de las condiciones necesarias para hacerse un juicio ponderado sobre cuestiones políticas controvertidas. En consecuencia, incluso cuando las instituciones democráticas responden a la opinión pública, lo hacen a lo sumo a las opiniones que de hecho mantiene la ciudadanía, no a sus opiniones ponderadas. Muchos ciudadanos no disponen si quiera de una oportunidad real para descubrir cuáles serían sus opiniones ponderadas si estuvieran adecuadamente informados y pudieran participar en una deliberación abierta y respetuosa con conciudadanos que sostienen perspectivas, valores e intereses distintos.

Si los procesos de formación de la opinión y la voluntad política en los que participan los ciudadanos son tan profundamente defectuosos —tanto desde el punto de vista epistémico como democrático— como parece ser el caso, entonces los actores y las instituciones políticas carecen de medios adecuados para identificar la opinión pública ponderada, tal como exige el ideal de la democracia deliberativa. Las encuestas de opinión captan opiniones poco reflexivas, mal informadas y a menudo manipuladas que, sin embargo, ejercen una poderosa influencia sobre el comportamiento político y la toma de decisiones. Este dilema ha alimentado, en las últimas décadas, el creciente interés de los demócratas deliberativos por los minipúblicos deliberativos. A diferencia de las encuestas de opinión convencionales, que simplemente reflejan la degradación del discurso político en la esfera pública, los minipúblicos —a través procesos microdeliberativos cuidadosamente estructurados— ofrecen un atisbo de cómo sería la
opinión pública ponderada en condiciones deliberativas más favorables. Esta capacidad para diseñar, organizar y experimentar con foros deliberativos —y los resultados claramente prometedores que muchos de estos experimentos han producido— ha dado lugar a un giro decisivo en este campo de investigación. De hecho, la democracia deliberativa ha pasado a identificarse cada vez más con los minipúblicos deliberativos.

Mientras que las formulaciones fundacionales de la democracia deliberativa desarrolladas en los ochenta y en los noventa —por pensadores como Habermas , Rawls , Cohen , Elster y Manin — ponían el acento en la relación entre la deliberación política en la esfera pública y las instituciones políticas de los Estados democráticos, la investigación ha experimentado desde entonces un «giro microdeliberativo». Cada vez más autores han concentrado su atención casi exclusivamente en la teorización, el diseño, la observación y la organización de
minipúblicos deliberativos como expresiones concretas de los ideales deliberativos. Este giro ha generado una preocupación comprensible, a saber: que, en la práctica, los demócratas deliberativos parecen haber «abandonado la democracia de masas». Pero hay una razón subyacente que explica el giro hacia los minipúblicos deliberativos.

2. El giro microdeliberativo dentro de la democracia deliberativa

Los minipúblicos deliberativos se han desarrollado a lo largo de las últimas décadas en varias oleadas. En los años setenta, Ned Crosby desarrolló en Estados Unidos los jurados ciudadanos (Crosby y Nethercut 2005), y de manera simultánea Peter Dienel puso en marcha en Alemania las células de planificación (Dienel 1999). En los años ochenta se introdujeron en Dinamarca las conferencias de consenso (Joss 1998), y James Fishkin desarrolló en Estados Unidos las encuestas deliberativas (Fishkin 1999, 2025). En la primera década de este siglo se pusieron en marcha las asambleas ciudadanas en la Columbia Británica (2004), Ontario (2006) y los Países Bajos (2006) para debatir propuestas de reforma electoral (Warren y Pearse 2008). Estas iniciativas sirvieron de modelo para asambleas posteriores con mandatos más amplios, como la reciente Asamblea Ciudadana de Irlanda (2016-2018), que emitió informes sobre diversos temas, algunos de ellos de naturaleza constitucional (Farrell y Suiter 2019). A partir de 2010, la organización de este tipo de espacios de deliberación ciudadana se ha multiplicado de forma exponencial en todo el mundo (OCDE 2020).

Estas innovaciones institucionales proporcionan espacios para la deliberación cara a cara de alta calidad, en los que participantes aleatoriamente seleccionados, que por sí mismos nunca habrían interactuado, reciben información equilibrada sobre un tema, se exponen a una variedad de perspectivas sociales relevantes y tienen la oportunidad de sopesar las razones y consideraciones «a favor y en contra» de políticas concretas mediante discusiones grupales arbitradas por un moderador, antes de formarse un juicio ponderado sobre las mismas.

