La noción de discurso de odio ocupa un lugar significativo en los debates contemporáneos en filosofía del lenguaje, ética, filosofía política y teoría jurídica. Se trata de una expresión híbrida, con dimensiones descriptivas y normativas, que se aplica a prácticas discursivas consideradas potencialmente dañinas para la igualdad, la convivencia democrática o la seguridad de determinados grupos. Pese a su presencia en el discurso público, no existe una definición consensuada acerca de qué cuenta como discurso de odio, ni en filosofía ni en el derecho internacional. En términos generales, se asocia a expresiones hostiles o denigratorias dirigidas contra colectivos en función de rasgos identitarios. No obstante, esta caracterización resulta insuficiente, dado que no todo discurso ofensivo o excluyente es discurso de odio. La referencia al odio plantea dificultades adicionales.
En filosofía, el interés por el discurso de odio se articula en torno a cuestiones como los límites de la libertad de expresión, la distinción entre daño, ofensa y subordinación, el significado expresivo y el papel de las emociones en la vida social y política. Paralelamente, varias instituciones han desarrollado usos normativos del concepto, motivadas por la posible relación entre la deshumanización y discriminación sistemática y la violencia colectiva. En este contexto, esta entrada aborda en primer lugar el origen histórico de la expresión y los desafíos conceptuales que esta plantea; en segundo lugar, introduce las principales perspectivas filosóficas contemporáneas en torno al discurso de odio.
2. Antecedentes conceptuales, origen histórico y desafíos definicionales
2.1. El surgimiento del concepto en el siglo XX: posguerra, derecho internacional y la génesis del problema
Aunque las expresiones hostiles dirigidas a grupos sociales son un fenómeno recurrente a lo largo de la historia, la noción moderna de discurso de odio emerge en el siglo XX en respuesta al papel desempeñado por la propaganda de varias ideologías en la preparación social y moral de atrocidades masivas. Episodios como el genocidio armenio y griego, la Shoá, el Holodomor en Ucrania, los asesinatos masivos perpetrados por los Jemeres Rojos en Camboya o el genocidio de los tutsis en Ruanda reforzaron la idea de que ciertas ideologías y usos del lenguaje precedieron y facilitaron la violencia de masas, contribuyendo a deshumanizar a las víctimas y a legitimar su eliminación.
Tras la Segunda Guerra Mundial se consolidó la convicción de que la propaganda podía desempeñar un papel central en la preparación de la violencia colectiva. Un caso paradigmático es la condena del propagandista nazi Julius Streicher en los juicios de Núremberg. Editor de Der Stürmer, Streicher fue considerado cómplice de crímenes contra la humanidad por su papel en la difusión sistemática de propaganda antisemita. Este precedente reforzó la idea de que determinadas prácticas discursivas pueden ser intrínsecamente peligrosas, incluso en ausencia de una relación causal directa e inmediata con actos violentos concretos. La misma preocupación reaparecería posteriormente en otros episodios históricos.
Durante la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) surgieron desacuerdos acerca de si debía prohibirse la propaganda fascista, racista u hostil. Las delegaciones soviéticas defendieron la introducción de restricciones amplias a la libertad de expresión, argumentando que esta puede usarse para fomentar la discriminación. En cambio, varias democracias liberales advirtieron del riesgo de que tales prohibiciones sirvieran para perseguir a disidentes, una persecución facilitada por el uso estratégico de categorías semánticamente ambiguas para fines políticos. Estas tensiones históricas siguen presentes en los debates contemporáneos sobre el discurso de odio . La misma controversia reapareció durante la elaboración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966). A diferencia de la DUDH, el Pacto incorporó en su artículo 20.2 la obligación de prohibir la apología del odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. La inclusión de esta disposición fue el resultado de negociaciones entre estados liberales y estados de la esfera soviética . Las democracias liberales continuaron insistiendo en los riesgos asociados al uso de términos vagos como ‘odio’, ‘hostilidad’ o ‘enemigo del pueblo’.