Más allá de estas características básicas, los distintos tipos de minipúblicos difieren en aspectos tales como el procedimiento de selección (puramente aleatorio o muestreo aleatorio estratificado), el número de participantes (de 10 a 200), el tiempo en que se reúnen (puede oscilar entre unos pocos días o varios fines de semana a lo largo de un año) y el resultado esperado del proceso (opiniones individuales, recomendaciones o decisiones colectivas). Tras la experiencia deliberativa, se pide a los participantes que emitan una recomendación o, como ocurre en el caso de las encuestas deliberativas, que expresen sus opiniones tras la deliberación sobre las políticas en cuestión, de modo que puedan compararse con sus opiniones previas. Como sostiene Fishkin, estas opiniones postdeliberativas representan lo que el público pensaría si los ciudadanos estuvieran mejor informados y tuvieran la oportunidad de reflexionar y deliberar con otros en un entorno abierto y equitativo. «La encuesta deliberativa», escribe, «ofrece una base sólida para representar los juicios ponderados de la ciudadanía» (Fishkin 2011, 28).

Teniendo en cuenta el alto significado democrático que las concepciones deliberativas de la democracia otorgan a la opinión pública ponderada, resulta fácil entender por qué los minipúblicos han captado la atención de los demócratas deliberativos. Estas instituciones parecen combinar precisamente el filtro deliberativo y el espejo democrático que el ideal deliberativo de autogobierno requiere. Desafortunadamente, esta combinación solo puede lograrse en contextos experimentales cuidadosamente diseñados: entornos en los que pequeños grupos de ciudadanos seleccionados aleatoriamente disponen de oportunidades reales para una deliberación informada, cara a cara y en profundidad. Esto resulta evidente si comparamos la calidad epistémica y democrática de los procesos microdeliberativos que tienen lugar en los minipúblicos con la de los procesos macrodeliberativos que tienen lugar en la esfera pública en general. En síntesis, las diferencias más importantes son las siguientes:

El muestreo aleatorio estratificado garantiza diversidad e inclusión, en particular la presencia y la voz de grupos sociales marginados. De este modo, los minipúblicos suelen ser más representativos que la mayoría de los foros políticos a los que tiene acceso la ciudadanía en general, los cuales tienden a estar dominados por intereses poderosos o bien organizados. Este desequilibrio resulta especialmente patente en la esfera pública.
La selección aleatoria de ciudadanos ordinarios protege a los minipúblicos de la instrumentalización por parte de los políticos o la cooptación por grupos de interés organizados. Fomenta la independencia política y la imparcialidad de los participantes, incrementando la probabilidad de que la deliberación se oriente hacia el bien público en lugar de hacia ventajas privadas.
La provisión de información equilibrada, combinada con la orientación que aportan moderadores bien formados, favorece la deliberación cooperativa. Estos moderadores ayudan a los participantes a sopesar propuestas y perspectivas contrapuestas, evitan que unos pocos dominen la discusión o desvíen el debate y permiten con ello que el grupo alcance juicios ponderados sobre los asuntos en cuestión.

Consideradas en conjunto, estas características ponen de relieve una tensión central en la teoría de la democracia deliberativa entre la deliberación y la participación de masas. Evidentemente, es mucho más sencillo satisfacer las condiciones básicas de una deliberación de alta calidad —escucha atenta, implicación crítica, respeto mutuo y discusión informada— en grupos pequeños y cara a cara que en foros públicos de gran escala. En grupos reducidos, los participantes pueden comprometerse plenamente a obtener la información relevante, escuchar puntos de vista contrapuestos, cuestionarlos cuando sea necesario y llegar a conclusiones bien fundamentadas. Por el contrario, a medida que la participación se amplía, la viabilidad de ofrecer a todos las mismas oportunidades para hablar, escuchar, preguntar y deliberar de manera significativa, disminuye rápidamente. Además, si a esto se añaden otros criterios centrales para la deliberación política en particular —como la imparcialidad, la sinceridad y la ausencia de manipulación—, la calidad de la deliberación puede deteriorarse a medida que aumenta su carácter público. Cuanto más aislada esté la deliberación de presiones externas —como intereses sectarios, el espectáculo mediático o el comportamiento estratégico—, mayor será la probabilidad de que los participantes se sometan a la fuerza del mejor argumento en lugar de a incentivos externos o a la mera coerción (Chambers 2005).

Dado que los demócratas deliberativos vinculan directamente la legitimidad de las decisiones políticas a la calidad de la deliberación, mejorar dicha calidad es un objetivo irrenunciable. Sin embargo, si aceptamos que la calidad deliberativa disminuye a medida que se amplía la participación, podríamos vernos obligados a elegir entre una deliberación sin participación o una participación sin deliberación. En tal escenario, los demócratas deliberativos podrían verse forzados a restarle valor a la participación inclusiva y favorecer una deliberación de mayor calidad. Estas consideraciones han llevado a muchos demócratas deliberativos a considerar la proliferación de minipúblicos como la alternativa más realista para realizar el ideal de la democracia deliberativa (Fung 2007, 159; Fishkin 2018).

Esta postura plantea, no obstante, varias dificultades. Desde una perspectiva normativa, la microdeliberación entre un número reducido de ciudadanos seleccionados al azar no puede, por sí sola, satisfacer el criterio de legitimidad que defienden los demócratas deliberativos. Lo que hace que la deliberación en los minipúblicos sea tan atractiva es que ofrece una instantánea de cómo podría ser la opinión pública ponderada en una comunidad política determinada en un momento concreto. En el mejor de los casos, las opiniones postdeliberativas de los participantes en minipúblicos reflejan el tipo de juicios que la mayoría de los ciudadanos podría llegar razonablemente a sostener —dadas sus creencias, intereses y valores existentes— si dispusiera de oportunidades deliberativas similares. Sin embargo, y esto es crucial, los minipúblicos no proporcionan ningún camino para transformar la opinión de las masas. Muestran lo que es posible, pero no cómo alcanzarlo. Si, como sostienen los demócratas deliberativos, el ejercicio legítimo de la autoridad política depende de que las decisiones puedan justificarse ante todos aquellos que están sujetos a las mismas, entonces apelar únicamente a los juicios de un pequeño grupo deliberativo es obviamente insuficiente. Justificar decisiones sólo ante un subconjunto (diminuto) de ciudadanos, por muy bien informados o reflexivos que sean, no puede satisfacer este criterio de legitimidad. Para hacerlo, los juicios ponderados de los minipúblicos tienen primero que convertirse en la opinión pública ponderada, es decir, en las opiniones reflexivas del conjunto más amplio de la ciudadanía. Y esta transformación requiere del conflicto político, la contestación pública y el aprendizaje mutuo en el conjunto de la sociedad. Sin este proceso comunicativo más amplio, los minipúblicos deliberativos no pueden por sí solos cumplir el ideal democrático (Lafont 2015, 2019). Por esa razón, la democracia deliberativa sigue siendo incompatible, en sus aspectos centrales, con una perspectiva exclusivamente microdeliberativa. Aunque los minipúblicos son instrumentos valiosos, no pueden sustituir el arduo trabajo de cultivar la deliberación en el conjunto de la sociedad. Los demócratas deliberativos no pueden abandonar la democracia de masas. De hecho, varios desarrollos recientes han llevado a los demócratas deliberativos a reorientar su atención hacia las instituciones de las democracias de masas.

3. El retorno de la democracia deliberativa a la democracia de masas

Sin abandonar la perspectiva microdeliberativa, los demócratas deliberativos están volviendo cada vez más a la ambición original de la democracia deliberativa de ofrecer una teoría democrática en sentido pleno: una teoría que se toma en serio las instituciones centrales de la democracia de masas para promover una sociedad más deliberativa. Esta orientación renovada ha dado lugar a tres desarrollos destacados dentro del paradigma deliberativo: el giro sistémico, que concibe la deliberación política como un fenómeno que tiene lugar a través de una red de espacios interconectados y no en foros aislados; los intentos de escalar la deliberación a la democracia de masas (Niemeyer 2014), cada vez más mediante el uso y desarrollo de herramientas digitales y de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial; y las propuestas para institucionalizar los minipúblicos de manera más permanente dentro de los sistemas políticos formales, con el fin de reforzar su influencia y su capacidad decisoria.