Aunque la preocupación por el discurso de odio se consolidó en el período de posguerra, la expresión adquirió mayor importancia varias décadas después, especialmente a partir de finales del siglo XX. En el ámbito del derecho internacional, esta evolución se apoyó principalmente en disposiciones como el artículo 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (véase ). A partir de los años noventa del siglo XX, y con mayor intensidad tras el auge de Internet y las redes sociales, organismos como las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Consejo de Europa adoptaron estrategias y recomendaciones para combatir el discurso de odio, como la Estrategia y Plan de Acción de la ONU para la Lucha contra el Discurso de Odio de 2019. En estos documentos, la expresión pasó a aplicarse también a formas de discurso consideradas ofensivas, degradantes o discriminatorias hacia grupos definidos por rasgos identitarios, más allá de los casos de incitación a la violencia o apología del odio. Se produjo así una ampliación significativa de la extensión del término.
2.2. Desafíos definicionales y ambigüedad conceptual
La evolución histórica e institucional del concepto explica por qué resulta difícil encontrar una definición filosófica o jurídica consensuada de ‘discurso de odio’. Un primer problema concierne a la heterogeneidad de las prácticas discursivas que suelen agruparse bajo esta etiqueta. La expresión se aplica tanto a insultos y peyorativos como a genéricos negativos y metáforas deshumanizadoras. Estas prácticas difieren notablemente en contenido y forma lingüística, y pueden utilizarse en contextos diversos y con funciones comunicativas distintas.
En segundo lugar, existe un problema relacionado con la referencia al odio como tal. Los derechos de libertad de opinión y expresión, consagrados en el artículo 19 de la DUDH, protegen la formación y posesión de opiniones y actitudes con independencia de su contenido. En este sentido, ningún ordenamiento jurídico puede legítimamente regular emociones, sentimientos u opiniones en cuanto tales, ni resulta posible controlar lo que las personas piensan o sienten . Sin embargo, muchos de los casos que hoy se clasifican como discurso de odio no requieren la presencia de odio como estado psicológico del hablante. Esto ha motivado a varios autores a cuestionar que el discurso de odio involucre de forma esencial el sentimiento de odio.
Un tercer problema se refiere al carácter políticamente maleable de la expresión ‘discurso de odio’. Tal como señaló George Orwell, ciertos conceptos políticos normativamente cargados tienden a ser ambiguos y a funcionar principalmente como evaluaciones positivas o negativas destinadas a manipular a una audiencia . Aquí reside el peligro de utilizar una noción ambigua de discurso de odio para perseguir a disidentes políticos o para justificar prácticas de censura y adoctrinamiento.
Finalmente, un cuarto desafío concierne a la relación entre el discurso de odio y el daño. En los casos históricos paradigmáticos, la preocupación central es la vinculación entre el discurso y la preparación social de la violencia. Sin embargo, en la mayoría de los usos contemporáneos del término, el discurso de odio no se considera problemático únicamente por su contribución causal a la violencia.
En la próxima sección examinaremos algunos de estos desafíos.
3. Perspectivas filosóficas contemporáneas
Los problemas expuestos en la sección anterior ayudan a entender la diversidad de perspectivas filosóficas sobre el discurso de odio. Un rasgo común a estas teorías es el intento de dar al concepto de discurso de odio un criterio que permita evaluar su relevancia moral, política y jurídica. Los diferentes abordajes pueden entenderse como estrategias para aislar diferentes dimensiones del discurso público, pero que no siempre corresponden al mismo fenómeno.
3.1. El discurso de odio como concepto de parecidos de familia
Una de las contribuciones contemporáneas al debate es la propuesta de Alexander Brown (; ). Brown sostiene que discurso de odio es un concepto esencialmente controvertido y sistemáticamente ambiguo, que no designa una clase homogénea de actos discursivos con una esencia común. En lugar de ello, podemos ver la expresión como un concepto racimo (cluster concept, como los parecidos de familia de Wittgenstein) que agrupa una familia de prácticas sin una propiedad común a todos los casos.