3.1. El giro “sistémico” de la democracia deliberativa

El planteamiento en términos de sistemas deliberativos ofrece un marco teórico desde el que comprender la democracia a gran escala (Parkinson y Mansbridge 2012). A diferencia de los modelos microdeliberativos, que se centran en conversaciones cara a cara dentro de un único foro —como los minipúblicos deliberativos que reúnen a un grupo concreto de participantes en un contexto definido durante un periodo determinado—, el planteamiento sistémico concibe la deliberación de masas como un conjunto complejo, disperso e interconectado de procesos comunicativos. Estos procesos ocurren simultáneamente en una amplia variedad de espacios, que incluyen instituciones formales como parlamentos y tribunales, así como ámbitos informales tales como asociaciones privadas, plataformas mediáticas, organizaciones de defensa, movimientos sociales, etc. Cada uno de estos espacios opera conforme a dinámicas y normas discursivas propias, pero interactúan de maneras que se influyen mutuamente, posibilitando una división del trabajo deliberativo.
Desde la perspectiva sistémica, la legitimidad de las decisiones políticas no puede evaluarse únicamente atendiendo a la calidad epistémica o democrática de la deliberación en un foro aislado. Más bien, la legitimidad emerge de un ecosistema comunicativo más amplio a través del cual la opinión pública se forma y se transforma a lo largo del tiempo.
Esto incluye una gran diversidad de prácticas discursivas: desde las conversaciones políticas cotidianas en torno a la mesa de la cocina, hasta los debates públicos entre candidatos electorales, las protestas y manifestaciones de los movimientos sociales, los actos de desobediencia civil como sentadas y huelgas, los artículos de opinión sobre cuestiones polémicas publicados en periódicos y medios generalistas, y así sucesivamente. Dado que todas estas prácticas contribuyen —directa o indirectamente— a la formación a lo largo del tiempo de la opinión pública y de la voluntad colectiva respecto de decisiones políticas controvertidas, deben incluirse en la evaluación de la calidad deliberativa en la toma de decisiones democráticas a nivel sistémico.
El giro sistémico en la democracia deliberativa ha ganado un atractivo considerable en los últimos años, en gran medida porque ofrece un marco más realista para comprender cómo se desarrollan los procesos discursivos a lo largo del tiempo en los complejos entornos del mundo real. En este sentido, constituye un desarrollo estimulante y prometedor. Sin embargo, con la ampliación del campo de análisis llega un aumento correlativo de la complejidad, que introduce numerosos desafíos conceptuales y metodológicos (Parkinson 2018; Elstub et al. 2019). Una cuestión fundamental es si tiene sentido hablar de un sistema deliberativo en singular. Y, si lo tiene, ¿cómo identificar y demarcar un sistema deliberativo concreto, distinguiéndolo de otros? Aún no se ha ofrecido una respuesta clara a esta pregunta. De manera análoga, los autores que adoptan el planteamiento de sistemas siguen divididos respecto de cómo conceptualizar mejor las relaciones entre los diversos espacios que componen un sistema de este tipo. ¿Deben entenderse mediante modelos de red, modelos secuenciales o desde un marco totalmente diferente? Como señala Parkinson (2018), cada uno de estos planteamientos tiene sus propias limitaciones. Los modelos de red, aunque útiles para identificar conexiones entre actores e instituciones, a menudo no captan procesos dinámicos ni desplazamientos temporales. Los modelos secuenciales, por el contrario, son más adecuados para rastrear procesos a lo largo del tiempo, pero tienden a pasar por alto
actores periféricos y ámbitos informales que los modelos de red sí ponen de relieve (Parkinson 2018, 438–439). Una cuestión vinculada a esta es cómo evaluar la calidad deliberativa dentro de un marco sistémico. ¿Debe entenderse como una propiedad presente o ausente en cada componente individual, o más bien como una cualidad distribuida (Goodin 2008) y emergente del sistema en su conjunto? Las dificultades para responder a esta pregunta ponen de manifiesto tanto las ventajas como las debilidades del planteamiento sistémico.
Aunque este planteamiento amplía el campo de análisis para incluir una variedad más amplia de formas comunicativas y de foros —cada uno con las ventajas y las capacidades deliberativas que le son propias—, también complica la evaluación normativa. Mansbridge et al. articulan la intuición central de la perspectiva sistémica en términos de complementariedad y desplazamiento: «Partes de un sistema pueden mantener relaciones de complementariedad o de desplazamiento. En una relación complementaria, dos males pueden producir un bien. Entre dos espacios, ambos con deficiencias deliberativas, uno puede compensar las deficiencias del otro. Así, una institución que, considerada en sí misma, parece deliberativamente defectuosa, puede aparecer como beneficiosa desde una perspectiva sistémica. Inversamente, una institución que, considerada en sí misma, parece deliberativamente ejemplar, como un minipúblico bien diseñado, puede parecer menos beneficiosa desde una perspectiva sistémica cuando desplaza a otras instituciones deliberativas útiles, como las instituciones partidistas o los movimientos sociales» (Mansbridge et al., 2012, 3). Con todo, esta perspectiva más amplia y holística también plantea problemas normativos importantes. Como han señalado los críticos, el planteamiento sistémico podría llegar a juzgar un sistema como «deliberativo» incluso cuando apenas tiene lugar, o no tiene lugar en absoluto, deliberación efectiva alguna entre los ciudadanos (Owen y Smith 2015, 218). Además, si
la calidad deliberativa se entiende exclusivamente como un resultado sistémico, hay pocos incentivos o razones para mejorar los estándares deliberativos de los foros particulares. Aunque una concepción así podría ser defendible dentro de otras teorías democráticas, parece directamente incompatible con el compromiso deliberativo de la justificación mutua, central para la concepción deliberativa de la legitimidad política.
Es demasiado pronto para determinar cómo se desarrollarán los debates en curso sobre estas cuestiones fundamentales, o cuáles serán en último término los contornos precisos de un planteamiento «sistémico» acerca de la democracia deliberativa. Aunque no todos los demócratas deliberativos suscriben el giro sistémico en el sentido metodológico estricto asociado a la teoría de sistemas, este desplazamiento ha resultado, con todo,
muy valioso para reorientar la atención hacia el paisaje institucional más amplio de la democracia de masas, con su pluralidad de espacios deliberativos, actores e instituciones. Como observan Elstub et al. (2019), este giro ha «llevado a la democracia deliberativa a cerrar el círculo y regresar a sus orígenes».