Brown rechaza además lo que denomina el mito del odio, esto es, la idea de que el discurso de odio se define por la expresión de una emoción de odio sentida por el hablante. Según él, muchas expresiones clasificadas como discurso de odio están motivadas por convicciones ideológicas o juicios morales y no por odio en sentido psicológico . A partir de un análisis de casos, Brown observa que bajo la etiqueta de discurso de odio se agrupan fenómenos muy distintos, como el uso de peyorativos dirigidos contra grupos, la difamación grupal, la legitimación de la discriminación o la violencia, la negación de crímenes históricos e incluso formas indirectas de comunicación como los llamados silbatos de perro . Esta diversidad semántica y pragmática sugiere que no es posible definir el discurso de odio mediante propiedades lingüísticas de las expresiones empleadas.
El principal atractivo de esta propuesta es su adecuación descriptiva, corroborada por un estudio reciente . Sin embargo, el modelo de parecidos de familia no proporciona criterios para distinguir qué formas de discurso plantean problemas normativos específicos o justifican alguna restricción a la libertad de expresión. Esta limitación ha motivado el desarrollo de teorías más restrictivas.
3.2. Teorías centradas en el daño
Una de las estrategias más influyentes consiste en vincular la relevancia normativa del discurso de odio al daño que puede causar a individuos, grupos o la sociedad en su conjunto. Dentro de marcos liberales comprometidos con la libertad de expresión, el daño funciona como criterio para distinguir entre el discurso meramente ofensivo en general y aquel que afecta de manera indebida a terceros (sobre el principio del daño en relación con la libertad, véase ).
Matsuda habla de discurso racista de odio desde lo que ella denomina la perspectiva de “la historia de la víctima”. Ella rechaza las consideraciones habituales sobre la libertad de expresión, y sostiene que el discurso racista debe entenderse sobre el trasfondo de las estructuras existentes de dominación racial, donde el racismo comprende “la ideología de la supremacía racial y los mecanismos destinados a mantener a determinados grupos victimizados en posiciones subordinadas” .
En una línea similar, Brison sostiene que el discurso de odio puede producir graves daños a la autonomía y analiza casos como las fighting words (expresiones insultantes dirigidas directamente a una persona), el acoso verbal y diversas formas de difamación de un grupo definido por sus características identitarias. Como subraya Brison, esta delimitación es pragmática y no exhaustiva.
Tanto Matsuda como Brison vinculan el discurso de odio con formas preexistentes de subordinación social. Sin embargo, casos como el discurso contra los tutsis en Ruanda (1994), los kulaks en la Unión Soviética (años treinta) o los profesores, médicos, juristas o periodistas perseguidos por los Jemeres Rojos en Camboya (años setenta) muestran que la subordinación o marginalización previa no es una condición necesaria para ser víctima de discurso de odio.
Jeremy Waldron ofrece una explicación diferente del daño causado por el discurso de odio. Según él, este resulta perjudicial porque socava la confianza de las personas en su dignidad y posición social como miembros iguales de la comunidad. Lo que está en juego es “la garantía visible que la sociedad ofrece a todos sus miembros de que pueden confiar en que serán tratados con justicia y decencia” . Algunos críticos han objetado, sin embargo, que esta propuesta identifica una forma de daño sin identificar todavía las formas concretas de discurso que la producen .
Algunos autores liberales han defendido criterios más restrictivos. Brink (; ), por ejemplo, sostiene que ni la mera ofensa ni muchos perjuicios psicológicos justifican restricciones al discurso. Solo los daños graves que afectan a intereses fundamentales pueden desempeñar ese papel, lo que le lleva a rechazar concepciones amplias del daño como la propuesta por Brison.