3.2. Escalar la deliberación hacia los públicos de masas

Otro desarrollo clave que ha contribuido a desplazar la atención desde la (micro)deliberación en minipúblicos hacia la (macro)deliberación en la esfera pública más amplia es el rápido auge de las tecnologías digitales; en particular de las plataformas de redes sociales e innovaciones como la inteligencia artificial. Si bien estas herramientas han mejorado ciertamente el acceso a la información y al debate público, también han acelerado de manera significativa la difusión de información errónea, desinformación, noticias falsas y teorías conspirativas, dando lugar a una polarización y fragmentación crecientes entre los ciudadanos. En el ecosistema mediático actual, las personas tienen cada vez más dificultad no solo para acceder a información fiable sino, más críticamente, para discernir cuáles son las opiniones ponderadas de sus conciudadanos, especialmente de quienes sostienen posiciones contrarias a las suyas. Con demasiada frecuencia, los ciudadanos no pueden determinar si dichas opiniones reflejan desacuerdos genuinos entre los miembros del público o si son resultado de la manipulación por parte de actores poderosos con una influencia desproporcionada en la esfera pública, como lobbies, bots, hackers o gobiernos extranjeros. Si estas tendencias continúan, no está nada claro si —y cómo— los ciudadanos podrán seguir estando suficientemente informados para participar en una deliberación democrática con sentido, incluso sobre las cuestiones políticas más fundamentales. Estos desarrollos plantean sin duda amenazas serias no solo a la calidad del discurso público, sino también al funcionamiento de las sociedades democráticas en
general. Pero en particular, desde el punto de vista de la democracia deliberativa —que otorga un lugar central al debate público inclusivo e informado como piedra angular de la legitimidad democrática—, las consecuencias resultan especialmente inquietantes. Estos retos explican por qué los teóricos deliberativos han dirigido cada vez más su atención hacia la esfera pública digital y su impacto potencialmente transformador —y
desestabilizador— sobre la vida democrática (Habermas 2023; Chambers y Verovšek 2023).
Con todo, existe también una dimensión potencialmente positiva en esta atención creciente a las tecnologías emergentes. La urgencia por mejorar la calidad de la deliberación ciudadana en la esfera pública ha desencadenado una oleada de experimentos orientados a escalar los procesos deliberativos de los minipúblicos hacia modelos capaces de involucrar a miles, o incluso millones, de participantes. Estos esfuerzos dependen cada vez más de las nuevas herramientas digitales, en particular de la inteligencia artificial (IA). El número y la diversidad de estos experimentos —y de las tecnologías que los impulsan— crecen con tal rapidez que cualquier intento de catalogarlos exhaustivamente probablemente quedaría obsoleto antes de su publicación.
Estas iniciativas abarcan una amplia gama de planteamientos tecnológicos: desde modelos de colaboración humano-IA que facilitan intercambios iterativos entre participantes humanos y sistemas de IA, hasta plataformas de código abierto como Polis, que sintetiza las contribuciones de los participantes para mostrar las áreas de consenso y divergencia, o la llamada “Máquina de Habermas”, desarrollada por Google DeepMind, cuyo objetivo es ayudar a los participantes a identificar puntos de encuentro durante la deliberación. Un ejemplo destacado en el ámbito de la democracia deliberativa es la
Encuesta Deliberativa asistida por IA de James Fishkin. El Laboratorio de Democracia Deliberativa de Fishkin ha desarrollado una plataforma en línea que reproduce la estructura deliberativa presencial en pequeños grupos, propia de los minipúblicos tradicionales, pero sustituyendo a los moderadores humanos por moderadores automatizados, asistidos por IA. En aplicaciones recientes de esta plataforma en diversas encuestas deliberativas sobre distintos asuntos políticos, los participantes manifiestan niveles similares de satisfacción con el proceso, ya sea que la moderación haya sido humana o asistida por IA. Además, las ventajas a largo plazo tradicionalmente asociadas con la deliberación presencial —como la reducción de la polarización, el aumento del compromiso político y una mayor disposición a votar— parecen reproducirse en el formato en línea asistido por IA (Fishkin 2025, 93–95). Aunque estos experimentos se encuentran aún en fases tempranas, su potencial para involucrar a segmentos más amplios del
público en un discurso político significativo es notable. El rasgo más prometedor reside en su escalabilidad: la posibilidad de hacer accesible a millones de personas, más allá de fronteras lingüísticas, nacionales y culturales, una deliberación de alta calidad en grupos pequeños, y a una fracción del coste de los formatos presenciales tradicionales. Sin embargo, estos desarrollos también plantean problemas importantes. Los conocidos
compromisos entre escala y calidad deliberativa siguen sin resolverse, y cuestiones como la representatividad de los participantes, el sesgo algorítmico, la exclusión digital y el potencial de manipulación deben ser examinadas con particular cuidado. El potencial transformador de estas tecnologías es considerable, pero también lo son sus riesgos.

3.3. Propuestas de institucionalización de los minipúblicos: tres modelos

Los demócratas deliberativos implicados en el diseño y la organización de minipúblicos están dirigiendo cada vez más su atención hacia las instituciones más generales de la democracia de masas. Este giro responde a múltiples factores. La proliferación global de minipúblicos puede entenderse como una respuesta a la crisis persistente de la democracia, en la medida en que las autoridades públicas buscan contrarrestar la amplia insatisfacción ciudadana creando nuevos espacios participativos que aspiran a comprender y atender mejor las preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, aunque este proceso ha arrojado resultados alentadores —como demostrar las capacidades deliberativas y de resolución de problemas de los ciudadanos, así como mostrar los efectos despolarizadores de la deliberación (Gerber et al. 2018; Fishkin 2025; Esterling et al. 2021)—, también ha generado una frustración creciente entre sus diseñadores y defensores (Fuji-Johnson 2015; Setälä 2011). Hasta la fecha, la mayoría de los minipúblicos se han organizado como procesos ad hoc, no vinculantes, con funciones únicamente consultivas o asesoras. Sin una institucionalización formal, y permaneciendo en gran medida desconocidos para el público general, sus recomendaciones pueden (y suelen) ser ignoradas con facilidad (y sin consecuencia alguna) por las autoridades políticas. Por ello, su impacto político más amplio ha sido muy limitado hasta el momento (Pogrebinschi y Ryan 2018; Font et al. 2018). La frustración por esta falta de recepción ha impulsado un interés creciente entre los demócratas deliberativos por desarrollar propuestas que integren de un modo más formal los minipúblicos en las instituciones de la democracia representativa, con el objetivo de aumentar su influencia en la toma de decisiones políticas.
A primera vista, podría parecer que los debates sobre la institucionalización de los minipúblicos representan una cuestión relativamente especializada dentro de la teoría democrática, de interés solo para quienes se ocupan de ese tipo de innovación de alcance limitado. Sin embargo, esta impresión es engañosa. En realidad, estas propuestas plantean interrogantes fundamentales acerca de la legitimidad y el futuro de la democracia electoral misma. Teniendo esto en cuenta, la mejor manera de ordenar el número creciente de propuestas consiste en examinar la relación que proponen entre órganos seleccionados aleatoriamente —como los minipúblicos— y las instituciones electorales tradicionales. En términos generales, pueden distinguirse tres modelos. El primero defiende reemplazar las instituciones electorales por asambleas seleccionadas por sorteo (Guerrero 2024; Landemore 2020; van Reybrouck 2016). El segundo propone que los minipúblicos complementen a las instituciones electorales, por ejemplo, mediante la incorporación de una cámara seleccionada aleatoriamente a un cuerpo legislativo bicameral en el que la otra cámara elegida por votación (Abizadeh 2021; Fishkin 2019; Gastil y Wright 2018; Leib 2004; O’Leary 2006; Vandamme y Verret-Hamelin 2017; Zakaras 2010). El tercer modelo concibe los minipúblicos como instancias auxiliares, destinadas a apoyar y reforzar las instituciones electorales actuando como intermediarios entre los órganos políticos formales y el público en general (Lafont y Urbinati 2024). La diferencia clave entre estos modelos radica en si —y en qué medida— confieren autoridad legislativa a los minipúblicos. Mientras que los dos primeros contemplan otorgar a estos órganos poder legislativo, total o parcial, el modelo auxiliar no lo hace.
La cuestión central en estas propuestas es si se debe quitar el poder de decisión (en parte o totalmente) a las instituciones electorales y transferirlo a órganos no electorales, como las asambleas ciudadanas u otros minipúblicos similares. Entre quienes defienden esta transferencia se perfilan dos posiciones. Una sostiene que las asambleas seleccionadas por sorteo deberían compartir parte de la capacidad decisoria con las instituciones electorales; la otra, más radical, propone conferir a las instituciones seleccionadas por sorteo competencia exclusiva para adoptar todas las decisiones políticas, desmantelando por completo las instituciones electorales. Aunque esta última constituye una posición marginal dentro de la teoría democrática —al menos por el momento—, la visión más moderada, que aboga por complementar en lugar de sustituir a las instituciones electorales, goza de un apoyo considerablemente más amplio. Para muchos autores, la integración de asambleas ciudadanas dotadas de capacidad decisoria en los sistemas democráticos existentes representa una de las vías más prometedoras para la revitalización democrática.