Las divergencias entre estas posiciones muestran que las teorías centradas en el daño constituyen una familia de propuestas divergentes. No obstante, todas buscan identificar los casos que justificarían una intervención institucional.
3.3. Subordinación, normatividad social y actos de habla
Un tercer conjunto de explicaciones desplaza la atención desde los efectos del discurso hacia su función. Desde esta perspectiva, ciertas formas de discurso son problemáticas porque realizan actos de habla que alteran lo que es permisible o requerido en una conversación. Esta idea se apoya en la teoría de los actos de habla de J. L. Austin . Versiones influyentes de esta idea han sido desarrolladas por autoras como Rae Langton, Katharine Gelber o Mary Kate McGowan, quienes han argumentado que determinados usos del lenguaje pueden ser constitutivamente dañinos, debido a la fuerza ilocutiva del acto de habla mismo. Estas teorías recurren a nociones como el marcador conversacional (“conversational score”) de Lewis o el trasfondo común (“common ground”) de Stalnaker (, , ) para explicar cómo los actos de habla modifican el contexto conversacional, mediante, por ejemplo, la acomodación de las presuposiciones.
Langton (; ) sostiene que algunas prácticas discursivas contribuyen a la subordinación de determinados grupos mediante cambios en el marcador conversacional, mientras que McGowan (; ; ) defiende que ciertos actos de habla promulgan normas sobre lo que es permisible. Desde esta perspectiva, el discurso de odio puede entenderse como una práctica que autoriza, normaliza o refuerza la exclusión y discriminación.
No obstante, estas teorías han suscitado algunas objeciones. Se ha señalado que estas propuestas parecen depender, por una parte, de condiciones previas de poder, autoridad o reconocimiento social del hablante y, por otra, de que el discurso sea dirigido contra grupos con identidades previamente marginalizadas. Eso plantea la cuestión de si el discurso puede generar subordinación ex novo o si su función principal es reforzar jerarquías ya existentes (; ). Casos como el discurso dirigido contra los tutsis en Ruanda muestran que el discurso de odio no presupone necesariamente la existencia de grupos previamente marginados .
Un problema adicional concierne al uso de la noción de contexto conversacional. Como argumenta Heck , los contextos conversacionales son locales, y los cambios en lo que es aceptado en un contexto local no tienen por qué propagarse a otros contextos. Pero el discurso de odio tiene un impacto social extendido que requiere explicación.
Un tercer problema concierne al alcance de la noción de elocución (el acto ilocutivo realizado mediante la emisión de un enunciado o expresión). En el modelo de Lewis, por ejemplo, cualquier elocución modifica el marcador conversacional, es decir, cambia el conjunto de presuposiciones, expectativas y normas compartidas que estructuran esa conversación. El problema, así, es que estas teorías parecen ser meramente programáticas: aún no nos dicen qué es lo distintivo de los actos de habla involucrados en el discurso de odio que los distingue de los actos de habla en general.
Las objeciones a este tipo de teoría han llevado a desarrollos posteriores que integran la atención a la normatividad con el análisis del significado expresivo.
3.4. Una aproximación normativo-expresiva
Las teorías examinadas en las secciones anteriores ponen de manifiesto que no existe un fenómeno único que corresponda a lo que se designa ‘discurso de odio’. Frente a esta situación, se ha defendido un enfoque normativo-expresivo que pretende precisar una expresión ambigua mediante una revisión teórica con fines explicativos . El propósito es delimitar un subconjunto de prácticas discursivas cuya relevancia se hace especialmente visible en los casos históricos paradigmáticos de violencia colectiva descritos al inicio de esta entrada. El carácter explicativo de la propuesta reside en la identificación de los patrones que muestran una correlación sistemática entre el discurso público dirigido contra un grupo social, por una parte, y la motivación para participar en actos colectivos de violencia contra ese grupo, por otra.