Por otra parte, los defensores del modelo auxiliar manifiestan una profunda preocupación ante la posibilidad de conceder poder legislativo a los minipúblicos. Dado que los participantes en estas asambleas ni son elegidos por la ciudadanía ni tienen que rendirle cuentas de sus acciones, otorgarles poder de decisión política entraña el riesgo de instaurar una forma de «gobierno de unos pocos». Un pequeño grupo seleccionado aleatoriamente tomaría decisiones en nombre de toda la ciudadanía, la cual carecería de mecanismos efectivos para impugnarlas o influir en su orientación (Lafont 2019). Institucionalizar minipúblicos con la expectativa de que piensen, deliberen y decidan por el resto de la ciudadanía no es un modo de ampliar el control democrático ciudadano sobre el proceso político. Lejos de producir un efecto democrático positivo, esta estrategia podría agravar precisamente el problema que los minipúblicos aspiran a resolver: la alienación de la ciudadanía respecto del proceso político tendería previsiblemente a intensificarse más que a disminuir. En vez de empoderar a unos cuantos individuos seleccionados al azar para que tomen decisiones políticas según su propio criterio, las propuestas que se inspiran en el modelo auxiliar buscan utilizar los minipúblicos como instrumentos para empoderar a la ciudadanía en su conjunto. En este enfoque, el objetivo no es transferir el poder a una minoría no elegida, sino hacer el proceso democrático más inclusivo, receptivo y participativo.
Es importante subrayar que, dado que los modelos de complementariedad y de sustitución exigirían reformas constitucionales, todos los minipúblicos organizados hasta la fecha se ajustan al modelo auxiliar. Sin embargo, la inmensa mayoría de ellos, con escasas excepciones, han sido creados desde arriba (el modelo top-down). Por lo general, los organizan autoridades públicas para que cumplan funciones meramente consultivas y no otorgan a la ciudadanía un papel activo en el proceso. En contraste, las propuestas más prometedoras dentro del modelo auxiliar implican activamente a la ciudadanía al vincular los minipúblicos con mecanismos de «democracia directa», como las iniciativas ciudadanas, las peticiones o los referendos. Ejemplos bien conocidos de minipúblicos ligados a referendos son las asambleas ciudadanas organizadas en la Columbia Británica (2004) y en Ontario (2006) para discutir propuestas de reforma electoral, el Consejo Constitucional de Islandia encargado de redactar una constitución (2011), y la Convención Constitucional de Irlanda de 2013-14 (Farrell y Suiter 2019). Respecto a las iniciativas ciudadanas, un ejemplo notable es el proceso de revisión de iniciativas ciudadanas de Oregón (Gastil et al 2018).
Propuestas recientes más ambiciosas adoptan un planteamiento desde abajo (el modelo bottom-up), orientado a reforzar la capacidad de la ciudadanía para fijar la agenda política. Así, los minipúblicos podrían convocarse de forma regular para revisar y evaluar propuestas políticas presentadas por grupos cívicos que alcancen un umbral mínimo de firmas (Fishkin et al. 2015; Fishkin 2025). En función de su contenido y alcance, estas propuestas —junto con la evaluación, por parte de los minipúblicos, de las razones más relevantes a favor y en contra— podrían remitirse a las autoridades decisorias o someterse a votación pública. La institucionalización de este tipo de procesos podría ampliar significativamente la capacidad de la ciudadanía para influir en la agenda política y garantizar que el sistema permanezca receptivo a las preocupaciones, intereses y prioridades del público. Al saber que sus propuestas serán objeto de una consideración seria —o incluso que podrían ser sometidas a votación o referendo—, los ciudadanos estarán más motivados a participar activamente en la presentación y deliberación pública de iniciativas. Reforzar la participación ciudadana de este modo podría proporcionar un impulso democrático especialmente necesario en un contexto de creciente desafección hacia las instituciones representativas.
Aunque los minipúblicos no son una panacea, ofrecen numerosas posibilidades para mejorar la calidad democrática de las democracias electorales. Al mismo tiempo, sin embargo, han inspirado también propuestas que cuestionan la legitimidad y el valor democrático de las elecciones, y buscan justificar el traspaso del poder legislativo de asambleas electas a asambleas seleccionadas al azar. Este cuestionamiento de las elecciones constituye un desarrollo inquietante, especialmente en una época marcada por retrocesos democráticos a escala global. En este contexto, las propuestas de renovación democrática no pueden dar por sentada la permanencia de las elecciones y limitarse a defender la creación de instituciones no electorales. No basta con comprometerse en preservar la democracia electoral: hay que estar justificado en hacerlo. Defender las instituciones electorales requiere ofrecer un argumento democrático convincente de por qué —pese a todos sus defectos— las democracias electorales son preferibles a las alternativas no electorales. Los demócratas ya no pueden permitirse el lujo de eludir esta tarea constructiva.

Referencias

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Lafont, Cristina (2026). Democracia deliberativa. Encilopedia de la Sociedad Española de
Filosofía Analítica http://www.sefaweb.es/democracia-deliberativa/