En este punto resulta especialmente relevante el trabajo de Maynard y Benesch (; véase también ). Estos autores introducen la noción de discurso peligroso para identificar los contextos y las formas de discurso que incrementan el riesgo de violencia masiva. Además de la incitación directa, esta noción incluye prácticas discursivas que preparan el marco normativo y evaluativo en el que la violencia posterior puede llegar a percibirse como legítima o necesaria.
Ese discurso recurre esencialmente a mecanismos como la deshumanización, la atribución colectiva de culpa y la construcción de amenazas existenciales, y su peligrosidad puede incrementarse cuando se reúne una constelación de factores contextuales, incluyendo la autoridad del hablante, la disposición de la audiencia y los medios de difusión disponibles. La relevancia empírica de esta perspectiva se ve reforzada por estudios históricos y cuantitativos. En el caso del genocidio de Ruanda, Yanagizawa-Drott mostró una correlación estadísticamente significativa entre la difusión de las emisiones de la radio RTLM y el incremento de asesinatos en las zonas con mejor recepción de la señal de la radio, y menos ataques en las zonas con peor recepción.
Marques argumenta que las prácticas discursivas relevantes para explicar casos paradigmáticos como el de Ruanda incluyen esencialmente lenguaje expresivo. Según esta propuesta, el discurso de odio debe entenderse como un discurso que expresa odio intergrupal, y muchas objeciones a esta idea se basan en una comprensión inadecuada de los actos expresivos o del papel social del odio compartido. La expresión del odio se manifestaría en fenómenos como la deshumanización, la atribución colectiva de culpa, la construcción de amenazas existenciales o la acusación en el espejo.
La investigación reciente en semántica, pragmática y teoría de las emociones (por ejemplo, ) ayuda a explicar estos fenómenos. El discurso expresivo de una emoción presupone que esa emoción es apropiada respecto de su objeto . Cuando esta presuposición se acomoda, las evaluaciones asociadas a esa emoción pasan a formar parte del trasfondo común; también pueden compartirse sus fines y tendencias de acción.
La literatura sobre el odio intergrupal lo caracteriza como un estado evaluativo que presenta a los miembros de un grupo como peligrosos o malévolos y favorece tendencias hacia su exclusión, degradación o eliminación . Entender el discurso de odio como expresivo de odio intergrupal ayuda así a explicar su potencial lesivo y discriminatorio, incluso en los casos paradigmáticos como la Alemania de los años treinta y cuarenta, Ucrania durante el Holodomor, Ruanda en 1994 o la antigua Yugoslavia en los años noventa.
Esta propuesta pretende delimitar el concepto de discurso de odio de manera que permita identificar los casos que realmente requieren vigilancia y prevención por su gravedad, así como las circunstancias en las que puede anticiparse un aumento del riesgo de violencia. Lo que hace especialmente preocupante al discurso de odio sería la difusión de formas compartidas de odio intergrupal y la normalización de las metas y tendencias de acción asociadas. Esta delimitación excluye de la categoría otras formas de discurso ofensivo o discriminatorio que no constituyen indicios de una posible escalada de violencia. Con ello, también se reduce el conflicto aparente entre la prevención del discurso de odio y la libertad de expresión.
4. Conclusión
La expresión ‘discurso de odio’ no designa un fenómeno bien delimitado, sino una categoría conceptualmente ambigua y normativamente cargada. Tras examinar su origen en el contexto de la violencia masiva del siglo XX y su progresiva institucionalización, se han identificado los principales problemas que dificultan una caracterización precisa del concepto. El recorrido por las teorías filosóficas contemporáneas ha permitido aclarar diferentes estrategias para su elucidación, a saber: las descriptivas, las centradas en el daño, las pragmáticas y las normativo-expresivas.
Teresa Marques
(Universitat de Barcelona, LOGOS, BIAP)
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